En esta columna, el autor aborda el fracaso del proceso «Más Bosques y Ecosistemas Sostenibles«, anunciado y celebrado por el Gobierno en Concepción en 2023. Este no pasó su primera etapa, y hoy está en las manos del Consejo de Política Forestal, creado en 2015. Así, el «Nuevo Modelo Forestal» no contaría con cambios estructurales; solo arrastraría mayor ganancia para el empresariado y más impactos para la población y los ecosistemas.

Por Javier Arroyo Olea | Integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

Corría noviembre de 2023, y diferentes instituciones se daban cita en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción para lanzar el proceso participativo de «Más Bosques y Ecosistemas Sostenibles», una política que, en palabras del ministro Esteban Valenzuela, permitiría tener «una nueva ley que nos permita tener más bosques sustentables».

En esta línea, y bajo las dinámicas que han caracterizado a este Gobierno, el ministro Valenzuela enfatizó en la importancia de la productividad. "Buscamos fortalecer un sector más resiliente y más sustentable, pero también más productivo«, declaró el ministro de Agricultura. Por su parte, la entonces delegada presidencial, Daniela Dresdner, enfatizó en la importancia de estos "diálogos para poder llegar a un acuerdo de lo que necesitan nuestras regiones forestales«.

Te puede interesar| Sin presupuesto específico: Plan «Nuevo Modelo Forestal» del gobierno limita proceso de participación a tres meses

Así, la política pública pretendía avanzar hacia lo que titulares del momento denominaron como «Nuevo Modelo Forestal«. Sin embargo, el fracaso ha sido abismal. No solo por la renuncia total a los procesos de diálogos planteados, sino que también porque diversas regiones -entre esas, evidentemente el Biobío- han sido nuevamente impulsadas como un polo forestal por parte de la clase política chilena y el empresariado.

En la práctica, el proceso pretendería generar grupos focales y talleres de consulta púbica para, finalmente, elaborar un informe que estableciera la Estrategia de Desarrollo Forestal al 2050. Pocos meses después de lanzado el proceso participativo -el cual constaba de al menos seis meses de espacios de conversación-, los incendios forestales fueron la justificación que entregó la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para aplazar su desarrollo. En abril de 2024, ante una solicitud ingresada al organismo por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, se planteó que «la programación del proceso participativo fue modificada tras la emergencia producto de los incendios forestales, por lo tanto, los talleres regionales planificados para el mes de marzo no fueron realizados y serán reprogramados para ejecutarse durante el primer semestre del presente año».

La respuesta se repitió en junio del mismo año, cuando ante una nueva solicitud la Conaf planteó que «no existe una recalendarización de las actividades del proceso de diálogo, ya que este trabajado ha sido pausado temporalmente», pero que el Ministerio de Agricultura estaría trabajando en nuevas iniciativas.

Lee| Empresas forestales se benefician con más de $70 mil millones gracias a subvenciones de CORFO y exenciones tributarias por Ley I+D

Tras meses dejando pasar tiempo, y ante una nueva solicitud de información, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) se pronunció respecto a la situación del proceso de diálogos, reafirmando en octubre de 2024 que no existía una recalendarización de las actividades contempladas, y que se mantenía la pausa del proceso. Pero en enero de 2025 la renuncia ya era total.

En una nueva respuesta vía transparencia, ODEPA indicó que «el trabajo se ha decidido realizar en el marco del Consejo de Política Forestal«, instancia creada en marzo de 2015 con el objetivo de diseñar la política forestal para el país, que se materializó el mismo año en un documento de poco más de 70 páginas. Nada más, ni nada menos.

Con o sin proceso de diálogo, parece que el clamado «Nuevo Modelo Forestal» no trae nada de nuevo. La hoja de ruta ya la reforzó recientemente la ministra Tohá al empujarnos como «potencia forestal» y plantearnos como país proclive a una actividad económica que ha arrastrado fuertes impactos en los ecosistemas, vulneraciones a los derechos de comunidades y un amplio margen de ganancia para empresas nacionales y transnacionales.

Esto lo sabemos hace tiempo en el Biobío. Durante décadas, el negocio forestal se ha sustentado en la explotación de los territorios con el visto bueno de los Gobiernos. E incluso, tras el proceso de cierre de la Siderúrgica Huachipato, el Plan de Fortalecimiento Industrial impulsado por la manoseada alianza público-privada, plantea potenciar el desarrollo de esta actividad.

En un nuevo capítulo de esta extensa novela encabezada por el Gobierno, pareciera ser que el gatopardismo vuelve a ser la característica propia de esta administración política: cambiar todo sin que nada cambie. Pero ni eso; este Gobierno ni siquiera movió una pieza de ajedrez para disputar el modelo forestal, solo dio algunas cuñas para un proceso que nació muerto.

Pues bien, nada nuevo bajo el sol.

Anexos

Primeras respuestas obtenidas vía transparencia citadas en el artículo