En primera instancia, la formalización se efectuaría el pasado 9 de octubre, siendo aplazada hasta este lunes por el Juzgado de Garantía de Concepción. El Ministerio Público persigue los delitos de fraude al Fisco y lavado de activos dentro de la arista Bonhomía, fundación implicada en el Caso Convenios que recibió más de $350 millones por parte del Gobierno Regional del Biobío para ejecutar el programa «Política regional para promover el bienestar Biobío vive sano».

Once personas fueron formalizadas este lunes, entre ex funcionarios públicos y personas naturales, en el marco de la arista Bonhomía, que, como en la mayoría de los casos que han implicado la entrega de platas públicas a fundaciones, tiene como protagonista al GORE comandado por el saliente Rodrigo Díaz Worner.

Sobre la arista bonhomía, la Fiscal Regional del Biobío, María Cartagena, explicó que, «para poder obtener dineros que salgan dineros en el concepto de los convenios, dineros públicos para invertir en convenios, tiene usted que tener una corporación o fundación sin fines de lucro con un mínimo de más de 2 años de existencia y estas personas no la tenían».

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Fue en julio de 2023 que los entonces concejeros regionales, Camila Arriagada y Javier Sandoval ingresaron una denuncia en Contraloría por la asignación directa de recursos desde el Gobierno Regional del Biobío a fundación Bonhomía sobre la que no hay constancia del desarrollo de las actividades del programa «Política regional para promover el bienestar Biobío vive sano», por el que se transfirieron $365 millones.

Querella del CDE contra Bonhomía

A esta acción hay que agregar la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, que detalla que, en agosto de 2022, habría sido el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, el exfuncionario Marcos Loyola, quien ejercía como contraparte técnica del convenio y el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE, Simón Acuña Medina, habían autorizado un considerable aumento del presupuesto inicial para dicho proyecto, que era cercano a los 90 millones de pesos.

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La misma querella apunta al arriendo de la fundación Bonhomía por parte de los hermanos Luis Pavón Hidalgo y Jorge Mizón Hidalgo, quienes habrían acordado con el director de la entidad, Osvaldo Reinoso, por el 3% del monto del financiamiento del proyecto.

Sobre esta línea, tras la audiencia de formalización, la fiscal Cartagena agregó que, «se produjo esta conexión para captar a alguien que sí la tenía, en definitiva, todos sabiendo que iba a ser usada para aparentar que se cumplían los requisitos que realmente no se cumplían».

Sobre el presunto delito de lavado de activos, la funcionaria detalló que «se colocan estos dineros obtenidos con un delito en el sistema bancario formal para que tenga esa apariencia de dinero lícito».