La investigación sobre ProCultura representa la arista con mayores recursos públicos involucrados en el "caso Fundaciones" y que contempla indagaciones a casi una veintena de estas instituciones y sus directorios, los cuales sostuvieron múltiples convenios con reparticiones públicas de diversas coaliciones políticas.

Por Joaquín Pérez

El caso de ProCultura nos da muchas lecciones con respecto a cómo operan quienes forman la elite nacional, en una engorda sin límites propia del neoliberalismo y su Estado subsidiario, por sobre las alternancias bipardistas. Todo ello mientras acumulaban diversas denuncias de trabajadoras/es.

Esta disuelta fundación llegó a la región del Bíobío el año 2012, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, nada menos que a Lota símbolo del patrimonio obrero-industrial. No será hasta la segunda administración de Piñera que ProCultura alcanzara mayor relieve en nuestra región, con Emilio de la Cerda como subsecretario del Patrimonio del recién inaugurado Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En ese entonces Sebastian Larraín era casado con Josefina Huneeus, hija de Marta Lagos, quien es hija de Marta Cruz Coke, directora de la Biblioteca Nacional y la DIBAM durante los gobiernos demócrata cristianos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Marta Cruz Coke, que en dictadura dirigió y asesoró colegios de la elite santiaguina (La Maisonnette y Saint Georgees) es tía de Luciano Cruz-Coke, Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes durante el primer gobierno de Piñera, desde donde se ingresó el proyecto de ley que creó el Ministerio de las Culturas y el Patrimonio.

Así, Fundación ProCultura recibió fondos fiscales muy superiores a instituciones históricas de la antigua DIBAM, en una proceso de privatización del patrimonio, que no solo sufrió esta región, sino que muchas más a los largo del país, llegando a su apogeo en los inicios del actual gobierno de Gabriel Boric, cuando Sebastian Larrain hacía gala de poseer numerosos amigos, incluido el propio presidente de la república y que hoy sabemos figuraba en la lista de los posibles ministros del primer gabinete, sin haber sido propuesto por ninguno de los partidos del bloque de gobierno.

De este modo esta elite capitalina se erigió como la gestionadora de iniciativas patrimoniales y diversas regiones, incluida la del Biobío. Resulta vergonzoso que el ex gobernador, Rodrigo Díaz, empujara la creación del Partido Regionalista de Chile para presentarse a las elecciones que le otorgaron el cargo, para luego dirigir la Gobernación que más dinero entregó a Procultura en todo Chile, sin que una proporción cuantiosa de este aún no se conoce cómo fue usada ni tampoco ha sido restituida.

La prensa decente

En particular, la filtración de mensajes entre la ex esposa del director de Pro Cultura con el presidente Gabriel Boric hizo saltar todas las alertas en el gobierno y vino a poner en la agenda publica nuevamente a esta fundación hoy disuelta. Ante la inoperancia de la justicia en materias que involucren al poder económico-político, la prensa se ha erigido como el único mecanismo de posible sanción moral ante la opinión pública.

Desde hace años, todos los escándalos relevantes de este país no son denunciados por órganos del Estado, policías, fiscalías ni tribunales, sino por un contado número de medios que se dedican al periodismo de investigación y que fiscalizan el uso de recursos públicos. Los miles de millones que el Estado gasta en organismos investigadores y sancionadores no sirven de mucho, ni hablar de políticos profesionales pagados para cumplir labores de fiscalización como concejales, consejeros regionales, diputados o senadores: todo eso es plata perdida. Un puñado de periodistas destapan la creciente corrupción en todos los órganos del Estado.

Ciper Chile por ejemplo, goza de mucho mayor prestigio y validación en este país, que La Moneda, el Congreso, la Corte Suprema, la Fiscalía Nacional o las policías. Hemos naturalizado que las instituciones de este país estén contaminadas por la corrupción y que exista total impunidad en esta materia, y ante ello el trabajo del periodismo de investigación parece acabar nada más que en un antecedente para ser usado a futuro, cuando estos hechores decidan reaparecer y la prensa empresarial corra para darles visibilidad y legitimación.

Balance

El patrimonio cultural del país y la memoria histórica de un pueblo solo puede ser promovida a través de mecanismos transparentes y públicos. Su tercerización sólo ha propiciado la ocurrencia que situaciones como las que conocemos con ProCultura y mancillan cualquier intento de salvaguarda y valoración del propio acervo cultural de nuestras comunidades. Es imperante colocar fin a los negocios montados en el Estado subsidiario, es urgente retirar el cebo de este puñado de sujetos que lo tienen de fuente de engorda.