"Ningún pedazo de cemento que tenga ese proyecto está asociado a la participación de vecinos y vecinas en el territorio". Así lo menciona Felipe Sarzoza, miembro de la Coordinación Pedro del Río, quienes han realizado  diferentes acciones y reclamaciones en contra de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) a cargo del proyecto que se desarrolla con nula participación ciudadana y con consultas no resueltas. Además, la inversión de 220 millones de dólares financiados por el Estado bajo la urgencia del plan "Paso a Paso", pretende reactivar la economía del sector privado, pasando por alto los derechos y la territorialidad de las y los residentes de la emblemática población. 

Por Kathia Cancino Rojas

La posible construcción de un segundo puente ferroviario sobre las aguas del río Bíobío, sumado a la intervención del Cerro Chepe, es un proyecto que se viene gestando desde 2017, fecha en la que el proyecto "Construcción nuevo puente ferroviario Bíobío" es ingresado por primera vez al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Si bien este fue reingresado el año 2019 mediante un Estudio de Impacto Ambiental aún no está completamente aprobado, pero cuenta con la venia del Gobierno para acelerar su tramitación. 

El día 30 de septiembre, específicamente, el proyecto avanzó en su última fase arrastrando una serie de irregularidades. Entre ellas destaca la nula retroalimentación de las más de 200 observaciones entregadas por la Coordinación Pedro del Río, además de otras reclamaciones presentadas por diferentes organizaciones que trabajan y conviven dentro del territorio. Asimismo, hasta 2019 estas problemáticas ya eran una constantes, pues no se realizó una Consulta Indígena hacia la comunidad mapuche que utiliza el lugar regularmente. 

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En conversaciones durante 2019 con RESUMEN, la integrante del Colectivo 9 de Octubre Priscila Cañete, explica que los estudios en favor al proyecto incurren en diversos errores, uno de ellos respecto al uso ceremonial de cerro Chepe por la asociación mapuche Trawun Huechelu: «En el Estudio de Impacto Ambiental aparece que la asociación estaba compuesta por 19 personas y sólo dos de ellas utilizaban el cerro para buscar hierbas medicinales. Sin embargo, cuando nos pusimos en contacto con ellos (la asociación) nos dijeron que eso era una mentira gigantesca, porque ellos eran alrededor de 120 personas e iban a hacer reforestación de bosques nativos, limpieza y ceremonias«. 

Esto concuerda con la afirmación entregada por Sarzoza, donde a día de hoy aún no se le consulta a la comunidad por la intervención del espacio. Si bien Pedro Pablo Errázuriz, presidente de EFE, declaró a Diario Concepción que "realizaron participación ciudadana"  incluyendo a la población indígena, su versión se contrasta con la expuesta por dirigentes de la Coordinación Pedro del Río. 

PARTICIPACI"N CIUDADANA E IRREGULARIDADES EN EL PROYECTO

Ernestina Gatica es la presidenta de la junta de vecinos N° 5 del histórico Pedro del Río. Según declara Anyela Albornoz, compañera de Gatica dentro de la Coordinación, hace alrededor de cuatro años dirigentes del barrio y altos mandos de la Empresa de Ferrocarriles Estatales tuvieron diversas reuniones en donde se les presentó un proyecto muy diferente al que se encuentra en su último trámite de aprobación. 

Al respecto, Ernestina explica que en primera instancia el trazado del túnel sería al lado de la línea de tren actual, pero en 2018 cambia para ser trazada a expensas del cerro Chepe. Sobre esto, Felipe menciona que es gracias a la presión de Gatica que son informados -si bien a grandes rasgos- de la envergadura del proyecto, sin mediar participación ciudadana alguna hasta el momento. 

"Ningún pedazo de cemento que tenga ese proyecto está asociado a la participación de vecinos y vecinas en el territorio". Si bien lo dicho por Sarzoza encaja en una apreciación personal, no dista mucho de lo que sus compañeras dentro de la Coordinación opinan. La participación no es recíproca y solo proviene de la necesidad de información de la comunidad, presionando a la empresa para poder estar al tanto de los avances dentro del proyecto. Asimismo, la inversión de 220 millones de dólares, traducida en 176 mil millones de pesos, llega en pos de la reactivación económica de la región del Biobío, pero inyectando dineros estatales directamente hacia la empresa privada. 

De esta forma, la priorización de la esfera privada por sobre la salud de la ciudadanía genera cuestionamientos para las y los residentes, con un Gobierno que nuevamente opta por una contundente inversión en sectores que no atacan el problema de fondo ocasionado por la pandemia. 

Ahora bien, analizándolo desde el núcleo privado, la retribución monetaria una vez terminada la construcción del puente y el túnel significaría la utilización de trenes de carga forestal donde estas empresas se alzan como las principales beneficiadas. Al respecto, Felipe Sarzoza observa con desconfianza tal actuar: "Este recambio justo llega con la ampliación del proyecto mapa y el punto de partida de la empresa es que el puente va a ayudar a descongestionar la ciudad y será trascendental para transportar pasajeros. Nosotros no lo vemos así, porque casualmente el puente tiene la misma capacidad de carga que la producción del proyecto MAPA".

Sin embargo, no existe una retribución monetaria ni benefactora de EFE hacia los y las pobladoras del sector. Albornoz comenta que, en conjunto al túnel y al puente, solo ofrecen la reparación de una calle ubicada hacia Lorenzo Arenas próxima a un sitio eriazo ocupado por la municipalidad para almacenar vehículos con partes municipales. 

COSTOS SOCIALES Y AMBIENTALES EN SECTOR PEDRO DEL RÍO

De la mano de la nula participación ciudadana y el inexistente feedback por altos mandos del proyecto, los costos sociales y ambientales se enmarcan como posibles consecuencias de la intervención. No sólo existe una continua marginalización hacia el barrio y sus pobladores/as, sino también un daño profundo e irreversible al ecosistema del cerro Chepe. Anyela Albornoz explica que, según un estudio medioambiental realizado, solo existe una especie que genera preocupación, pues está en peligro de extinción.

Al consultarle por las demás criaturas que habitan la localidad, comenta que son tomadas como daños colaterales del proyecto, por lo que no son una razón de peso para frenar su tramitación. Eso sin mencionar las posibles plagas que eventualmente podrían afectar a vecinos tanto por el proyecto como por el soterramiento de línea férrea en el sector, además de la contaminación acústica presente por la línea de tren contigua a las casas del lugar. "Hoy vivir en Pedro del Río ya es difícil, porque la frecuencia de los trenes con los que convivimos es super alta y el proyecto va a triplicar la cantidad de trenes cuando el túnel esté habilitado. Si ya estamos comiendo humo, comiendo ruido y vibraciones constantemente, esto solo llega a empeorar y agudizar aún más nuestra calidad de vida". 

Tal como advierten en la declaración "Puente y túnel ferroviario en el Cerro Chepe: El derecho a la desconfianza y a la negación después de una historia de violencia estatal", la posible ocupación de su territorio por razones empresariales solo es una más en la lista de vulneraciones del Estado y las empresas hacia el espacio histórico. 

Desde la marginalización de su gente hasta la dicotomía de un Concepción industrial y en pleno auge comercial, próximo a un sector golpeado por la delincuencia y abandonado a su suerte, la predilección por la invasión privada es una historia vieja para las y los residentes de Pedro del Río. 

Sin embargo, se levantan en conjunto para reclamar el territorio que por años les costó construir y del cual sienten una conexión porque no sólo representa sus historias de vida, sino la de los y las obreras que se tomaron los sectores periféricos de la ciudad debido a la falta de oportunidades propiciada por un país que favorece al rico y empobrece y margina, aún más, al pobre.