[resumen.cl] Los funcionarios irrumpieron en los departamentos buscando firmas de autorización para la ejecución de un presunto estudio de suelos y posterior proyecto de mejoramiento del complejo habitacional. Este sería el noveno intento por reparar las serias deficiencias e irregularidades de la construcción que benefició a afectados sin vivienda del 27/F.

Frente a lo acontecido este jueves, 19 de octubre, la directiva del Lote 6 del conjunto de departamentos sociales Mirador del Pacífico, de Talcahuano, manifestaron su total rechazo ante la prepotencia de las que fueron víctimas durante aquella tarde, además de sentirse despreciados por las autoridades de vivienda de la región del Biobío, Jaime Arévalo, Seremi de Vivienda, y María Gajardo Salazar, directora regional del Serviu Biobío.

Según relataron a Resumen, Luisa Pedreros, vicepresidenta, y Luis Riquelme, presidente del comité, fueron diez funcionarios del Serviu escoltados por una patrulla de Carabineros con seis efectivos y dos de civil, lo que sin previo aviso llegaron al lugar solicitando las firmas, engañando incluso a personas que no son los beneficiarios directos del Plan de Reconstrucción Nacional, de donde se desprendió el proyecto habitacional entregado en mayo de 2013 y que desde un comienzo ha presentado fallas.

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En definitiva, lo que las y los pobladores siempre han exigido es el «establecimiento de soluciones concretas, a través de salidas de aquellas familias que han manifestado su decisión de irse; y la realización de un peritaje técnico, para aquellas familias que decidan quedarse (con alguna entidad objetiva y de competencias externas al Serviu Biobío), para dar respuesta en cuanto a la habitabilidad de las viviendas respecto de riesgos a la salud, serviciabilidad, riesgos estructurales, estabilidad de taludes, asentamientos, características del suelo y sistema de fundación, entre otros».

A la fecha, los departamentos han sido sometidos a ocho programas de reparación, los que «postergan aun más el sufrimiento de nuestras familias, debido a la desidia y negligencia del personal del Estado y de las empresas a quienes se ha encargado las labores de reparación». El vigente plan que se ejecuta desde 2016, y que considera cuatro etapas que finalizarán en marzo de 2018, tendría un costo proyectado de más de 8 mil 800 millones de pesos, ante lo que los pobladores consideran que lo que han visto » no están a la altura de los recursos otorgados, ni en una solución real y definitiva», cita el relato.

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De esta forma, a más de cuatro años de la entrega de dichos departamentos, Luis y Luisa denuncian que han sido objeto de diversas anomalías, desprotección y discriminación del Ministerio de Vivienda y del Servicio de Vivienda y Urbanismo. Y a que «pese a los intentos de las autoridades de invisibilización, discriminación, represión y preferencia por el trabajo con algunos dirigentes de lotes del sector, convirtiendo el derecho el derecho a la vivienda digna segura y de calidad en una mercancía, seguiremos en busca de los mecanismos necesarios para materializar las soluciones que queremos a partir de la lucha social».

Funcionarios saliendo del lugar