Durante fines del 2021 se vivió en el norte del país una crisis migratoria y sanitaria de proporciones, lo que provocó una serie de situaciones de precarización extrema de la vida humana en el norte del país. En el contexto de la ola de ataques hacia la población migrante, se optó por la creación de campamentos provisorios humanitarios de ayuda para cerca de 400 familias. La Playa Lobitos de Iquique es una de ellas, que quedó en manos de una productora de eventos contratada vía trato directo por el Gobierno de Sebastián Piñera.

Por Valentina Luza Carrión / resumen.cl

Fue en febrero de 2022 que se autorizó e instaló el campamento transitorio para ayuda de migrantes en Playa Lobitos, a 22 kilómetros de la ciudad de Iquique. En él, se llegó a recibir a cerca de 400 personas, en condiciones sumamente precarias, ya que estaba pensado solo para 250 personas y aquello significó un colapso en sus primeros días.

Por lo anterior, fue necesaria la ayuda de personas autoconvocadas que se organizaron y lograron sostener a las familias migrantes. Entre ellas, organizaciones humanitarias y voluntarias como Kolectiva las Kabras, AMPRO Tarapacá y Madre Tierra.

La instalación del campamento fue una decisión comandada desde el Delegado Presidencial del Gobierno de Sebastián Piñera, Miguel Quezada, que solicitó cerca de $1.500 millones al Estado para entregar ayuda en los emplazamientos transitorios que se crearon en los meses de enero y febrero del 2022. Fueron 5 los creados en la región de Tarapacá.

Créditos: Jois Ann /instagram: @annjois

Primeramente, el campamento Playa Lobitos estaba pensado para ser un albergue nocturno, lo que resultaba imposible por su lejanía con la ciudad (22 km). Por lo que la población migrante permaneció allí, sin acceso a suministros básicos de agua potable, comida ni albergue. 

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Hoy aquel campamento se encuentra refugiando a cerca de 200 personas. Muchas de ellas aún no pueden regularizar su situación migratoria y continúan recibiendo ayuda de organizaciones sociales. Además de no tener alternativas que les ayuden a salir de su compleja situación. Gran parte de la población que aún se encuentra allí, son niños y niñas.

Entre las irregularidades más grandes que se constatan en dicho campamento, es que el Delegado Presidencial de aquel entonces, otorgó $564.012.698 vía trato directo a la productora de eventos nacional 370. El giro de la compañía corresponde a una empresa que ofrece servicios para eventos masivos de carácter de entretención o académicos. Es decir, se trata de una empresa con un giro ajeno a la actividad encomendada y que no tiene experiencia alguna en una crisis humanitaria.

Por ello, una de las denuncias que expresan desde las organizaciones que han prestado ayuda autónoma y sin financiamiento estatal, es que el despliegue de carácter humanitario fue confiado a una empresa con total desconocimiento para contener la crisis. 

"No había seguridad, ni transporte ni agua. En el contrato expresaron que daban un snack (que consistía de un galleton y un jugo) diario en la mañana a las personas, eso era todo. Además que el trato de la productora hacia las personas fue y sigue siendo super indigno. No manejaron la situación en lo absoluto", comenta Natalia, perteneciente a la red de organizaciones promigrantes de la sociedad civil.

Créditos: Jois Ann /instagram: @annjois

Por su lado, voluntarias/os, comentan que en el contrato se estipularon algunas infraestructuras básicas que no fueron previstas en el momento. Como servicios básicos de agua para lavar ropa, o incluso, la entrega de la misma indumentaria.

En consecuencia, la situación se trató de un contrato con modalidad de trato directo con una empresa de eventos para una emergencia humanitaria, que tras meses de irregularidades y vulneraciones, prosigue recibiendo financiamiento Estatal a pesar del deficiente desempeño.

El Gobierno de Boric extendió el contrato

En el último mes, el Gobierno del presidente Boric, se ha mantenido en conversaciones con organizaciones para regularizar la situación migratoria en el país, sobre todo de las infancias. 

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Se proclamó al nuevo Delegado Presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, quién realizó una reunión junto a las ONG que no han dejado de prestar ayuda al campamento y lo que resulta insólito, firmó contrato con la productora 370 por tres meses más, mientras se buscan estrategias y soluciones directas para la crisis. 

Lo anterior, con garantías que previamente no estaban ingresadas en el contrato; mayor autorización de despliegue de organizaciones comunitarias, comedor a cargo de JUNAEB, entre otros. Mientras, se sigue con el estado de excepción en el norte del país.

Cabe destacar que RESUMEN intentó contactarse con la Intendencia Regional de Tarapacá y la Productora 370, sin recibir respuestas al respecto. De hecho, la empresa cortó el contacto telefónico.