Desde 1937, las y los vecinos del sector del río Tulahuencito en el Valle de Mostazal, se abastecían con agua para la subsistencia de un pozo emplazado en el lugar. En visita inspectiva a mediados de este año, la Dirección General de Aguas, determinó que eso era ilegal y está pretendiendo cursar una millonaria multa contra familias campesinas.

Por Comunicaciones Valles en Movimiento

Desesperación e impotencia sufren 17 de familias de Monte Patria, al ver cómo el gobierno sanciona a los pobres y subsidia a los ricos en el territorio.

Antes de ayer, en visita en terreno realizada por la senadora Adriana Muñoz, le relataron cómo han visto secarse el río Tulahuencito por la expansión acelerada de los monocultivos que están destruyendo la cuenca, y cómo han sabido sobrevivir gracias a un pozo comunitario de dos metros de profundidad y a cielo abierto, que usan ancestralmente y que nunca regularizaron porque nadie les informó que debían hacerlo.

Sin embargo, contaron, cuando llega el gobierno, lejos de mirar las precarias condiciones en las que han sido obligados a vivir, mira el pozo y decide cursar una millonaria multa, en vez de ponerse a disposición para poner el uso en regla, sobre todo considerando la grave crisis hídrica que atraviesa el país.

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Ante los relatos de "vista gorda" para los grandes y de criminalización para los pequeños, la senadora comprometió el apoyo en todas las gestiones que sean necesarias para dejar sin efecto la multa y llevar a cabo la regularización del pozo de modo que la angustia que están sufriendo hoy no se repita en el futuro.

Para la senadora, integrante de la comisión mixta que está revisando la prórroga de la ley 18.450, Ley de Riego, en el Senado, "aquí se ve cómo se está matando a la agricultura familiar campesina, están matando la actividad caprina, y de verdad esto es inaceptable, por eso yo estoy comprometida con los vecinos a hacer todas las gestiones para impedir que a ellos los castiguen con una multa de 28 millones de pesos, cuestión que no le pasa a ningún otro gran empresario".

Cabe destacar, que es de público conocimiento en la comuna que un pozo de la empresa Tecnocitrus, en el valle de Rapel, que la misma DGA determinó que estaba extrayendo 8,5 veces más de lo autorizado y en un punto de captación distinto al autorizado, lo que dejó a 105 familias sin acceso a sus aguas por el canal el huerto, fue sancionado después de mucha presión de las familias afectadas, con 500 mil pesos, por la misma repartición pública que mantiene en vilo a los campesinos del Río Mostazal.