El proyecto de tierras raras en Penco enfrenta una fuerte oposición social y múltiples rechazos ambientales, mientras la empresa Aclara Resources (REE UNO SpA) ha sostenido una política para mostrarse como «minería amigable» y respuesta a la cesantía en el Biobío.
Por Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA*
La empresa Aclara se presenta como una fuente sustentable y amigable con el medio ambiente, no obstante, sus acciones demuestran lo contrario. La oposición de las organizaciones sociales y la movilización de ellas en contra de la minera ha obligado a que la empresa cambie de imagen y se muestre lo más sustentable posible. Por lo anterior es que la empresa montó una planta piloto con la que promocionaron su proceso minero a la comunidad. Sin embargo, los registros que se difundieron sobre esta planta se concentraron en levantar una limpieza de imagen ante la consecutiva derrota que ha tenido el proyecto en al menos cinco ocasiones, entre 2016 y 2023.
Otra de las operaciones que ha utilizado la empresa para mejorar su imagen es la obtención de dos premios por su "compromiso de sustentabilidad"; uno de esos premios fue entregado por Business Intelligence Group y otro de SEAL Awards. Estas dos firmas son conocidas por entregar premios a empresas cuestionadas con un amplio historial en contaminación y vulneración de derechos a escala internacional. Así, Aclara ha buscado dar una impresión errónea de sustentabilidad, pese a sostener el mismo premio que poseen aquellas empresas con proyectos de alto impacto ambiental.
Si bien en sus redes sociales y en todos los espacios virtuales y presenciales en que la minera tiene vínculo con la población ha dicho que su proyecto no tendrá un impacto ambiental a gran escala, la realidad demuestra lo contrario. El proyecto minero pretende extraer una gran cantidad de tierra con retroexcavadoras, destruyendo el terreno y la capa vegetal hasta 30 metros de profundidad en un terreno cercano a las 200 hectáreas, instalando una planta que procesaría hasta 2.8 millones de toneladas húmedas, produciendo 3.100 toneladas húmedas de concentrado de tierras raras y procesando hasta 320 toneladas por hora.
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Pero no solo esto. La empresa ya anunció que esta consta solo de la "primera parte" del proyecto, por lo que posteriormente buscarían realizar un nuevo proceso de extracción ampliando los impactos al territorio. A todas luces, un fraccionamiento del proyecto que impide su correcta evaluación.
El impacto que generaría la intervención de la empresa en las áreas concesionadas sería catastrófico, tanto para la flora y fauna del territorio como para las personas que lo habitan y se relacionan con el mismo. No solo impactará la destrucción de hectáreas en un área determinada, sino además el traslado de elementos contaminados que son muy peligrosos para la salud, junto a amenazas de filtración de las napas subterráneas.
Como forma de limpiar su imagen, la empresa ha ocupado conceptos engañosos como "zonas de disposición" -en vez de hablar de relaves mineros- o "cosecha circular de minerales" -como si los minerales pudieran cultivarse, tal cual se hace con las verduras-. De igual forma, han planteado que recircularán agua y no ocuparían agua de los esteros; sin embargo, la empresa posee derechos de aprovechamiento de aguas en esteros de las comunas de Penco, Florida y Tomé. Pese a que se ha exigido su devolución, la empresa ha dicho que solo lo hará si es que el proyecto se llega a construir.
Por otro lado, en términos de trabajo, Aclara ha hecho referencia a un estudio realizado por la Universidad de O’Higgins que proyecta más de 2.000 empleos. Sin embargo, el cálculo utilizado en dicho estudio es sumamente engañoso. Acorde a información desarrollada por Fundación Sol, el cálculo posee profundas deficiencias en relación, entre otras cosas, al efecto multiplicador del empleo. De igual forma, Aclara hace poca referencia públicamente a que la mayor cantidad de trabajadores sería en los momentos de peak relacionados con la construcción de infraestructura, lo cual según su Estudio de Impacto Ambiental, sería de apenas dos años.
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*Extracto de documento elaborado y distribuido durante el año 2024 en el Gran Concepción