Hay derrotas que se anuncian mucho antes de consumarse. Derrotas silenciosas que comienzan  cuando una comunidad descubre que puede hablar, participar, deliberar e incluso votar, pero no  decidir. Cuando comprende que la soberanía que le atribuyen las leyes y los discursos oficiales  se desvanece en el momento preciso en que colisiona con intereses económicos considerados  superiores. 

Lo ocurrido recientemente en Penco con la aprobación de la explotación de tierras raras y la  insistencia en materializar la Ruta Pie de Monte en el territorio de San Pedro de la Paz y Coronel  no son hechos aislados. Constituyen expresiones locales de un fenómeno histórico mucho más  profundo: la subordinación sistemática de los territorios a una lógica de acumulación económica  que ha acompañado a Chile desde sus orígenes republicanos. 

La historia económica nacional puede leerse como una sucesión de ciclos extractivos. Primero  fue el trigo, luego la plata, el salitre, el carbón, el cobre, la pesca industrial, la celulosa y el  complejo forestal. Hoy se suman el litio, el hidrógeno verde y las llamadas tierras raras. Cambian  los recursos, cambian los mercados y cambian las tecnologías, pero permanece inalterable una  misma racionalidad: los territorios existen para abastecer las necesidades de los centros de poder  económico nacionales e internacionales. 

Esta condición no es accidental. Es la consecuencia de un modelo de desarrollo construido sobre  la exportación de materias primas y la transferencia constante de riqueza hacia actores  económicos concentrados. Lo que suele presentarse como una estrategia de crecimiento es, en  realidad, una estructura de dependencia que convierte a regiones enteras en zonas de sacrificio  destinadas a sostener procesos productivos cuyos beneficios se distribuyen lejos de los lugares  donde se producen sus costos sociales y ambientales. 

El Bíobío conoce bien esta historia. 

La provincia de Concepción fue durante décadas uno de los principales polos industriales del  país. Sin embargo, mientras la riqueza fluía hacia grupos empresariales y centros financieros,  numerosos territorios quedaron expuestos a contaminación atmosférica, degradación costera,  destrucción de ecosistemas y deterioro de las condiciones de vida de sus habitantes. 

Coronel representa una de las expresiones más evidentes de este fenómeno. La comuna ha  soportado durante décadas la carga ambiental derivada de complejos industriales, puertos,  termoeléctricas y actividades extractivas. Aunque el lenguaje institucional ha intentado  abandonar el concepto de "zona de sacrificio", la realidad material de sus habitantes continúa  reflejando muchas de las características que dieron origen a esa denominación. 

La discusión sobre la Ruta Pie de Monte debe entenderse en este contexto. 

Sus promotores argumentan que permitirá mejorar la conectividad y facilitar el desarrollo  económico regional. Sin embargo, toda infraestructura posee una racionalidad territorial.  Ninguna carretera es neutral. Las rutas no solo conectan lugares; también organizan flujos de 

mercancías, valorizan determinados suelos, favorecen ciertas inversiones y condicionan la forma  en que se ocupará el territorio durante las próximas décadas. 

La pregunta entonces no es únicamente si se necesita una nueva vía de conexión. La pregunta es  al servicio de qué proyecto territorial se construye. 

Los habitantes de San Pedro de la Paz observan con preocupación la posible afectación de  humedales, lagunas, corredores biológicos y sistemas hidrológicos que constituyen parte esencial  del patrimonio natural de la comuna. En Coronel, las inquietudes se relacionan además con la  presión creciente sobre ecosistemas ya fragilizados y sobre fuentes de agua cuyo equilibrio  resulta estratégico para el futuro de la población. 

No se trata de una discusión romántica entre naturaleza y progreso. Esa es una falsa dicotomía. Lo que está en debate es si el desarrollo debe continuar reproduciendo la lógica extractivista que  considera los ecosistemas como obstáculos a remover o si, por el contrario, es posible construir  formas de planificación territorial que reconozcan el valor ecológico, cultural y social de los  bienes comunes. 

El conflicto de Penco revela con especial crudeza esta contradicción. 

Cuando una comunidad expresa reiteradamente sus aprensiones respecto de un proyecto  extractivo y, pese a ello, las instituciones terminan favoreciendo su ejecución, emerge una  pregunta fundamental para cualquier democracia: ¿hasta dónde llega realmente la capacidad de  decisión de la ciudadanía sobre los territorios que habita? 

La crisis contemporánea no es solamente ambiental. Es también una crisis de representación. 

Amplios sectores de la población perciben que los mecanismos institucionales de participación  operan más como dispositivos de legitimación que como espacios efectivos de deliberación y  decisión. Se consulta a las comunidades, pero rara vez se les reconoce poder vinculante. Se  escucha su opinión, pero la decisión final permanece concentrada en estructuras políticas,  administrativas y económicas alejadas de la experiencia cotidiana de los habitantes. 

La consecuencia es una creciente sensación de desposesión democrática. 

Las personas observan cómo se decide sobre el agua que consumen, los humedales que protegen  sus barrios, los bosques que rodean sus ciudades y los paisajes que constituyen su memoria  colectiva, sin que su voluntad tenga una incidencia proporcional a los impactos que deberán  asumir. 

Frente a esta realidad, la respuesta no puede ser la resignación. 

Las grandes transformaciones democráticas nunca fueron concesiones espontáneas de las élites  económicas o políticas. Fueron el resultado de procesos prolongados de organización social,  construcción cultural y disputa por el sentido común dominante.

La defensa del agua, de los humedales, de las lagunas y de los ecosistemas que sostienen la vida  no constituye únicamente una demanda ambiental. Es también una lucha por la recuperación de  la soberanía ciudadana sobre los territorios. 

Por ello resulta imprescindible fortalecer las organizaciones comunitarias, exigir acceso  irrestricto a la información pública, promover evaluaciones independientes de los impactos  territoriales y construir propuestas alternativas capaces de disputar el monopolio técnico y  político que hoy poseen los grandes actores económicos. 

La cuestión de fondo es sencilla de formular, aunque difícil de resolver. 

¿Deben los territorios adaptarse indefinidamente a las necesidades de la acumulación económica  o debe la economía subordinarse a las necesidades de los territorios y de quienes los habitan? 

De la respuesta que demos a esa pregunta dependerá no solo el futuro de Penco, Coronel o San  Pedro de la Paz. 

Dependerá también el tipo de democracia que estamos dispuestos a construir. 

Porque cuando una comunidad pierde la capacidad de decidir sobre el agua que bebe, el suelo  que habita y la naturaleza que garantiza su existencia, no solo se degrada el medioambiente. Se  degrada también la propia idea de ciudadanía. / 

Centro Cultural Salvador Allende. 

Colectivo Carlos Barrientos. 

Coronel-Bío-Bío. 

17-06-2026.