[resumen.cl] Boca Sur es un espacio histórico que destaca por la potente organización territorial de vecinos y vecinas, actualmente reflejada en la difusión y el respaldo hacia sus pobladores en contra de la violencia policial ejercida dentro del sector en el contexto del Estallido Social. Sin embargo, sus confrontaciones y su crítico actuar con Carabineros y Fuerzas Armadas desemboca en la persecución de sus participantes y se constituye como una grave violación a la libertad de las personas y sus derechos humanos.
Por Kathia Cancino Rojas
La Asamblea Popular Boca Sur representa un espacio de contención y levantamiento popular contra las históricas injusticas del Estado de Chile, más aun en el contexto represivo al que la ciudadanía se ve enfrentada tras el 18 de octubre de 2019. Es bajo este periodo que el Centro Cultural Víctor Jara comienza a participar dentro del espacio asambleario, destacando los trabajos territoriales y de visibilización y denuncia ejercidas por ambos en pos de las diversas acusaciones de violencia policial en contra de residentes del sector.
Previo a su participación dentro de la Asamblea, el Centro ya contaba con un rol protagónico en la promulgación de las artes y la cultura, además de la protección del patrimonio territorial y la defensa de los derechos humanos, entre ellos: la defensa del Humedal Los Batros, contra la privatización de la Laguna Grande, la defensa del suelo hortícola en Boca Sur, en rechazo a la privatización de la ruta 160, la lucha contra la Ruta Pie de Monte y la oposición al cuarto puente industrial. De esta manera, el espacio se constituye como una vereda confrontacional que hace frente a las decisiones estatales que pasan por alto la opinión pública de los residentes del territorio, orillándolos hacia la marginación y la expropiación de sus suelos en favor del empresariado.
¿HECHOS AISLADOS O VIOLENCIA SISTEMÁTICA?
Al analizar la situación actual y a las policías como entes protectores de la élite, los testimonios entregados por el medio Boca Sur Informa en un comunicado de prensa en sus redes sociales, hayan un innegable sentido. La represión y el hostigamiento hacia su organización se ha visto acrecentada con el paso del tiempo, concentrada en Richard Yáñez Silva y Daniela Guzmán Huenchuleo, ambos partícipes del Centro Cultural Víctor Jara. Debido a ello, desde el espacio se han visto en la necesidad de presentar un recurso de amparo que atestigüe las situaciones a las que se han visto expuestos, solicitando medidas jurídicas que les brinden protección.
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"El viernes 11 de septiembre de este año (Richard) fue abordado tras una persecución en la población luego de participar de una romería en Caleta Alto del Rey en homenaje a vecinos y vecinas caídas en dictadura", declara Boca Sur Informa respecto a la situación vivida por Yáñez, también docente delegado del Colegio de Profesores de Coronel. Además, explican que durante la mañana hubo hostigamiento por parte de Carabineros y tres agentes de civil en un auto Nissan Versa 2018, color blanco, patente KH WW 18. "Al finalizar la actividad se da una persecución donde Carabineros acusa denuncia de auto robado exigiendo documentos a nuestro compañero Richard quien manejaba en ese momento". Así, el joven y sus acompañantes -entre ellos Daniela Guzmán- son detenidos por un desproporcionado contingente de efectivos policiales, donde al menos cuatro de ellos no portaban su identificación.
"En el caso de nuestra compañera Daniela (...) el lunes 12 de octubre mientras se encuentra junto a su hija se percata de la presencia de agentes de civil que se mueven en un auto Nissan Versa, año 2018, color blanco, patente KH WW 16, por los alrededores de su hogar haciendo registros fotográficos del entorno y de su casa propiamente tal".
A la fecha, San Pedro de la Paz presenta una inusitada seguidilla de denuncias en contra de efectivos policiales, donde prima el abuso de la fuerza injustificada y torturas y malos tratos hacia los y las detenidas. Clasificarlas como hechos aislados contrasta con la frecuencia en la realización de operativos irregulares a lo largo del país, sumado a los desenlaces meramente administrativos en los que terminan una vez expuestos y denunciados.
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Al respecto, desde el área de Investigaciones del Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales (OPIP), se elaboró un Mapa de Violencia Policial que da cuenta de la constante persecución mapuche y los diferentes montajes a los que se ha visto expuesta la institución. En éste se enmarcan más de 60 casos de violencia, los que no encuentran respuesta por parte de Carabineros y sólo atestiguan la criminalización a la que se enfrentan las comunidades. De esta forma, la persecución política a participantes del Centro Cultural Víctor Jara haya una base en el cuestionado actuar de las policías y el amedrentamiento del que son responsables, dejando en claro un actuar sistemático hacia ciudadanos movilizados.
Por lo demás, en modo de denuncia, el pasado 19 de octubre se realizó una manifestación en Tribunales por el aniversario del Estallido Social en Concepción, donde la Asamblea Popular Boca Sur se hizo presente con lienzos y exponiendo sus reclamaciones contra Carabineros y la persecución acusada por dos de sus participantes.