Durante la jornada de ayer jueves 2 de junio se votaron los primeros artículos emanados de la Comisión de Normas Transitorias, instancia que está trabajando el articulado necesario para la implementación de la nueva Constitución. Entre ellas destaca que se haya rechazado que la nueva carta magna pueda ser modificada con un quórum de 2/3 del actual Congreso, el fin del Senado en 2026, así como la aprobación de plazos para el envío de proyectos por parte del presidente, la paridad de género en organismos colegiados y directorios de empresas públicas, la imposibilidad de relección inmediata del actual mandatario, entre otras.

Por Alejandro Baeza

El día de ayer se desarrolló la sesión número 106 del pleno de la Convención Constitucional, el que tuvo como principal objetivo -además de la votación el preámbulo elaborado por dicha comisión para la nueva carta magna que fue aprobado- la votación del informe propuesto por la Comisión de Normas Transitorias, articulados que en su gran mayoría fueron rechazados y que deberán ser reformulados por la instancia para una nueva votación plenaria.

Entre ellos se encuentra el artículo en relación al quórum de 2/3 para que el Congreso elegido con la actual Constitución de Pinochet pueda realizar reformas a la nueva Constitución, la que sólo alcanzó 71 votos a favor, 44 en contra y 12 abstenciones, lejos de las 103 votos favorables para aprobarse.

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Tampoco pasó al borrador la propuesta que definía la duración del actual Senado hasta el 11 de marzo de 2026, acortando a la mitad la duración del 50% de los senadores y senadoras en ejercicio, la que obtuvo 68 votos a favor, 43 en contra y 16 abstenciones.

Por su parte, una serie de otras normativas sí fueron aprobadas, como la que determina que el presidente en ejercicio, Gabriel Boric, no podrá postularse a la reelección inmediata, medida que sí será posible desde la próxima magistratura.

También fue aprobado que apenas entre en vigor la nueva Constitución, todas las elecciones para organismos colegiados deberán respetar el principio de paridad de género en sus resultados; que en organismos colegiados que no se renueven mediante elecciones, así como en directorios de empresas públicas y semipúblicas la paridad se aplicará de manera progresiva; y que será la Contraloría General de la República la encargada de asegurar esta disposición.

Se estableció a su vez que todos los bienes, derechos y obligaciones de la actual Cámara de Diputadas y Diputados pasarán a formar parte automáticamente del nuevo Congreso de las Diputadas y Diputados.

Por 107 votos a favor fue aprobado el párrafo de artículo 10 transitorio que establece que «Los órganos competentes deberán realizar las modificaciones en el plazo de un año necesarias para habilitar el ejercicio del derecho a sufragio para chilenas y chilenos en el exterior(…)».

Respecto a la nueva institucionalidad del Estado Regional, fueron aprobados los artículos 18 y 19. El primero establece que se mandata al legislador y los órganos de la administración del Estado a "adecuar el contenido de la normativa relativa a la organización, funcionamiento e integración de los órganos del Estado Regional y sus Entidades Territoriales, en un plazo que no exceda los seis meses; mientras el segundo indica que la Región Autónoma y la Comuna Autónoma son sucesoras legales del actual Gobierno Regional y de la Municipalidad, respectivamente, y que los funcionarios y funcionarias de estas entidades pasarán a desempeñarse en las nuevas entidades "sin solución de continuidad". También se estableció un plazo de dos años para la creación de los estatutos para el territorio especial de Juan Fernández.

Así también, se estableció un plazo de dos años al Poder Legislativo en retirada para establecer las normas legales que regulen la autonomía de financiera de las entidades territoriales. Una normativa aprobada asegura, por su parte, el trabajo de funcionarias y funcionarios de organismos del Estado que sean modificados o dejen de existir, pasando a trabajar automáticamente para su sucesor.

Con 109 votos se aprobó el primer inciso del  29 que establece los plazos para que el presidente de la República envíe proyectos de ley que "tengan por objeto la creación, adecuación e implementación" de los Sistemas de Seguridad Social, Sistema de Cuidados, Sistema Nacional de Salud, Sistema Nacional de Educación, Sistema de Educación Pública y Sistema Integrado de Suelos.

Otros artículos en la misma medida apuntan a ponerle un plazo al presidente sobre protección integral de niñez y adolescencia, así como para modificar la legislación laboral para que se adecúe a lo establecido en la nueva Constitución en materia de derechos fundamentales.

Cabe recordar que los artículos que no fueron aprobados, volverán a la Comisión de Normas Transitorias para que sean reformulados y vuelvan a ser votados por el pleno. Asimismo, es importante señalar que el plazo para el fin del trabajo de la Convención Constitucional finaliza el próximo 4 de julio, es decir, en apenas un mes, por lo que tienen el tiempo en contra para poder llegar a estos acuerdos.

La clase política está haciendo esfuerzos enormes para bajar el quórum necesario para que instituciones de la Constitución de Pinochet, como el actual Congreso, pueda realizar reformas, no obstante, en caso de no conseguir acuerdos y no lograr construir una norma transitoria que establezca específicamente la forma y quórum en que el Congreso en retirada pueda realizar cambios, éste no podrá hacer nada, pues debe remitirse solamente a lo que pueda limitar una eventual artículo transitorio.