[resumen.cl] La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CchDH), querellante en el proceso penal seguido por delitos de Corrupción en contra de Sebastian Piñera Echenique, Jaime Mañalich Muxi, Enrique Paris Mancilla Y Arturo Zuñiga Jory, solicitó a la Fiscalía que tome declaración a cada uno de los querellados y se realicen diligencias ante distintas instituciones, además del levantamiento del secreto bancario de los acusados.

Según el escrito, la Comisión solicitó diversas diligencias a la fiscalía que investiga la responsabilidad que le cabe al presidente de la República Sebastián Piñera, el ex ministro de salud Jaime Mañalich, el ministro de salud Enrique Paris y el ex subsecretario de redes asistenciales Arturo Zuñiga, en los delitos de Fraude al Fisco, Negociación Incompatible, Trafico de Influencias, entre otros ilícitos, a objeto de avanzar en la investigación en curso que está tramitando la justicia.

La solicitud indica que se oficie a la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) y a la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional, al Servicio de Impuestos Internos, a la Fiscalía Nacional Económica, y al Consejo de Defensa del Estado, a objeto entreguen antecedentes relevantes sobe los graves delitos investigados.

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Además, solicitó se tome declaración a todos los querellados: el presidente de la República Sebastián Piñera Echenique, el ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich Muxi, al actual Ministro de Salud, Enrique Paris Mancilla y al ex Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zuñiga Jory.

Según la querella presentada las autoridades imputadas por estos delitos "habrían autorizado destinar recursos fiscales por sobre los $5 mil millones de pesos, en la contratación de residencias sanitarias en distintas regiones de nuestro país, no existiendo respaldos por dichas operaciones, o no siendo otorgados los servicios contratados, favoreciendo intereses particulares, entre otras irregularidades.

La existencia de hechos que pueden ser constitutivos de delitos de corrupción y delitos tributarios, entre otros, atentan contra la confianza pública y horadan las bases de una sociedad democrática, atentando de forma permanente el compromiso del Estado de garantizar y respetar los derechos humanos."

Finalmente, la parte querellante señala que "El Estado chileno, a través de todos sus órganos y Poderes, debe velar por el correcto, eficiente, eficaz y transparente uso y destinación de los recursos fiscales, resultando obligadas las autoridades públicas a responder por sus actos y omisiones en el ejercicio del cargo, en plena concordancia con el principio de probidad administrativa, responsabilidad civil y penal, y conforme la legislación local y los tratados internacionales vigentes, suscritos y ratificados por Chile.".