[resumen.cl] Ayer se conoció la decisión de la Constructora Valko S.A. de desistir del contrato "Construcción Parque Científico y Tecnológico de la región del BioBío - Fase I" (PACYT) que se adjudicó en diciembre de 2017, a través de la licitación pública ID 825-20-O117 a cargo de la dirección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la región del Bío-Bío.

La Constructora Valko S.A. ofertó 730 días y un monto de $13.438.615.371.- lo que excedía en un 24,5% el presupuesto, adjudicándoselo bajo el supuesto de que "podría" ser suplementado por el mandante. Es conocida la fórmula de aumento de obra en los contratos públicos que permite hasta un 25% del total y que casualmente cubre el rango adicional del mayor precio (ver acta de adjudicación).

Esta iniciativa, cuestionada por organizaciones sociales como la Unión Comunal de JJVV de Concepción, Coordinadora Cerro Alto Caracol, CODEFF y ambientalistas -por nombrar sólo a quienes han iniciado acciones directas de denuncia de vulneración de la Ley de Medio Ambiente ante la Contraloría Regional, Superintendencia de Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental, Fiscalía Regional por daño ambiental, Tribunal Ambiental y Corte de Apelaciones – provocó, provoca y lo seguirá haciendo, serías tensiones dado que se trata de la intervención de 255 há para urbanizar el "Loteo Fundo La Cantera y El Guindo" proyecto de urbanización que cuenta con Resolución de Calificación Ambiental Favorable (RCA) no así el proyecto "Construcción Parque Científico y Tecnológico de la región del BioBío - Fase I" que deberá buscar nueva empresa para que lo ejecute.

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El ORD. Nº421 del 7 mayo de 2018 de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Región del Bío-Bío, que responde la consulta formulada por la Presidenta del Consejo Regional (CORE) Flor Weise sobre la situación del PACYT, señala: "1. No existe en nuestros registros antecedentes sobre un Proyecto denominado "Parque Científico Tecnológico", lo que a esta Seremi y demás órganos de nuestra institucionalidad le competió analizar y pronunciarse en su debida oportunidad, fue sobre el proyecto denominado "Loteo Fundo La Cantera y El Guindo" cuya titularidad le corresponde a la Universidad de Concepción". (ver ORD. N°421). Es decir, el proyecto PACYT nunca obtuvo permiso ambiental.

La Constructora Valko S.A. abandona un proyecto por más de 23 millones de dólares aportados íntegramente por el Gobierno Regional (GORE) a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en plena crisis de empleo y las razones, al parecer tienen que ver con los atrasos y dificultades ambientales.

Recordemos que la Contraloría Regional no toma de razón del contrato MOP – Constructora Valko S.A. por no ajustarse a derecho (ver resolución Contraloría) retrasando un año su ejecución, finalmente, el proyecto se inicia en febrero de 2019. Pero no olvidemos que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) prorrogó la Resolución de Calificación Ambiental el año 2017 señalando que las obras habían comenzado.

Al poco andar el proyecto se le posponen recursos por reasignación de fondos debido al estallido social (se indicó) y ahora por razones de "carácter ambiental" y los retrasos mencionados sufre otro traspié.

Han trascurrido más de 9 años desde que la Comisión Regional de Medio Ambiente (no existía el Ministerio de Medio Ambiente) aceptó la solicitud de la Universidad de Concepción de retirar del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental la DIA del proyecto Parque Científico y Tecnológico Bío-Bío PACYT.

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Hoy los contextos son distintos y el proyecto -de prosperar- debe modificarse, someterse a un Estudio de Impacto Ambiental, promover la participación ciudadana efectiva y respetar la Zona de Influencia Ecológica de la Reserva Nacional Nonguén (futuro Parque Nacional) y el corredor biológico Parque Cerro Caracol - Parque Nonguén. Los intentos por mostrar al proyecto como el Silicon Valley chileno que cambiará la "matriz productiva de la región" (en dichos del Rector Carlos Saavedra) no han logrado su efecto. El PACYT está en la UCI.

Al vencimiento del Plan de Manejo que se debe tramitar en CONAF quien ya había advertido en la primera evaluación de la DIA realizada por el centro EULA de la UdeC lo inconveniente de usar como botadero de desechos forestales un ecosistema con especies nativas y cursos de aguas. Advertencia similar formuló la Dirección General de Aguas del MOP exigiendo la realización de un EIA dada la magnitud de la intervención de las cuencas. Es el mismo centro EULA el que ahora no podrá obviar estas realidades porque existen observadores alertas con genuina vocación ambiental.

Además, el Centro EULA no podrá hacer vista gorda al Decreto Nº15 del 14/7/2015 del Ministerio de Medio Ambiente que declara zona saturada por material particulado a la comuna de Concepción y otras de la Provincia (ver el Decreto N°15) dado que desde diciembre pasado se publicó en el Diario Oficial su reglamento permitiéndole entrar en vigencia.

Frente a las presiones ciudadanas, cartas públicas, funas en la UdeC, publicaciones en el medios de comunicación comunitarios, foros, conversaciones de autoridades universitarias del más alto nivel con académicos y ex alumnos destacados que públicamente declaran su oposición al proyecto en los términos planteados y en el lugar elegido, la UdeC en declaración pública del 10 de junio de 2019 señala, "...el proyecto Pacyt ha sido concebido y aprobado cumpliendo cabalmente con la planificación, ordenanza y normativa en el uso de suelo y condicionantes impuestas por los instrumentos de planificación territorial vigentes Plan regulador (PRC) y Plan metropolitano (PRMC). La Resolución de Calificación Ambiental (RCA), a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), se ha obtenido bajo las normativas y legalidad vigentes, y en cumplimiento estricto a las leyes ambientales".

Habrá que esperar un pronunciamiento oficial de los socios controladores del proyecto GORE y UdeC, lo razonable es que el proyecto se retire y de formularse uno nuevo se haga con estándares ambientales y evaluadores que no pertenezcan al holding dueño de la iniciativa. En el intertanto, continúan su trámite las denuncias en la Fiscalía y Tribunal Ambiental por el daño ambiental causado, que de probarse, deberá el titular del proyecto reparar.

Proyectos de alto impacto en las ciudades y ecosistemas deben ser dialogados con la ciudadanía y sometidos al escrutinio público, más aún cuando su financiamiento es íntegramente público y quien lo recibe es una universidad privada.

No es razonable pensar que amenazar especies en peligro crítico de extensión como el cangrejo tigre, alterar cursos de aguas, construir avenidas de doble vía por el cerro Caracol para conectar Pedro de Valdivia con el Valle Nonguén etc., pase inadvertido para la ciudadanía.