Con un plan que intenta embolinar la perdiz con el fantasma de las inversiones, la Región del Biobío sería el lugar donde se profundizaría el negocio extractivo y se busca dar luz verde a cuestionados proyectos que esperan su pronta ejecución. Minería, forestal, energía e infraestructura son los principales sectores que se verían beneficiados, sin existir discusión abierta y pública respecto al horizonte productivo que debiera adoptar el Biobío.

Por J. Arroyo Olea

«Nuevas vocaciones productivas» fue el nombre que le dio el ministro de Economía, Nicolás Grau, al caballo de Troya que ingresó por la puerta ancha en la previa de las Fiestas Patrias el 16 de septiembre. El hecho constituye la respuesta desde el Ejecutivo hacia la región del Biobío tras apagarse el alto horno de la siderúrgica Huachipato, hecho que marcó un punto de inflexión y da plazos concretos de su proceso de cierre.

Las esquirlas del término de Huachipato son múltiples y en distintas escalas, pero el foco del plan del gobierno -que contó con amplio respaldo de empresas y organismos del Estado, como también de dirigencias sindicales– se concentró en la entrada de inversiones y ser una palanca de cuestionados proyectos que se pretenden desarrollar en distintos lugares de la región.

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Así, proyectos que han desencadenado importantes conflictividades y tensiones ligadas a sectores como la energía -en el caso de una nueva oleada de proyectos eólicos, GNL Penco-Lirquén y la Central Hidroeléctrica Rucalhue– o la minería -como en el caso de Penco con el proyecto de tierras raras-, y también viales -en los casos de la Ruta Pie de Monte y Puente Industrial– hoy ingresan cual caballo de Troya con un segundo aire a su implementación y con el respaldo ya no solo del empresariado nacional y transnacional, sino que también con el impulso del Gobierno de Chile.

Ramón Barúa (director ejecutivo de Aclara Resources) y Nicolás Burr (gerente general de Grupo CAP); de fondo, la Siderúrgica Huachipato

En este sentido, el documento en cuestión, tal como plantea en su introducción, no considera una mirada a largo plazo para enfrentar los «desafíos económicos relevantes» de la Región del Biobío, sino que apunta a medidas de corto y mediano plazo que, en la práctica, favorecen la presión sobre organismos públicos y comunidades que se ven involucradas en la búsqueda de las empresas por instalar sus proyectos.

En términos más amplios, el plan del gobierno cuenta con cinco ejes estratégicos y 32 medidas que contaron, indica el texto, con un diálogo entre actores como lo fueron sindicatos, empresarios, académicos, Gobierno Regional y Gobierno Central con la intención de «trabajar en una agenda que permitiera revertir el declive que ha experimentado por décadas la industria manufacturera en la región», cuya gobernanza incluye desde autoridades gubernamentales hasta representantes del empresariado, como lo es la Corporación Desarrolla Biobío -presentes en el Foro Estratégico del Biobío-.

Y en efecto, durante décadas el modelo chileno, no solo en el Biobío sino que a escala nacional, ha apostado por la desindustrialización y ha fortalecido su matriz extractiva. Esta situación también ha impactado en la calidad de los trabajos fuertemente reforzados en cadenas de subcontrato que no son consideradas en los planes de reconversión laboral que, a la vez, se han posicionado como una tardía e ineficiente respuesta de parte de los gobiernos a los cierres de empresas.

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Pero ¿Cuáles son algunas de las medidas concretas que considera el plan de Grau para la situación que afecta medularmente a la región del Biobío? El plan en cuestión aborda, en primer lugar, el desarrollo de programas de financiamiento que permitan reducir el riesgo de cierre de empresas que se vean directamente afectadas por la situación de la siderúrgica, por lo que debieran desarrollarse lineamientos de análisis de oportunidades, inclusión en instrumentos para acceder a nuevos mercados-compradores y reorientar el trabajo hacia «nuevas industrias».

Sumado a esto, desde la cartera de Economía anunciaron la entrega de subsidios de retención laboral, los cuales se otorgarían a empresas proveedoras en riesgo por un máximo de cuatro meses «sin perjuicio de que se suspenderá el beneficio si la relación laboral termina antes de este periodo«, colocando en una situación de incertidumbre a las y los trabajadores. Asimismo, se favorecerá la flexibilización de obligaciones tributarias a empresas proveedoras que se encuentren en riesgo tras el cierre de Huachipato, lo cual se materializará en la modificación de pago de algunos de sus impuestos, además de condonaciones de multas.

En términos de las y los trabajadores desvinculados de Huachipato, el plan establece que se generará un subsidio de recolocación de personas despedidas por parte de la siderúrgica o sus proveedores. En concreto, las empresas que contraten trabajadores desvinculados tendrían una bonificación de parte de un Ingreso Mínimo Mensual (IMM) por un total de cuatro meses -en que el porcentaje de bonificación varia-. En la misma línea, se incorpora nuevamente la idea de «capacitación» o «reconversión» dirigida a las y los trabajadores; sin embargo, esta medida se ha utilizado en otros procesos de empresas a nivel nacional, sin asegurar la reinserción laboral.

Por otro lado, el plan incorpora la aceleración de inversiones tanto públicas como privadas. Así, bajo la cartera empresarial se facilitaría su materialización «con la mayor celeridad posible» en respuesta a la mal llamada «permisología» que ha favorecido a la presión pro empresarial sobre organismos públicos y también comunidades. En esta línea, se fortalecerían rubros ya cuestionados por la Región como lo son la minería, energía y forestal, pero también se abrirían otros como lo son el hidrógeno verde, acero verde y aumentar la infraestructura que favorezca las inversiones que promuevan la cadena extractiva que se ha anclado en el Biobío durante las últimas décadas.

Y así sucesivamente, el plan de Grau y el empresariado se desglosa entre materializaciones y generalidades, un paraguas muy amplio bajo el cual el modelo que ha permeado a la población del Biobío -desde lo ambiental hasta lo laboral- encuentra un nuevo caldo de cultivo con una ilusión de «nueva vocación productiva».

Pues bien, la anunciada guerra sin cuartel tras el cierre de Huachipato ya tuvo su primer puntapié.

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