Este fin de semana se divulgó la noticia del cierre de la Fundación ProCultura, involucrada en los escándalos del denominado "Caso Convenios" o "Caso Fundaciones". 24 horas antes de auto disolverse la fundación, en una acción para la galería, el gobernador regional del Biobio, Rodrigo Díaz, demandó la devolución de recursos no rendidos por dicha fundación, en uno de los proyectos que el GORE asignó para los años 2023-24, cuyo monto ascendía a más de 2 mil 500 millones de pesos y donde solo los montos no rendidos este año superan los $628 millones.

Este martes, La Tercera informaba que las cuentas de la Fundación Pro Cultura estaban en cero, habían sido completamente vaciadas, por lo cual la reposición de dineros tanto al Gore Biobio y de los múltiples servicios, ministerios u otras instituciones estatales como CORFO, de las que ProCultura recibía constante financiamiento, serían, en la práctica, imposibles de recuperar.

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Hay quienes denuncian que las autoridades públicas actúan tardíamente, como el caso del Gore Biobio que presenta una denuncia apenas unas horas antes de que desaparezca la fundación Pro Cultura y sus cuentas aparezcan vaciadas por completo.  Hay quienes denuncian que los tribunales o Fiscalía retardan las acciones indagatorias, como allanamientos de oficinas o embargo de cuentas bancarias, pero como siempre, quienes realizan estas mismas denuncias son autoridades con capacidad fiscalizadora, que jamás realizaron acción alguna en dicho sentido y que emiten estas opiniones una vez que el desastre ya esta perpetrado.

Archivo Enacar en Lota

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Lo de Lota resulta especialmente ejemplificador. Pro Cultura no es la primera fundación santiaguina que llega a la comuna a hacerse cargo de este rico patrimonio obrero industrial de la ex cuenca del carbón. Otras ya lo han hecho antes y con el mismo desastroso resultado, sin embargo, el Estado, lejos de enmendar ante estos sonados fracasos, cada vez otorga más recursos y de forma licenciosa a estas "fundaciones", mientras toda la ex zona del carbón o la región minera, pierde su patrimonio a pasos acelerados.

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Resulta llamativo que los trabajadores de instancias históricas como la ex Dibam o el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) lleven ya más de 21 días de paralización, en este, el tercer Paro Nacional que le realizan al gobierno de Boric.

Y es que, extrañamente, quienes administran el Estado prefiere despilfarrar miles de millones de pesos en fundaciones privadas , en lugar de robustecer a las históricas instituciones que han acompañado el devenir de este país desde sus propios orígenes y que por lo demás, han dado prueba de su seriedad institucional y profesionalidad, a pesar de los exiguos recursos con los que funcionan.

Aquí tendría mucho que ver la relación de la subsecretaria del Patrimonio, Carolina Pérez y la directora de la Dipres Javiera Martínez, las que se han visto públicamente expuestas en el denominado Caso Fundaciones.

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Llego el momento que el Estado se haga cargo del patrimonio de las regiones, de los sectores populares, de las mujeres, de los pueblos originarios y no entregarlos a fundaciones privadas capitalinas, con una visión mercantil y elitista de la cultura. Menos aún, el patrimonio de la ex zona del carbón, cuna del movimiento obrero en el Sur en Chile, donde sus trabajadores lograron las más importantes conquistas sociales en el país en la histórica  huelga de 1920: Jornada laboral de 8 horas, pago en dinero de los salarios,  fin a las policías privadas de las empresas y fin al maltrato físico en el trabajo, luego de la masacre de 1907 en la Escuela Santa María de Iquique.

Consejos Obreros de la FOCH fueron la plataforma organizacional de los mineros durante la Huelga Grande (1920). Foto extraída del documental "Los puños frente al cañón" de Orlando Lübbert y Gastón Acelovici