[resumen.cl] La nueva oleada de críticas hacia Carabineros de Chile ha establecido dos conceptos centrales en la discusión: Orden Público y Control Preventivo, ambos defendidos por las instituciones del país amparando el actuar policial. Sin embargo, los dos guardan estricta relación con diferentes casos de violencia policial en Chile, impulsando aún más la exigencia central: la disolución de Carabineros.

El pasado 5 de febrero Carabineros de Chile asesinó al joven Francisco Martínez en la comuna de Panguipulli, abriendo una oleada de protestas y profundas críticas al modelo policial del país.

Entre todas las criticas realizadas tanto en las movilizaciones como también en medios de comunicación y redes, han existido dos conceptos centrales que, también el gobierno, ha sacado a colación: Orden Público y Control Preventivo.

Ambos, defendidos por el gobierno y gran parte de las instituciones, han sido situados como parte del caso de violencia policial, dando una discusión más bien general, además de defendida por el propio presidente en funciones, Sebastián Piñera.

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El clamado «Orden Público»

El mismo 5 de enero, tras el asesinato de Martínez, el militante del Partido Socialista y alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia Orias, explicaba que «a mi lo que me interesa es que se restablezca el orden público, hacer un llamado a los jóvenes, a los mochileros (...) pero yo insisto, la justicia tienen que imperar, pero también el restablecimiento del orden público. Me interesa que se restablezca el tránsito vehicular, peatonal, y que Panguipulli vuelva a la normalidad«.

En conversación con RESUMEN Camilo Vallejos, historiador, reflexionó que para comprender la actualidad de este concepto hay que comprender la raíz dictatorial desde donde, tras la representación y participación de Carabineros en la violación de los derechos humanos, la transición fue un escenario crucial.

Esto, debido a que «desde el poder civil se exigió su sujeción al gobierno, y desde la policía se buscó garantizar las amplias cuotas de autonomía y discrecionalidad granjeadas durante la dictadura, manifestadas en las prerrogativas del general director, la inamovilidad del mismo, el sistema de sumarios internos, entre otros elementos que lesionan la transparencia, la probidad, y la administración de justicia en caso de faltas e ilícitos cometidos por funcionarios policiales«.

De esta forma, tras un acuerdo enfocado a la supuesta mejora operativa y material de la institución, «el orden público ha sido la protección del derecho de propiedad y las libertades individuales, lo cual ha posibilitado, doctrinariamente, que la represión política, es decir, aquellas funciones policiales destinadas a anular la protesta social, sea considerada como delincuencia común«.

Así, Vallejos enfatiza en que «los repertorios de protesta habitualmente hacen ocupación del espacio público o la propiedad privada para manifestar su oposición política, lo que constituye, desde el punto de vista del sistema político-económico imperante, una vulneración del orden público«, por lo que la protección de la propiedad público-privada, sumado a la garantización de la Constitución heredada de dictadura, son priorizadas.

Por su parte, para Valeria Torreblanca, socióloga, la concepción que existe sobre este concepto está fuertemente relacionada con la idea de enemigo interno, la cual se agudiza tras el inicio del Estallido Social donde "fue mucha más profunda y se develó el actuar clasista con que opera Carabineros de Chile, en el ejercicio de la restitución de la 'normalidad'".

Así, un ejemplo concreto de este fenómeno, indica Torreblanca, se encuentra en las conocidas "Marchas del Rechazo", las cuales se desarrollaron en las zonas altas de la Región Metropolitana, "donde vimos sujetxs con escudos, bastones, armas y la policía escoltando. ¿Acaso no es una alteración al orden público? Al parecer, no. Pero, si trasladamos esa misma imagen a lo ocurrido los viernes en los alrededores de Plaza de la Dignidad, veíamos grandes despliegues de policías reprimiendo a los manifestantes, es pos del 'orden público'«.

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Control preventivo y Agenda corta antidelincuencia

Fue en 2016, durante el segundo gobierno liderado por Michelle Bachelet, que se dio cabida a la llamada «Agenda corta antidelincuencia», la cual inició su estudio en 2015 en las respectivas Cámaras y comisiones.

En su interior, dentro de las diversas reformulaciones, recogió la existencia del Control Preventivo de Identidad, una herramienta que causó críticas y cuestionamientos de distintos sectores, incluyendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), desde donde se declaró que «estas nuevas facultades no solo son inconvenientes y riesgosas, sino que son también innecesarias«, sumándose a las críticas del ya existente «Control Investigativo».

Diferencias entre control preventivo e investigativo | Fuente: CH21, Al Grano. Reformas al control preventivo de identidad.

Sobre este proceso, Camilo Vallejos señala que «los controles preventivos de identidad vulneran la presunción de inocencia, y es grave que esa vulneración esté desregulada y determinada por la discrecionalidad de los funcionarios policiales«, cuestión que, recalca, ocurrió bajo la administración liderada por Bachelet y que proyecta el «alineamiento de la clase política post dictatorial (Concertación/Nueva Mayoría y Derecha) respecto al tema de la seguridad y el orden público«.

En esta línea, se habría optado por «policializar los problemas sociales, es decir, enfrentar con persecución , acoso y vulneración de los sectores populares los conflictos estructurales que aquejan a la sociedad, en vez de enfrentar con políticas integrales los males del capitalismo neoliberal«.

Esta cuestión, que para Vallejos se sistematiza en que «para los pobres hay represión y estigmatización, y para los ricos hay seguridad» también es abordada por Valeria Torreblanca. La socióloga señaló a RESUMEN que «la agenda corta antidelincuencia y el control preventivo de identidad llega a reafirmar y consolidar la actuación clasista de las policías y en especial Carabineros en su ejercicio en el cotidiano«.

Así, da cuenta de un fenómeno de criminalización generalizado y contradiciéndose con su fin último, lo cual significó «que las policías, en especial Carabineros, están cada vez más alejadas y tienen menos diálogos con la comunidad, fallando en la prevención del delito«.

En este sentido, Torreblanca comenta que el control preventivo «se presenta como una herramienta estigmatizadora, clasista y prejuiciosa, teniendo como resultado prácticas abusivas y limitantes de la libertad de las personas«, siendo parte del debate que se debe desarrollar respecto a las facultades y estructuración de las policías en Chile.

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Ampliación facultades

Reiterativamente se ha instalado la política -mediante la clamada «modernización de Carabineros»- sobre la ampliación de facultades a las policías chilenas.

Para Torreblanca el mayor problema «es que la ampliación de facultades nunca va acompañada de una ampliación de mecanismos de control y responsabilidad a su accionar«. De esta forma, la autonomía y la impunidad radicarían, en parte, en estas cada vez mayores facultades que se le entregan a la policía, cuestión contraria a lo impulsado desde la población que ha incluido en el debate el rol activo de la población para el establecimiento de las atribuciones policiales.

Por su parte, Camilo Vallejos plantea como central que, para una ampliación de facultades, el proceso «debería ir de la mano con un perfeccionamiento y profundización de la formación inicial de los funcionarios«.

En este sentido, casos como el megaoperativo realizado por la Policía de Investigaciones en Temucuicui a comienzos de año y el asesinato de Francisco Martínez en Panguipulli, «reflejan un gran déficit en la formación operativa en ambas policías, no solo en lo que se refiere a derechos humanos (lo que viene siendo evidente desde hace mucho tiempo), sino que también en materias de táctica policial«.

De esta forma, la violencia policial se ha relacionado directamente con la ampliación de facultades que ha tenido Carabineros durante la postdictadura, siendo cada vez más recurrentes las vulneraciones a los derechos fundamentales de la población, y confirmando una tesis recurrente: no son casos puntuales, sino más bien expresiones de problemáticas estructurales.

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La salida política

Respecto a cómo modificar este situación, Vallejos enfatiza en que es central la disolución de Carabineros, considerando no solo las violaciones a los derechos humanos, sino que «la consolidación de una ‘cultura antipolicial’«, cuestión que representa un problema mucho más profundo para con la policía.

Vallejos reflexiona que «Carabineros tiene el monopolio de la fuerza legítima, por lo que solo ellos tienen el derecho legal a usar la violencia contra la población, y no a la inversa, ante lo cual el único camino posible que vislumbro, para evitar un desastre de mayor escala, es partir de cero«.

Esto conllevaría, también, la desaparición de símbolos, tradiciones y estructura, dando paso a una nueva fuerza de seguridad cimentada en pilares democráticos, transparentes y con respeto hacia los derechos humanos.

Por su parte, Torreblanca indica que «se vuelve indispensable acabar con la autonomía e impunidad con la que han actuado durante años, porque sabemos de sobra que este no fue un caso aislado o un hecho confuso«, dando cuenta de una práctica sistemática.

Así, la responsabilidad de los altos mandos es intrínseca al fenómeno, siendo vital que se asuma la responsabilidad tanto de estos como de las estructuras institucionales involucradas, como el Ministerio del Interior.

En este sentido, se torna central, reflexiona Torreblanca, ampliar la discusión hacia una participación ciudadana, considerando también una política de reparación integral para las víctimas de violencia policial y avanzar en la responsabilidad de los altos mandos, rompiendo con la lógica de meras sanciones como la baja de la institución, sino que realizar medidas reales y que irrumpan con la impunidad anclada.

De igual forma, la disolución de Carabineros de Chile es un proceso multidimensional, considerando las diversas aristas que conlleva. Ante esto, a modo de énfasis, Vallejos plantea que previo a que se le de término, es fundamental la «apertura total de sus archivos, documentación y demás información interna relativa a casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos«.

Con estas consideraciones, la responsabilidad política, programas íntegros de reparación, delimitación de facultades y mayor participación vinculante de la población son algunos de los aspectos que se tornan urgentes a considerar para dar término a esta institución, que desde hace años se encuentra en decadencia.

Fotografía principal: @menguante.fotografias