A través de una solicitud presentada ante la subsecretaría del Interior, se le está exigiendo al gobierno de Gabriel Boric, la regularización migratoria de decenas de niños, niñas y adolecentes, además de sus familias. Durante la entrega, desde la Campaña por una Niñez Con Derechos Sin Fronteras enfatizaron en que continuar con el estado de excepción en el norte del país solo refuerza la criminalización de estas personas y no contribuye a superar dicha situación humanitaria.

Por Juan Contreras Jara

Durante esta jornada, el Colectivo Sin Fronteras y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile entregaron una solicitud al Gobierno para que regularice la situación migratoria de noventa y siete casos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el país. 

Las solicitudes, enmarcadas en la Campaña por una Niñez Con Derechos Sin Fronteras, no solo persigue la regularización de la situación migratoria de cientos de familias en Chile, sino que también busca visibilizar las violaciones a los Derechos Humanos que decantan de la falta de esta.

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Sobre los múltiples objetivos de la campaña, Vanessa González, vocera de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, comentó a Resumen que, «se deben generar mecanismos de protección y garantía de derechos de estos niños, de restitución de sus derechos, que han sido muy vulnerados».

Desde el inicio de la Campaña por una Niñez Con Derechos Sin Fronteras, en marzo de 2021, se le entregó al gobierno del imputado Sebastián Piñera, nominas con 240 casos de niños, niñas y adolescentes que requerían de la regularización de su situación migratoria, pero no tuvieron respuesta alguna. «Su disposición con respecto a la niñez migrante, fue de hacer oídos sordos».

Donde sí actuoó a administración anterior, fue al momento de decretar el estado de excepción en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, situación que fue ratificada en una segunda extensión, el pasado 16 de marzo, a un día que acabara su primer periodo. Una semana más tarde, el gobierno de Boric  volvió a extender la medida, esta vez hasta el 11 de abril, asegurando que sería la última vez que la aplicara en el norte de Chile.

«La continuación de estas medidas represivas y dentro de eso, se incorpora la prolongación del extensión del estado de excepción y del despliegue de mayores fuerzas militares en fronteras para garantizar el orden público. Sabemos que, en el seno de esos procesos, se generan distintos tipos de vulneraciones, como atropellos, abusos y persecuciones a comunidades migrantes».

Considerando que una de las respuestas de ambos gobiernos ha sido mantener el estado excepción en el norte, González explicó que, «debe haber un cambio de paradigma de cómo se están concibiendo, en primer lugar, la migración y en segundo, las medidas que han aplicado al respecto».

En cuanto al cambio cómo entendemos, como sociedad, la migración, desde la Campaña por una Niñez Con Derechos Sin Fronteras hicieron hincapié en que, «las leyes, las políticas y las medidas que se implemente, sean con enfoque de Derechos Humanos y que consideren las situaciones que han tenido que pasar las familias y sobre todo la niñez, en contexto de movilidad humana. Hemos constatado, en la investigación que hicimos, que se han incluso vulnerado Derechos Humanos internacionales y con esto mencionamos situaciones como expulsiones colectivas o le mantenimiento de medidas represivas contra las familias, que acompañan a estos niños y niñas».

De mantenerse la irregularidad migratoria de estos niños, niñas y adolescentes, se perpetuarán una serie de vulneraciones en su contra. En este sentido, González detalló algunas de estas repercusiones, por ejemplo, «dependiendo de los grupos de edad, de la perspectiva de género si son niñas, de su condición de movilidad humana, de su condición documentaria, etc. Todas estas vulneraciones suman que estos niños, niñas y adolescentes estén expuestos a mayores amenazas durante su proceso migratorio».

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