El pasado 22 de febrero se realizó en la localidad colombiana de Cúcuta un concierto musical con la excusa de entregar una supuesta «Ayuda Humanitaria» a Venezuela. Si bien el show organizado por el multimillonario Richard Branson fue un fracaso y no cumplió sus objetivos, durante las últimas semanas ha traído nuevas aristas: Las revelaciones de imágenes que demuestran que el diputado Juan Guaidó -para entonces autoproclamado «presidente encargado»- cruzó a la frontera a Colombia a través de caminos secundarios e informales sin vigilancia denominados trochas en un espacio controlado por un cártel narco-paramilitar llamado Los Rastrojos, responsable de delitos de narcotráfico, sicariato, contrabando, homicidio y secuestro, entre muchos otros.

Las fotografías exhibidas a la luz pública el 13 de septiembre en que se puede ver a Guaidó posando junto a John Jairo Durán Contreras, apodado Menor, y Albeiro Lobo Quintero, alias Brother -cabecillas de la banda criminal- (uno de ellos armado), develaron que el designado como representante de la oposición venezolana cruzó ilegalmente a Colombia ayudado por un grupo de narco-paramilitares (o «paracos») que ejercen un relativo control territorial en la zona a ambos lados de la frontera. Es decir que este grupo criminal fue parte esencial del engranaje para que el «Venezuela Aid Live» pudiese llevarse a cabo, al asegurar la presencia de Juan Guaidó en el escenario. Sin embargo, esto no queda ahí, pues este 19 de septiembre se presentaron nuevas fotografías del diputado, esta vez con Argenis Vaca o el «Vaquita» y junto a Jhonathan Zambrano García, conocido como el «Patrón pobre», quien resulta ser el jefe de las células encargadas de los secuestros en el Estado de Táchira, fronterizo con Colombia.

Además, este último fue identificado como el hombre que conducía la camioneta en la que viajaba Guaidó. Con un chofer narco, llegó hasta un punto donde fue recibido por el alcalde oficialista de Puerto Santander, Henry Manuel Valero Peinado -condenado días más tarde, el 1 de marzo, a 5 años de cárcel por corrupción– quien lo trasladó a un lugar donde lo esperaba en un helicóptero, proporcionado por el presidente de Colombia, Iván Duque, para ser llevado al escenario del concierto donde fue recibido por autoridades colombianas.

La utilización de grupos del narcotráfico para desestabilizar un gobierno parece ser una triste repetición de la estrategia utilizada por el «emisario especial» de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, el hombre clave de Reagan para las atrocidades cometidas en los años 80 en Centro América, responsable en gran medida del caso Irán-Contras y del financiamiento de grupos paramilitares de derecha para combatir el gobierno sandinista de Nicaragua a través de la venta de drogas del Cartel de Medellín y el Cartel de Guadalajara por medio de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Rafael Caro Quintero, Miguel Angel Felix Gallardo y Juan Matta-Ballesteros en una infraestructura instalada en Yucatán para facilitar la introducción de cocaína en los EEUU a cambio del apoyo financiero de estos a las contra, según lo indican documentos hechos públicos por el propio gobierno estadounidense. Abrams fue condenado por todos estos delitos, sin embargo fue indultado por el presidente George H.W. Bush.

En lo que a nosotros respecta, el presidente de la república, Sebastián Piñera, se cuadró desde el primer momento con las acciones de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, no sólo reconociendo la autoproclamación de Juan Guaidó, sino que yendo él mismo en persona a este «narco-espectáculo» en Cúcuta acompañado siempre del presidente Duque. Por lo tanto, debemos exigir a la máxima autoridad del Estado que se pronuncie y dé explicaciones, pues fue partícipe activo de un show que implicó la acción directa de una organización narco-paramilitar en lo que aparenta ser una cooperación directa por el gobierno colombiano y la oposición venezolana, pues mientras se realizaba el cruce ilegal de la frontera, la banda criminal realizó un «toque de queda» por las comunidades donde pasaba, según comentan habitantes del lugar, para asegurar el paso de Guaidó para ser entregado a autoridades políticas colombianas y subirlo a un helicóptero proporcionado por Iván Duque para participar de un show artístico coordinado por el gobierno colombiano (todo esto sin considerar la logística para su retorno a Venezuela).

Esta acción de Sebastián Piñera, junto al reconocimiento de Ricardo Lagos al efímero Carmona tras el golpe de Estado contra Chávez el 2002, es el error más grotesco en política internacional de Chile tras dictadura. Si bien son incomparables acciones como el atentado en Washington que cobró la vida de Orlando Letelier o el frustrado viaje a Polinesia y Filipinas, uno de los escándalos de Pinochet sí puede igualarse a las acciones de Lagos y ahora Piñera, una traición a toda la historia diplomática de Chile: El apoyo de la dictadura a la agresión militar de una potencia colonial extranjera contra una nación Latinoamericana en el caso Malvinas. Piñera comete el mismo hecho hoy contra Venezuela.

Si bien los vínculos del narcotráfico con Estados y políticos no es un fenómeno para nada nuevo en Latinoamérica, no debe aceptarse ni justificarse bajo ningún punto de vista jamás, venga de donde venga. En Chile debemos mantener como estándar el no permitir ni fomentar la narco-política. Dada todas las evidencias, el presidente Sebastián Piñera no puede guardar silencio y debe dar explicaciones a todos los chilenos y chilenas si es que estaba al tanto de la participación de Los Rastrojos en el «Venezuela Aid Live» del que fue parte, lo que debe tener consecuencias acordes a la gravedad del hecho, y en caso de no haber conocido este plan, condenarlo públicamente tanto a nivel nacional como internacional. Es su deber como jefe de Estado.

Resumen.