Un funcionario del municipio de Mulchén, en la región del Biobío, debería estar cumpliendo una condena de inhabilitación para acceder a cargos públicos. Sin embargo, información obtenida por SABES revela que la administración municipal entrante lo contrató como parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) en diciembre de 2024.

El caso se remonta a agosto de 2022, cuando el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara sentenció a Álvaro Vergara Colin por los delitos de cohecho y falsificación de instrumento público. Según la Fiscalía, Vergara cometió estos delitos en 2016, aprovechando su cargo para verificar actividades tributarias y autorizar irregularmente el timbraje de facturas. El tribunal acreditó su participación como autor de ambos delitos en calidad de consumados.

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Mediante un procedimiento abreviado, Vergara admitió su responsabilidad. Como resultado, fue condenado a 540 días de presidio menor en su grado mínimo por cada delito. Adicionalmente, se le impuso una multa de $400 mil a pagar en 10 cuotas, cuya cancelación continuaba en curso hasta 2024. Entre las penas accesorias, se incluyó su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años.

Pese a esta condena, dos años después, el alcalde José Miguel Muñoz (Partido Republicano) aprobó su ingreso como profesional en la Dideco del municipio. El 11 de diciembre de 2024, Vergara fue contratado a contrata en el grado 9 del escalafón municipal.

La revelación de esta contratación generó polémica y cuestionamientos hacia la administración local. Ante la publicación de esta información, el municipio de Mulchén emitió una declaración oficial.

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"Frente a los cuestionamientos de los nombramientos de personal municipal realizados por el Municipio, estos se han realizado en conformidad a la normativa vigente, cumpliéndose los requisitos exigidos y teniendo a la vista los antecedentes idóneos al respecto", señaló el comunicado.

No obstante, expertos en materia legal han planteado dudas sobre la legitimidad de esta contratación, considerando la inhabilitación vigente. La situación también ha despertado preocupaciones éticas y preguntas sobre la transparencia en los procesos de selección de personal en el municipio.