La Fiscal Nacional de Perú dispuso iniciar investigación contra la presidenta Dina Boluarte; el primer ministro, Alberto Otárola y otra serie de secretarios de Estado por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante la represión a las manifestaciones populares en el marco de las protestas en varias regiones del país exigiendo la salida de Dina Boluarte de la presidencia de Perú, la liberación de Pedro Castillo, la disolución del actual Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Por Alejandro Baeza

En este proceso también se ha incluido al ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez, así como a Pedro Ángulo, expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, extitular del Interior.

Hasta el momento se han reportado 47 víctimas fatales desde el inicio de las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. Los primeros fallecimientos se dieron en Andahuaylas, luego en Arequipa, Ayacucho, Junín y Puno. Esta última región es la que tuvo la mayor cantidad de víctimas porque ocurrieron 17 decesos en apenas unas horas el pasado lunes.

En este sentido, el gobernador de Puno, Richard Hancco Soncco decretó tres días de duelo en todo el departamento por las víctimas fatales de que dejó la represión a las manifestaciones populares este lunes en Juliaca, en la provincia de San Román.

Este decreto establece que se guarde duelo regional los días 10, 11 y 12 de enero, con el izamiento de la bandera a media asta en todas las instituciones públicas de la región Puno e invoca «al Ministerio Público el inicio de las investigaciones contra los responsables de estos deplorables hechos que enlutan a la región Puno».

Asimismo, la gobernación regional rechazó «cualquier acto de violencia y el uso exagerado de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas del Perú, en la ciudad de Juliaca».

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Por su parte,  las protestas populares, concentradas en el sur del país, demandan el fin de la represión, juicio a los violadores de DDHH, la salida del gobierno de Dina Boluarte, la liberación de Pedro Castillo, la disolución del actual Congreso y adelanto de elecciones, así como la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna que reemplace a la impuesta por Fujimori, la que identifican como la principal responsable de la crisis política que vive el país, particularmente desde 2016.

El pasado lunes y en solo unas horas el Ejército y la Policía peruana desencadenaron una nueva masacre en la región de Puno en Perú, específicamente en la ciudad de Juliaca, donde 18 personas que se manifestaban contra el gobierno de facto de Dina Boluarte fueron asesinadas y otras 38 resultaron heridas a bala o perdigones, las que han colapsado los servicios de salud.

Medios locales indicaron que el hospital Carlos Monge Medrado en Juliaca colapsó a raíz de los cientos de heridos que dejó la represión policial en los últimos días en la ciudad.

Así, la destitución de Castillo resultó ser un detonante de un descontento popular del pueblo peruano contra la clase política y la institucionalidad heredada de Fujimori, que sufre una crisis que vive sus momentos más importantes desde 2016 y que en la actualidad atraviesa por un escenario muy complejo que puede derivar en aumento de la represión y el autoritarismo o en un nuevo periodo de construcción de un nuevo país a través de un proceso constituyente.

*Imagen de https://lalupa.pe/