Publicamos este detallado análisis de la situación ocurrida en Valencia producto de las fuertes lluvias de la pasada semana, la versión original la puedes encontrar aquí.

 Por Ester Fayos 

Convocada para el sábado 9 de noviembre en la plaza del Ayuntamiento (municipalidad) de Valencia a las 18h, la manifestación exigirá la asunción de responsabilidades por la gestión «deficiente» de la DANA y sus consecuencias. También se han convocado concentraciones de apoyo el jueves 7 en la plaza Mayor de Castelló a las 20h y el mismo día en Barcelona frente a la sede del PP a las 19:30h.

Una treintena de entidades cívicas y sociales y sindicatos del País Valencià piden la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana (gobierno local), Carlos Mazón (PP), como «principal responsable» de las consecuencias del temporal que lleva tres días azotando a las comarcas del País Valencià y que ya ha causado la muerte de 202 personas (219 a día de hoy). "Unas muertes que tienen responsables políticos", remacha de forma contundente Anna Oliver, presidenta de Acció Cultural del País Valencià. La gestión "nefasta y negligente" de una DANA marcada por la falta de prevención y actuación y los recortes en servicios de emergencia han motivado a la convocatoria de una manifestación el próximo 9 de noviembre, a las seis de la tarde, desde de la plaza del Ayuntamiento de Valencia hasta el Palau de la Generalitat. Bajo el lema Mazón, dimisión, exigirán la depuración de responsabilidades y mostrarán su apoyo a todas las damnificadas. En Barcelona, frente a la sede del PP en la calle Compte Urgell, se ha convocado una concentración el 7 de noviembre.

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Una actuación "muy tardía" y "deficiente" son algunas de las críticas que realizan desde las organizaciones y sindicatos de trabajo convocantes. La indignación se ha hecho presente estos días en las calles de las ciudades más afectadas, especialmente durante la visita de Felipe VI, Pedro Sánchez y Carlos Mazón al municipio de Paiporta, donde recibieron insultos y el lanzamiento de barro. Acció Cultural, Escola Valenciana, Plataforma por el derecho a decidir del País Valencià, la Comisión Ciutat-Port, la Coordinadora de Asociaciones de la Memoria Democrática del País Valencià, la CNT de Valencia, o desde la izquierda independentista, adelante, la Coordinadora Obrera Sindical (COS), Arran y el SEPC (Organizaciones juveniles de la izquierda independentista); son algunas de las entidades que llaman a movilizarse el 9 de noviembre. «Alzaremos la voz para denunciar la inoperancia del gobierno valenciano y reivindicar un País Valencià más justo, seguro y preparado para hacer frente a los retos climáticos y sociales actuales», manifiestan en un comunicado.

Anna Oliver lamenta que en estos momentos "todavía haya pueblos donde nadie ha acudido a rescatar a la gente que sigue atrapada", y asegura que la gente está contactando con su entidad y otros para pedir apoyo "porque no hay una estructura institucional". "Ni siquiera 48 horas después -añade- son capaces de asumir el volumen de víctimas mortales y afectadas". En la ciudad de Valencia y su área metropolitana, se han organizado diversas redes de apoyo para poner en contacto a aquellas personas que necesitan ayuda con aquellas que están dispuestas a colaborar.

Cinco días antes de la llegada de las lluvias torrenciales, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) empezó a informar del fenómeno meteorológico, y el domingo 27 de octubre emitía un "aviso especial", en el que no se descartaba que las precipitaciones «lograron una intensidad torrencial» y fueron acompañadas por «fuertes rachas de viento». La primera alerta «roja» de AEMET se difundió a las 7.36 horas del martes y se actualizó durante todo el día con mensajes como «peligro extremo» y «mucha precaución». Sin embargo, el mensaje automático enviado por Protección Civil que advertía de las «fuertes lluvias» y solicitaba evitar los desplazamientos por carretera llegó a los móviles de la población de las comarcas de Valencia a las 20.12 horas de la tarde del martes. Cientos de personas se habían desplazado a primera hora de la mañana a sus centros de trabajo y, a las ocho de la tarde, muchas ya estaban atrapadas en carreteras, polígonos o centros comerciales. Dos días después, este jueves, se ha vuelto a repetir lo mismo en las comarcas de Castelló, en alerta naranja por lluvias. El mensaje automático de Protección Civil se ha enviado a las 11:49 horas de la mañana. Muchas fábricas, supermercados, tiendas, sedes de la administración pública, escuelas e institutos permanecían ya abiertos a esa hora y con sus trabajadores o alumnos dentro. Sobre las dos de la tarde, el Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un aviso de alerta hidrológica por el aumento de caudales en ríos y barrancos de Castelló.

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«No han aprendido nada de lo que ha pasado no hace ni 48 horas», aseveran desde el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza del País Valencià, que se ha sumado a la movilización. "Que la DANA se estaba desplazando hacia el norte ya se sabía. En lugar de reaccionar preventivamente para evitar desplazamientos y posibles daños, se vuelve a actuar cuando todo el mundo está ya en sus puestos de trabajo", añaden a través de un comunicado, y defienden que el mensaje debería haberse enviado el día antes como medida de prevención.

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Valencia (Fampa-Valencia) es otra de las organizaciones que apoyan la manifestación. Rubén Pacheco, portavoz de Fampa en la capital del Turia, tiene claro que cuando las consecuencias son «tan graves» la sociedad «no se puede quedar de brazos cruzados». En el ámbito educativo, lamenta el hecho de que profesorado y alumnado de Valencia y Castelló hayan tenido que acudir a clase «poniendo en peligro sus vidas». «Muchos equipos directivos tomaron la decisión de cerrar la escuela y enviar a los alumnos a casa, porque desde la Generalitat no se les ordenaba nada y la situación ya era grave», asevera, y hace énfasis en que la decisión de adelantarse a las órdenes del Consejo hace responsables a los centros de cualquier incidente que le ocurra al alumno durante el trayecto de la escuela a casa. «Aún así decidieron asumir la responsabilidad, porque la situación era insostenible», afirma. Las entidades hacen responsable al consejero de Educación, José Antonio Rovira, de la falta de prevención en el ámbito educativo.

Las organizaciones convocantes también denuncian la falta de información sobre el número de personas que todavía siguen incomunicadas o atrapadas. «Es fácil pensar que habrá más víctimas mortales», señala Oliver, y critica que desde anoche hasta las dos de este jueves no se hubiera actualizado la cifra de muertos. Asimismo, se muestran críticas con las empresas que, pese a la alerta de emergencia, «obligaron» a sus trabajadores a asistir y mantenerse en sus puestos de trabajo. "Los beneficios económicos de ninguna empresa pueden pasar por delante de la vida de las trabajadoras", insisten desde la CNT.

Los mensajes de alerta y prevención del presidente Carlos Mazón se han quedado hasta la fecha en recomendaciones para que se eviten los desplazamientos por carretera o a pie. Una medida que Anna Oliver considera «insuficiente» y «tibia». "Es necesario un real decreto ley", defiende como medida para ordenar el cese de toda actividad laboral presencial no esencial o también poder alargar los plazos para cualquier gestión administrativa.

Por último, denuncian el desmantelamiento de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) y el colapso del servicio de atención telefónica del 112 durante la DANA y, posteriormente, el teléfono de asistencia a las familias de personas desaparecidas. Cabe recordar que el primer tijeretazo del gobierno de Carlos Mazón (PP) fue la eliminación la UVE, creada en febrero de 2023, durante la presidencia de Ximo Puig (PSOE). Su objetivo era «garantizar la rápida intervención de emergencia» en la Comunidad Valenciana, en situaciones como «incendios forestales», «emergencias de origen meteorológico, sísmicas o terremotos submarinos». En noviembre de 2023, Mazón la suprimió porque, a su juicio, añadía "más complejidad a la gestión de las emergencias" y era un "chiringuito" del anterior gobierno.

Foto principal: Directa