Por Juan Contreras Jara

Solicitando la restitución del Artículo N°1 del Decreto de Ley 321, que regula la Ley de Libertad Condicional de la población carcelaria en Chile, iniciaron este lunes una huelga de hambre indefinida nueve presas y presos políticos en distintos penales de Santiago.

Se trata de Juan Flores, Joaquín García, Francisco Solar y Marcelo Villarroel, recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad, Mónica Caballero en la cárcel de Mujeres de San Miguel. Por su parte, los presos políticos del Estallido Social Pablo Bahamondes, José Ignacio Duran, Tomas Gonzales y Gonzalo Farías en el penal provisorio Santiago 1.

A través de la promulgación de la Ley 21.124, en vigencia desde el 18 de enero de 2019, el Ministerio de Justicia y DDHH modificó el acceso a la libertad condicional de las y los presos en nuestro país y lo redefinió como un beneficio quitándole su esencia de derecho.  El proyecto estuvo a cargo de los senadores Felipe Harboe (DC), Pedro Araya Guerrero (ex DC, actual PRI) y los exsenadores Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN).

Esta ley es la que más ha reformado el DL 321 en los últimos 22 años, desde su promulgación en 1925. Otra de sus características implica la participación directa de Gendarmería en la elaboración de informes psicosocial que acrediten su posible reinserción social. Además, se aumentó de tres a cuatro los bimestres de exigidos de "muy buena conducta" para optar al ahora beneficio, entre otros.

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Mónica Caballero y el resto de los presos políticos, ya sea subversivos o del Estallido Social, iniciaron la huelga de hambre alegando absoluta intencionalidad en esta reforma al decreto. La Ley 21.124, iniciada y trabajada por moción parlamentaria, estaría operando con finalidades políticas, declararon por medio de un comunicado las personas movilizadas desde distintas prisiones en Santiago.

En éste señalan que "esta modificación endurece de forma considerable la posibilidad de acceder a la llamada libertad condicional extendiéndose en algunos casos por décadas- afectando a un gran número de personas presas que ven como su condena se hace perpetua".

En el mismo comunicado denunciaron la situación del preso político Mauricio Villarroel, quien pese a haber cumplido casi 25 años en prisión, recién podría optar a este beneficio en 2036. "Al Estado no le bastó sus extensas condenas impuestas, esta vez legitimó y fortaleció nuevos ordenamientos jurídicos abalando las condenas de la antigua y pútrida justicia militar, modificando los plazos de postulación de Marcelo que correspondían a 2019", puntualizó la declaración pública.

También se refirieron a la instrumentalización que ha hecho el gobierno en funciones de Sebastián Piñera de la prisión preventiva como una condena anticipada, para las personas que se movilizaron a lo largo del país durante el Estallido Social. "Negando presunción de inocencia durante los plazos investigativos los trata como culpables, imponiéndoles prisiones preventivas extensas incluso hasta el momento de ser condenados".

La difícil situación que viven hoy estas nueve personas en huelga de hambre se suma a la ya compleja realidad de las y los presos políticos mapuche y del Estallido Social, que dan cuenta de la crisis que vive el aparato judicial en Chile y de su utilización con finalidades políticas.

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