Un grupo de profesores de derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, ideológicamente de derecha, señalaron que la propuesta de Constitución elaborada por los partidos políticos y liderada por José Antonio Kast, literalmente sabotea «constitucionalmente la prohibición penal del narcotráfico». Así de aberrante.
Por Alejandro Baeza
Este martes el texto íntegro de la propuesta de Constitución fue entregado al mandatario en una ceremonia en la sede del Congrego Nacional en Santiago, concluyendo también el trabajo del Consejo Constitucional, una alternativa creada por la clase política para salir de la crisis y contó con una gran hegemonía de la derecha y el partido ultraderecha de «republicanos», presidido por José Antonio Kast.
En este respecto, en una carta enviada a El Mercurio titulada «Nadie sabe para quién trabaja», los profesores de derecho de la muy conservadora Universidad Adolfo Ibáñez, Antonio Bascuñán, Rodrigo Correa, Samuel Tschorne y Javier Wilenmann, advirtieron que ésta hace «inconstitucional la penalización del narcotráfico» en Chile.
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En su primer párrafo indican que «La 'Constitución de la Seguridad' hace inconstitucional la penalización del narcotráfico. Así de desconcertante es la falta de cordura de sus redactores» esto último, en alusión al organismo con mayoría de derecha y ultraderecha.
A continuación, comentan que «en 1984, cuando se discutió ante el Tribunal Constitucional un proyecto de ley sobre tráfico de estupefacientes, se planteó la cuestión de si era conforme o no la Constitución la remisión que el proyecto hacía al reglamento para que determinara cuáles eran las sustancias estupefacientes».
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«El Tribunal observó que el anteproyecto que dio origen a la Constitución de 1980 exigía que la ley determinara 'expresa' y completamente el delito, pero que el texto final aprobado por la Junta de Gobierno sólo exigía -como sigue haciéndolo- que lo describiera 'expresamente'.
Eso permitió al Tribunal sostener que la Constitución no exige que la ley penal se baste a sí misma en todo aspecto, sino que es suficiente que describa en lo esencial la conducta delictual».
Por ello es que el grupo de académicos indica que «si se aprueba, 'La Constitución de la Seguridad' exigirá que la ley penal describa la conducta 'precisa y expresamente’». «Cualquier conocedor del derecho constitucional chileno advierte inmediatamente que se está transfiriendo a las multas que no son penas, el estándar hasta ahora a las penas y que se sube este último estándar al previsto por el proyecto de 1980», agregan.
No es que se despenalice el narcotráfico, sino que los abogados de traficantes podrían aprovechar esto para señalar que el delito por lo que sus defendidos han sido detenidos, no se encuentra especificado, por lo que podrían pedir su libertad. Además, traspasaría al Poder Legislativo la responsabilidad de legislar cada delito en específico, en un ecosistema tan dinámico como lo es el narcotráfico, añadiendo una burocracia absurda que sólo permitirá el crecimiento de la venta y consumo de drogas en nuestro país.
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En sus meses de trabajo, el Consejo Constitucional se caracterizó por proponer enmiendas extremistas y profundizar el actual modelo político, social y económico que fue impuesto en dictadura (tanto así que fue bautizada popularmente como kastitución), como proteger a las AFP, las Isapre y la privatización del agua; por lo que cuenta con un muy bajo apoyo y pocas probabilidades de ser aprobado, a pesar de los esfuerzos ingentes que actualmente están realizando los medios de comunicación para mejorar su imagen y promover el voto «A favor» para intentar dar vuelta el escenario.
Con todo y aquello, según la última encuesta Pulso Ciudadano, un 69,7% de las y los chilenos votará «En Contra», mientras que solamente 30,3% lo hará «A Favor».