El ex CNI presentó un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, con lo que busca demorar la sentencia definitiva por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita por el caso Alfa Carbón, en que fueron asesinados Luciano Aedo, Mario Lagos, Nelson Herrera, Mario Mujica, Rogelio Tapia, Raúl Barrientos y Juan José Boncompte en 1984 en el sur del país.

Por Andrés Navea Valenzuela

El próximo martes 31 de octubre a las 9:30 horas la Segunda Sala del Tribunal Constitucional revisará el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que presentó el excapitán de Ejército y exagente de la CNI Patricio Castro a través de su abogado Maximiliano Murath, maniobra con la que busca dilatar el cumplimiento de una condena de 20 años por los delitos de asociación ilícita y homicidio calificado.

El 23 y 24 de agosto de 1984 la CNI llevó a cabo la operación Alfa Carbón, destinada a desarticular al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en el sur del país. Decenas de agentes del Estado se trasladaron desde el cuartel Borgoño de Santiago a Concepción, Los Ángeles y Valdivia para ejecutar un plan cuidadosamente diseñado. Según consta en los expedientes, el objetivo no era detener a los dirigentes, sino «eliminarlos». La noche del 22 de agosto, las fotos de Luciano Aedo, Mario Lagos, Nelson Herrera, Mario Mujica, Rogelio Tapia, Raúl Barrientos y Juan José Boncompte fueron marcadas con una cruz por los agentes reunidos en el cuartel Pedro de Valdivia.

Te puede interesar: Alfa Carbón: A 39 años de la operación represiva que asesinó a siete miembros de la resistencia en ciudades del sur

La abogada de los familiares de la víctimas, Magdalena Garcés, señaló: «Cuando se interpone un recurso de esta naturaleza, el TC tiene la facultad de suspender el proceso mientras resuelve el recurso. Son muchas las razones jurídicas por las que creemos que el TC no va a acoger el requerimiento. Sin embargo, nos preocupa que el Tribunal pueda suspender la vista de la causa, ya que la Corte Suprema ya comenzó la audiencia para conocer los recursos de casación de las defensas, lo que significaría dilatar la resolución de un juicio que lleva casi cuarenta años. La parte tuvo todo estos años para presentar su defensa y esperó que la causa estuviera ad portas de la Corte Suprema. En el fondo, consideramos que es una estrategia de la defensa de Patricio Castro para dilatar el proceso, apostando a la impunidad biológica o a la espera de tener una corte más favorable a sus intereses».

Asimismo, la jefa del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Paulina Zamorano, indicó: «Esta acción pretende entorpecer y dilatar la normal tramitación de un proceso criminal, que, por cierto, se encuentra con alegatos pendientes ante la Corte Suprema. Esta no es una estrategia nueva, ha sido reiteradamente utilizada por las defensas de los responsables de crímenes de lesa humanidad. Este año se han presentado otros cuatro requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de normas en donde existe una abundante jurisprudencia del TC que los declara constitucionales. Lo anterior nos lleva a concluir que la defensa de Patricio Campos, a través de la dilación del proceso, busca asegurar nuevamente su impunidad, por el mero transcurso del tiempo».

Una larga lucha judicial

Más de cuarenta años han tenido que esperar las familias por una condena definitiva. La historia judicial de la causa por la operación Alfa Carbón comenzó el mismo 23 de agosto de 1984 en las fiscalías militares de Concepción y Valdivia. La causa pasó a la justicia civil recién en 2007, tras casi veinte años de vida democrática. El ministro en visita Carlos Aldana acumuló las causas de Valdivia, Concepción y Los Ángeles en 2011, y en 2018 condenó a diecisiete agentes de la CNI por el homicidio calificado de siete personas. Solo tres agentes fueron condenados además por asociación ilícita. En 2022 la Corte de Apelaciones de Concepción ratificó la sentencia y la causa ingresó a la Corte Suprema. En 2023 se puso en tabla para ser vista en la Segunda Sala de ese tribunal.

«Hemos pasado nuestra vida luchando por verdad y por justicia. En el transcurso de este tiempo han muerto nuestras abuelas, nuestras madres han envejecido. Nosotros, hijas e hijos, hemos crecido y se ha sumado nuestra descendencia. No queremos, no podemos heredarles esta lucha. Quienes habitamos este territorio necesitamos saber, necesitamos tener la certeza de que quien pone en juego los acuerdos sociales básicos que nos permiten convivir tendrán un castigo acorde al daño perpetrado», señala Tamara Lagos, hija de Mario Lagos.

Los agentes de la CNI detrás de la maniobra dilatoria ante el Tribunal Constitucional

El excapitán de Ejército y exagente de la CNI Patricio Castro fue la cara visible y el responsable del funcionamiento de la financiera ilegal la Cutufa en los años ochenta, que defraudó a militares y civiles en un millonario negocio que prometía dividendos irracionales para la época. Una serie de hechos transformó el fraude en un caso maldito: el asesinato de un empresario que nunca se aclaró, el extraño suicidio de la jueza que lo investigó, y la huella del exjefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla. El delito financiero de Castro permitió conocer la cocinería de la policía política de Pinochet.

Hasta bien avanzados los noventa, Castro ostentaba grandes lujos, aunque en ese entonces su sueldo como militar no le alcanzaba para costear el nivel de vida del que jactaba. Asiduo visitante de exclusivos restaurantes en la calle Isidora Goyenechea, vestía ropa de marca, relojes Rolex President y paseaba en un automóvil deportivo, que luego le regaló a su expareja, la actiz Carolina Arregui, cuando ella fue jurado en el Festival de Viña.

El escándalo de la Cutufa, que operaba al menos desde 1983, estalló en 1989 con el asesinato de Aurelio Sichel. Sin embargo, cuando la prensa comenzó a vincular el crimen con la financiera ilegal, muchos de los estafados no presentaron querellas para no aparecer públicamente involucrados en el escándalo. Curiosamente, la investigación judicial no profundizó en la arista de los civiles afectados. Según El Mercurio, los cheques requisados por el ministro en visita Marcos Libedinsky, al cerrar el sumario en julio de 1992, sumaban 2747 millones de pesos de la época. En medio de los cheques protestados y los supuestos réditos que se entregaban, aparecía la temida CNI.

En 1990, en medio de las investigaciones por la millonaria estafa, Castro se vio acorralado y huyó a Paraguay. En Asunción las autoridades informaron que el exagente sería expulsado y que lo traerían de vuelta a Chile en un vuelo comercial. Castro viajó con una peluca y fue sacado del aeropuerto en medio de un operativo para distraer a la prensa. «Además de la necesidad de traerlo por la investigación, tenía un valor simbólico: había una capacidad del Estado chileno de investigar delitos graves y de detener a personas que aparecían involucradas en ellos, delitos graves asociados a la dictadura», señaló Jorge Morales, exasesor jurídico del entonces director de Investigaciones. El caso terminaría con varios oficiales procesados, entre ellos Castro, por infracción a la Ley General de Bancos. En 1998, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos interpuestos por Castro, confirmó la sentencia y lo condenó a tres años y un día (le reconoció los 343 días que había estado preso anteriormente).

Maximiliano Murath, el abogado que hoy representa a Castro ante el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, ha representado a infinidad de uniformados condenados y procesados por violaciones a los derechos humanos, como José Fuentes, uno de los asesinos del caso Degollados, responsable del secuestro y degollamiento de los militantes del Partido Comunista José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero. Aunque fue condenado en 1992 a cadena perpetua, en 2016 obtuvo la libertad bajo la gestión de impunidad de Murath.

En 2014 Murath asume la representación jurídica de Juan Miguel Fuente-Alba, procesado por malversación de caudales públicos por $ 3500 millones, en uno de los casos más conocidos de delitos financieros adentro de las Fuerzas Armadas. Maximiliano Murath Mansilla, además de representar a criminales de lesa humanidad, desarrolla una carrera política a través del partido Republicano y su líder José Antonio Kast. En 2021 disputó la diputación por el distrito 12.

Nueva maniobra dilatoria ante el Tribunal Constitucional

El 26 de octubre de 2023 la Corte Suprema comenzó la audiencia para conocer los recursos de casación interpuestos por las defensas de los condenados. Sin embargo, ese mismo día los familiares se enteraron de que la defensa de Patricio Castro, condenado a veinte años de prisión por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita, presentó un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Excmo. Tribunal Constitucional. De ser declarado admisible, daría lugar a una maniobra evidentemente dilatoria destinada a retardar aún más una sentencia definitiva que ya ha demorado casi cuarenta años. Cabe señalar que el mismo abogado intentó un recurso de este tipo años atrás que no fue acogido a tramitación por no cumplir requisitos formales.

El contexto de presentación ante el Tribunal Constitucional carece de transparencia. El 12 de octubre el abogado de Patricio Castro solicitó un certificado de gestión pendiente para el Tribunal Constitucional a la Corte Suprema, lo que alertó a los familiares de su intención de recurrir al TC. La pagina https://www2.tribunalconstitucional.cl/ estuvo caída desde el 23 hasta el 26 de octubre, día en que pudieron corroborar la maniobra dilatoria. Las fechas han sido estratégicas para dificultar a los querellantes. Este lunes 30, Día del Ejecutado Político, los hijos, hijas, esposas y familiares de las víctimas presentarán ante el Excmo. Tribunal Constitucional una carta para que se tengan a la vista los antecedentes recién expuestos al momento de evaluar la admisibilidad de este recurso evidentemente dilatorio.