Es inminente que en 2025 inicie la administración por parte del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Costa de 96 establecimientos en Coronel, Lota, San Pedro de la Paz y Santa Juana. El modelo SLEP ha sido cuestionado, pero continúa su implementación; y en el Biobío se presencian puntos que el autor de esta columna transmite como preocupaciones.

Por Marcos Silva Mardones

Este 01 de enero se repite la fórmula de los cuestionados Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), momento en que nueve de estas instituciones entrarán a asumir la administración de establecimientos en seis regiones del país. En el caso del Biobío, se instaurará el SLEP Andalién Costa, que incluirá a establecimientos de las comunas de Coronel, Lota, San Pedro de la Paz y Santa Juana.

Durante más de un año se ha conformado el equipo del SLEP que estará a cargo de 96 establecimientos, luego que en septiembre de 2023 se nombrara Ramón Jara Zavala como director de Andalién Costa; institución en la que se ha identificado parte de su conformación profesional mediante redes sociales, pero también de alianzas con cuestionadas empresas que han arrastrado conflictos en la región como lo son CMPC y Forestal Arauco, o también fundaciones identificadas por el mundo docente como Enseña Chile y Educación 2020.

Te puede interesar| El día en que el abogado del SLEP Andalién Sur perdió un millonario juicio laboral… contra su propio socio

Más allá de las denuncias y cuestionamientos estructurales al modelo SLEP que ha adoptado la educación chilena, vale la pena recordar la importancia de que existan monitores activos de su implementación y el quehacer de su administración. Esto, a partir de la experiencia que hemos tenido con el SLEP Andalién Sur respecto a la calidad de sus profesionales, los millonarios sueldos que no se reflejan necesariamente en el accionar de la institución o en el evidente abandono en el que están diversos establecimientos en las comunas de Florida, Chiguayante, Concepción y Hualqui.

En el caso de Andalién Costa, es importante que no solo sean las y los trabajadores de la educación o estudiantes quienes denuncien eventuales situaciones, sino que también seamos las llamadas «comunidades educativas», como también la población en general, quienes estemos ojo al charqui -como comúnmente se dice-.

Un ejemplo concreto: ¿Cómo se asegurará que las negligencias que sufrieron trabajadores y trabajadoras de la educación pública en Lota respecto a sus sueldos no se vuelvan a repetir? ¿Cómo se accionará para evitar la continuación de los llamados «liceos acuáticos»? ¿Qué aprendizajes existen respecto a la cuestionada gestión de la hermana institución del SLEP Andalién Sur?

Más allá de alianzas con el empresariado -que refuerza la lógica mercantilizada que prima sobre la educación-, sería bueno que en sus redes, sitios y pronunciamientos también se incluya una mirada a estos puntos de inflexión.