Ambos funcionarios, tanto el representante del Poder Judicial de Copiapó, como el del Ejército de Chile, reconocieron su responsabilidad en los hechos de espionaje ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, lo que permitió alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la parte querellante, permitiéndoles así cumplir su pena en libertad. El trabajador de las comunicaciones perseguido fue Mauricio Weibel, investigador que destapó el bullado Milicogate, escándalo de corrupción que sigue dando coletazos al interior de la institución castrense.

Pese a haber sido condenados por una operación de espionaje ilegal que afectó a un periodista de investigación y a militares que denunciaban hechos de corrupción, el ex presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Poblete, y el ex director de Inteligencia del Ejército, general (r) Schafik Nazal, cumplirán una pena de cinco años de presidio bajo el régimen de libertad vigilada intensiva

Según consignó CIPER, la investigación acreditó que en 2017, ambos montaron un mecanismo para interceptar ilegalmente las comunicaciones del periodista Mauricio Weibel, quien en ese entonces investigaba casos de corrupción al interior del Ejército relacionados con el denominado Milicogate. Para obtener la autorización de las escuchas, utilizaron una orden judicial con antecedentes falsificados, reemplazando la identidad real del periodista por la de una ciudadana boliviana, a quien atribuyeron falsamente vínculos con actividades de inteligencia extranjera.

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Las interceptaciones también alcanzaron a otras personas que investigaban o denunciaban irregularidades dentro de la institución castrense, entre ellas el capitán (r) Rafael Harvey. Según los antecedentes reunidos por la Fiscalía, las acciones permitieron a Inteligencia del Ejército acceder de manera ilícita a conversaciones privadas de quienes impulsaban denuncias o difundían información sobre presuntos hechos de corrupción, vulnerando derechos fundamentales y utilizando recursos estatales con fines ajenos a la seguridad nacional.

Aunque el Ministerio Público había solicitado inicialmente penas de 20 años de presidio para ambos imputados, el reconocimiento de los hechos derivó en un procedimiento abreviado y en una condena que será cumplida fuera de la cárcel. Pese a lo acotada de la pena y su formato de cumplimiento, considerando la gravedad del delito, la fiscal Ximena Chong sostuvo que el acuerdo permitió asegurar una sentencia condenatoria y valoró la resolución.

Durante el juicio también se incorporó un informe elaborado por Global Freedom of Expression, de la Universidad de Columbia, que calificó el caso como una amenaza para la libertad de expresión y advirtió que el espionaje contra periodistas genera un efecto intimidatorio sobre quienes investigan asuntos de interés público.

En la misma línea, Mauricio Weibel, trabajador de las comunicaciones espiado por el Ejército, afirmó que la condena establece un precedente relevante al demostrar que quienes utilizan ilegalmente herramientas del Estado para perseguir a periodistas pueden ser declarados penalmente responsables, aunque en este caso la sanción se cumplirá en libertad.