El número de muertes en las protestas contra el nuevo gobierno de Perú se elevó a 21, con los siete asesinatos cometidos este jueves en una operación militar contra la toma del aeropuerto de la ciudad de Hamanga, Ayacucho y dos en La Libertad, cifra de víctimas fatales que puede seguir creciendo ante el aumento de las protestas y el anuncio de los 18 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo. Pese a que gobiernos de la región han rechazado la destitución del mandatario, la cancillería chilena saludó la instalación del gobierno de facto.

Por Alejandro Baeza

Las muertes fueron confirmadas, aunque sin identificar a las identidades, por la Dirección de Salud de Huamanga, en la región de Ayacucho, y el rastro de sangre incluye a 52 heridos. La radioemisora RPP consignó un total nacional de 18 muertos, esto considerando las víctimas fatales hasta el jueves y las 9 de ayer, 7 en Ayacucho y 2 en La Libertad. No obstante, el Ministerio de Salud de Perú señala que serían 14 los asesinatos por agentes del Estado.

Según testigos, los siete caídos fueron abatidos por militares, los que participan de las acciones represivas luego de la imposición de estado de emergencia en el país. La medida, adoptada este miércoles, se extendería inicialmente por 30 días.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) de Perú demandó la investigación de los responsables de las muertes en Ayacucho. «Exigimos cese de la intervención militar y responsabilizamos de estos crímenes a las más altas autoridades políticas del país», comunicaron por Twitter.

https://twitter.com/cnddhh/status/1603552676943482883?s=20&t=BuwfhusYYoLvebPbD5WbgQ

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Durante la jornada, además, grupos de manifestantes intentaron tomar nuevamente el aeropuerto de Arequipa y se han registrado similares intentos en las terminales aéreos de Juliaca, en la región de Puno; en Andahuaylas, en la región de Apurímac, y en Cusco, capital de la región del mismo nombre.

Las protestas sociales han ido creciendo desde que fue destituido Pedro Castillo y buscan ya por más de una semana el cierre del Congreso, la realización de nuevas elecciones, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la liberación del exmandatario.

De otro lado, la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP), integrada por la Confederación General de Trabajadores (CGTP) y otras organizaciones sociales y políticas, marcharon masivamente en diversas ciudades, incluida Lima.

La marcha en la capital fue pacífica, pero flanqueada por una verdadera multitud de policías que caminaron junto a los manifestantes por el centro de Lima y en el trayecto había al menos un grupo de militares.

Por su parte, Defensoría del Pueblo exigió a las Fuerzas Armadas «el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros».

Ante el incremento de las manifestaciones y protestas en varias regiones del país, el Gobierno peruano decretó el toque de queda a partir del viernes en los departamentos de Arequipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho.

Finalmente, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México -impulsados por este último-, han criticado la destitución de Castillo y piden su liberación, por lo que el gobierno interino convocó a los embajadores de estos países para señalarles que «la sucesión presidencial de Dina Boluarte es constitucional». Mientras, Cuba y Venezuela, entre otros, desconocieron a Boluarte como presidenta. No obstante, la cancillería de Chile saludó la instalación del gobierno de facto.

Finalmente, durante la jornada de ayer, los tribunales de justicia aceptaron la petición del Ministerio Público peruano, confirmando la solicitud de 18 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo.

*Imagen de https://www.20minutos.es/