[resumen.cl] Por 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la acusación constitucional contra el imputado Sebastián Piñera por la compraventa de la minera dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. Ahora, será el Senado quien actúe como jurado, mientras se discute si debe ser suspendido de su cargo de presidente mientras dure el proceso.
La maratónica intervención del diputado Jaime Naranjo, que tardó 14 horas para leer 1300 páginas del libelo acusatorio, permitió conseguir el tiempo que se requería para que Giorgio Jackson pudiese salir de su aislamiento obligatorio como contacto estrecho de Gabriel Boric, contagiado de Covid-19, y así poder asistir hasta el Congreso para conseguir los 78 votos necesarios para aprobar la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, por el romper el principio de probidad y de anteceder sus intereses personal por sobre los de la nación.
Por lo que este segundo intento de acusar Piñera logró pasar la cámara baja, luego de lo vivido a finales de 2019 por motivo de las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante el Estallido Social, que fue rechazada en primera instancia durante su votación en la cámara.
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Esta vez, la acusación apunta a la compraventa de la Minera Dominga en en el paraíso fiscal Islas Vírgenes Británicas, tras la revelación de los Pandora Papers, particularmente la cláusula de la venta de el último paquete de acciones a su amigo personal, Carlos «Choclo» Délano a cambio de asegurar que el lugar donde se instalaría la minera no se transforme en una zona protegida.
Con este resultado, será entonces el Senado quién decidirá el destino final de la acusación que podría destituir por primera vez de manera legal a un presidente de la república de sus funciones, situación que se resolverá a partir de la próxima semana. Además, comienza la discusión procede la suspensión del cargo de presidente mientras dure el proceso, en caso de aplicarse, el cargo recaería temporalmente en el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.
Finalmente, cabe precisar que también existe una investigación penal en este punto a cargo de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, que tiene al presidente en funciones en calidad de imputado.