Conversamos con Roberto Morales, vocero de Amnistía Internacional, por el último informe 2020-2021 emitido por la organización. Analizamos tanto los puntos presentes dentro del documento y su respectiva elaboración, como las políticas públicas mal empleadas de un Estado y un Gobierno que llega tarde, y negligentemente, a dar respuesta a las problemáticas que vive el pueblo.

Por Kathia Cancino Rojas

El Informe 2020-2021 de Amnistía Internacional contabiliza en sus filas a 149 países, donde documenta la situación de los derechos humanos en sus territorios. Para el caso de Chile, desde la organización enfatizan en la deuda de los poderes del Estado con la población, donde desde el 18 de octubre en adelante el gobierno ha funcionado bajo una lógica represiva que no escucha a sus contemporáneos.

Al respecto, conversamos con Roberto Morales, vocero de Amnistía Internacional Chile, donde analizamos tanto el informe como las responsabilidades políticas del Estado chileno en la crisis social que repercute a todo el territorio nacional. 

¿Cómo se realiza este informe de carácter anual y cuáles son las fuentes que ustedes utilizan?

El informe internacional se realiza todos los años hace más de 20, tiene informes de alrededor de 150 países y territorios y tiene una metodología validada por los organismos internacionales que trabajan en el ámbito de derechos humanos. En general usamos en la investigación información de carácter primario y secundario con metodología que nos sirve para levantar información en el ámbito de los derechos humanos. 

En el caso de Chile ¿Cuáles son los principales resultados que logran presentar?

Es una situación bastante particular porque estamos viviendo dos crisis, una que viene del 18 de octubre en el ámbito de los derechos humanos que no ha terminado y ha significado la violación generalizada de los derechos humanos por parte del Estado de Chile y particularmente una fuerza excesiva por parte de las fuerzas policiales.

Y ya en marzo de 2020 empieza la crisis sanitaria que ha generado una situación de enorme precariedad en la población que de alguna manera dan cuenta de los mismos elementos que aparecen en el Estallido Social de octubre (de 2019), un modelo económico y social que es extremadamente destruyente, débil desde el punto de vista de enfrentar o afrontar una situación de emergencia y que ha visto impactada mucho más a toda la población que tiene menor capacidad económica y que está en situación mucho más vulnerable. Donde existe un gobierno que a nuestro juicio ha generado una lógica de no escuchar a toda la ciudadanía y que ha significado un número superior a los 32.000 muertos y más de un millón de contagiados. 

Desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿Qué balance hay en el informe respecto de esta situación en Chile? 

Primero, el derecho a la salud es un tema fundamental en el ámbito de los derechos humanos, que está desde los inicios del punto de vista de la universalidad de derechos humanos y es el instrumento base que se usa en estos momentos.

Efectivamente el acceso a la salud ha sido un tema complejo en este tiempo, aunque hay que reconocer que en el caso de la vacunación hemos utilizado, como país, un aspecto bien interesante que tiene que ver con la salud pública y la salud primaria que ha generado un espacio mucho más adecuado para poder hacer una campaña de vacunación exitosa. Pero en términos normales, el acceso a la salud es bastante deficiente y normalmente está medido por la capacidad económica que (tú) tienes de acceder a un buen sistema de salud privado y, en este caso, la combinación entre un sistema privado y público ha funcionado, pero efectivamente ha generado una situación compleja para aquellos sectores más vulnerados de la sociedad. 

Pero el tema Covid no solamente ha impactado el tema salud, si no también la calidad de vida en general de los chilenos. Fíjate que hay un informe en el ámbito de la vivienda que dice que la cantidad de familias que viven en campamentos se ha duplicado en los últimos 12 meses, básicamente porque el impacto económico y social ha sido enorme y las medidas de apoyo desde el punto de vista económico y social han sido bastante poco adecuadas para el volumen de problemáticas que ha generado esta situación. 

Cuando se le dice a la gente que hay que quedarse en la casa en cuarentena pero no se les entregan los elementos materiales necesarios para subsistir se genera un problema complejo, y que tiene que ver con una serie de otros elementos que han ido impactando en el tema Covid. 

Además, nos parece importante mencionar que el personal de salud se ha visto afectado de manera importante; nosotros hicimos un estudio el año 2020 al personal de salud en el marco de una investigación que se hizo en todas las Américas, donde el personal de salud nos planteó las situaciones límites y precarias que tenían para poder efectuar sus acciones profesionales y este tema también tiene impacto en la población. 

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Hay un gran porcentaje de personas que no vivían en campamentos pero que ahora sí lo hacen y por ello se ha planteado la necesidad de una renta básica universal como una política que pueda aportar a las familias que atraviesan el confinamiento. Al respecto, ¿Qué antecedente o percepción creen que tiene esta política en un país como Chile donde es tan adverso poder acceder a las rentas básicas o los bonos del gobierno?

Si bien no estamos en posición de hacer una propuesta desde el punto de vista económico nos parece que cuando hay una situación de tal magnitud del punto de vista nacional, efectivamente el Estado tiene la obligación de asegurar los elementos básicos de subsistencia para las personas. Tiene el deber y la obligación de generar las políticas públicas para satisfacer las necesidades básicas de la población y estas son alimentación, viviendas, vestuario, el poder movilizarse y por supuesto la salud, que es lo fundamental. 

Y lo que el Estado debe hacer es entregar las ayudas que sean lo suficientemente adecuadas a las políticas que están implementando a la pandemia, que son las restricciones que ya conocemos pero también para que las personas puedan afrontar estas restricciones de manera adecuada. No solamente han aumentado los campamentos, sino que en las últimas semanas y, sobre todo, en la primera ola se vieron las ollas comunes que son un trabajo solidario de la población y ahora nuevamente resurgen porque claramente el Estado no ha llegado a tiempo para asegurar la protección en términos de elementos básicos para las personas. 

Si es una renta universal o es otra, tienen que establecerlo los tres poderes del Estado y hacerlo de una manera adecuada, pero el punto es la salud primero, las necesidades básicas y luego todas las cuestiones más económicas. 

¿Considera que el gobierno ha actuado mal o lento respecto de las medidas que sí se necesitaban implementar pero que, de alguna manera, son tardías? 

Hay un elemento transversal que ponemos en nuestro informe que parte desde el Estallido Social y de las violaciones a los derechos humanos en ese tiempo, y es que este gobierno tiene una lógica de no escuchar a sus pares en términos de las organizaciones de la sociedad civil, el parlamento e inclusive aquellas instancias que ellos mismos llaman a constituir como la Mesa Social del Covid, y que además establece una cierta lógica de cinismo en su planteamiento que viene desde el 18 de octubre en adelante y se ha visto complejizado aún más por la pandemia.

Muchas veces vemos al gobierno que hace declaraciones o toma decisiones que en la práctica parece que te hacen pensar que en Chile no ha pasado nada, que acá no se violan los derechos humanos, donde efectivamente creemos que hay una lógica que no permite incorporar la opinión de expertos, la sociedad civil u otros actores que debieran ser relevantes en la construcción de políticas públicas que se deben construir colectivamente y con la opinión de más personas para ser lo más pertinentes posibles. 

Nosotros hemos entregado muchos informes desde el 18 de octubre en términos de derechos humanos y de la crisis sanitaria y hacen más bien oídos sordos donde su lógica es de calificar y no entender que la sociedad se construye con la opinión de todos. 

En base a la lógica que el gobierno tiende a no escuchar, al inicio de este año se dio una grave situación respecto a la migración en Colchane, donde el gobierno movilizó funcionarios militares y policiales. ¿Cómo describirían ustedes la situación de la migración en Chile considerando  que recientemente se publicó una nueva legislación que la regula?

Esta es una situación bien contradictoria, donde en algún momento el mismo presidente invitó a ciudadanos de otros países a venir a Chile sobre todo de lugares donde las situaciones políticas y sociales son complejas y cuando vemos la reacción en el cotidiano, cuando suceden estos hechos, las reacciones del gobierno son contradictorias a esta invitación.

Lo que sucedió en el norte fue muy dramático porque uno podría pensar que más que migración están buscando refugio, y la búsqueda también está normada desde el punto de vista del derecho internacional y el tratamiento que se le dio fue simplemente contraponer la fuerza policial y militar y controlar esa movilización, más que generar los mecanismos necesarios. De hecho, en ese mismo momento las autoridades del poder local se quejaban porque no hubo ningún diálogo con las autoridades locales para enfrentar aquello.

Respecto al segundo punto, la ley que se promulgó nos preocupa sobremanera, si bien tuvo que ser modificada por solicitud ante el Tribunal Constitucional, todavía es una ley que a nuestro juicio deja muchos espacios para la discrecionalidad que es un dato muy relevante cuando se trata de la migración.

Además, el gobierno de Chile no quiso adscribirse al pacto mundial de migración, pero por otro lado tiene un discurso donde dice que hay que hacer una migración ordenada y segura, pero es muy contradictorio que no quiera asumir un pacto que está acordado internacionalmente en el marco de las Naciones Unidas. Entonces ahí hay una situación donde los discursos y las prácticas tienden a ser muy contradictorias.

La discrecionalidad, -desde el punto de vista de las acciones administrativas-, nos deja a una autoridad que dice que la expulsión por razones administrativas o por funcionarios administrativos, tienen que ser más fáciles y a nosotros nos parece que internacionalmente todas las expulsiones tienen que ser por razones judiciales y no por funcionarios o instancias administrativas porque eso genera una discrecionalidad que normalmente perjudica a las personas afectadas. Y el otro elemento que proponen como algo positivo es esta rigidez para poder cambiar tu situación migratoria, donde llegas como turista y no puedes hacer el cambio a una situación distinta, aún cuando sí puedes conseguir trabajo en el país. 

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Recientemente se dio una situación vivida con el Instituto de Salud Pública (ISP) donde como mujeres nos vemos constantemente afectadas por una vulneración recurrente de nuestros derechos, pero que debido a las presiones externas se adopta una lógica de "esto nunca pasó". Como institución, ¿Qué propuestas o recomendaciones existen de parte para afrontar estos escenarios vulneratorios?

Lo que tu señalas es la norma de conducta de este gobierno, hace cosas o deja de hacerlas y después actúa como que nada ha sucedido. Y en general, hay una situación que siempre está al límite o pasa los límites, pero la lógica de funcionar del gobierno genera una cierta complicidad que baja el perfil. En todos los aspectos señalados hay normas internacionales que pueden ser usadas por los países y por los Estados en términos de su normativa. 

Pero en el fondo lo que hace el gobierno y el Estado de Chile es simplemente no escuchar ni avanzar en una alineación entre sus normas internas con las normas de convenios (internacionales) que están firmados tal y como debería ser su obligación. 

– Ahora, esta violencia hacia las mujeres y disidencias persiste y se ha visto incrementada en el contexto de la pandemia, ¿Qué balance realizan ustedes y qué propuestas para políticas estructurales conocen para poder paliar las situaciones de violencia que se viven día con día?

Lo que más ha marcado desde el 18 de octubre en adelante y todo el 2020 ha sido la fuerte represión hacia aquellos que disienten políticamente del gobierno. En nuestros informes del 2019 y 2020, lo que nosotros planteamos es que la política del Estado de Chile está pensada en castigar a la disidencia, cosa que fuera un desincentivo para que la gente no siguiera protestando por sus derechos. De hecho, efectivamente las políticas van a castigar a las disidencias para inhibir su participación y eso se ha visto en todo ámbito, por ejemplo en la fuerza policial absolutamente desproporcionada 

– Ahora, al respecto de los pueblos originarios ¿Qué elementos de la discusión política han podido encontrar presentes en este conflicto y cómo se les puede dar una salida efectiva? 

Hace mucho tiempo que hemos presentado que la situación de los pueblos indígenas necesita un planteamiento y solución que son de carácter político. Cuando simplemente se quieren generan elementos de represión o militarización de la zona son situaciones que no funcionan.

Aquí se necesitan diálogos políticos para solucionar la situación de buena manera, y que es una situación que no viene solo de este gobierno sino que de antes y que al no enfrentarlo de esa manera crea una responsabilidad enorme, porque ya sabemos lo que sucedió cuando en este gobierno se intentó aumentar el control policial y blindar con Carabineros, con el Comando Jungla, donde hubo muertes y abusos, y esto no es una solución adecuada para un problema de este tipo.

Por otra parte, hay mucha experiencia a nivel internacional de cómo los países que tienen pueblos originarios han logrado llegar a acuerdo con mayores espacios políticos, aunque debemos reconocer eso sí, los escaños reservados que salieron en las discusiones y conversaciones de la Convención Constituyente.

Pero en Chile nosotros tenemos el Convenio 169 de la OIT que internacionalmente ha dado muchas luces y elementos para que los Estados puedan vincularse con los pueblos indígenas. Por ejemplo, la participación política a nivel de distintos estamentos políticos está dentro del Convenio, el reconocimiento de las tierras y de su cultura. Hay una serie de elementos que hay que trabajar, pero para eso se necesita una frase que es muy cliché, pero que es la voluntad política para hacer cambios fundamentales en la evaluación que tienen los pueblos indígenas con el Estado de Chile.

Si seguimos con la lógica de criminalizar la protesta legítima de los pueblos, vamos a terminar como siempre, con mucha más violencia y represión y no vamos a avanzar en una solución que sea duradera y adecuada. 

Sobre esta voluntad política que menciona, existe un mecanismo de impunidad que se eleva desde el Estado para con las policías y los agentes del Estado. En ese sentido ¿A quiénes pueden atañer estas responsabilidades?

Todos estos asuntos son responsabilidad del Estado, que tiene que hacerse cargo de todas las situaciones que suceden en nuestro territorio pero, sobre todo, ante una situación de tal gravedad de impacto que ha tenido en personas, comunidades, de la calidad de vida, donde se han perdido vidas y se han generado pérdidas económicas por un conflicto que tiene dimensiones que tienen que ser asumidas con políticas de Estado, y lo que sucede en Chile es que las políticas de Estado no existen porque salen de los gobiernos, donde viene un gobierno nuevo y las cambia y el poder legislativo no tiene la capacidad de generar legislaciones que puedan ayudar a eso.

Cuando los gobiernos criminalizan a los pueblos indígenas y les aplican leyes que están deslegitimadas internacionalmente, como la Ley Antiterrorista o Ley de Seguridad del Estado, a todas luces no tienen los estándares necesarios para ser aplicadas y nosotros hemos puesto denuncias permanentemente sobre ello.

Cuando los juicios pierden cuestionamientos importantes en el debido proceso, tú vas generando un ambiente muy complejo, cuando las policías hacen montajes que después se caen al poco tiempo, las escuchas telefónicas o el tomar detenidos a dirigentes del pueblo mapuche o la muerte de Camilo Catrillanca, donde se creó un escenario que no era, todo esto hace que se vaya generando un ambiente que es muy difícil de solucionar si no se hace una propuesta de Estado que pueda considerar todas las variables. Es de esperar que con la construcción de una nueva Constitución pueda aparecer elementos centrales para la construcción de una nueva sociedad.

– La vulneración de los derechos de la naturaleza y los derechos sociales van de la mano con el modelo chileno ¿Han podido sistematizar un análisis sobre esta situación? ¿Existen salidas concretas a esta?

Efectivamente es un modelo de sociedad que en sí mismo es vulnerador de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque es un modelo de sociedad que en el ámbito puro de sociedad, las personas son vulneradoras de los derechos más fundamentales como lo son la salud, la vivienda, el acceso a elementos que ayudan a tener una calidad de vida mejor como la cultura. Por otro lado, es un modelo que en el tema de los derechos ambientales es tremendamente vulnerable, porque genera una política de la industria sin ningún límite.

Sabemos que hoy en día hay regulaciones que limitan la empresa por el tema ambiental, pero tenemos también empresas que funcionan permanentemente en aquellos lugares que son las llamadas zonas de sacrificio, donde los elementos de la industria impactan de tal manera la calidad de vida de las personas que les generan incluso enfermedades crónicas. 

Sobre respecto al tema del agua, donde creemos que se está jugando un aspecto fundamental de la vida de nuestra sociedad donde existen casos como el de Petorca u otros lugares, donde las familias ni siquiera tienen agua para satisfacer sus necesidades básicas y miles de metros cúbicos de agua se destinan a plantaciones de palta. 

Por ello, efectivamente existe un modelo que ya está agotado y nosotros hemos dicho que desde el Estallido Social, cuando uno empieza a analizar los elementos centrales y lo que allí se puede resaltar, es que el Estado de Chile ha vulnerado permanentemente por 30 años los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales.

Hoy día no solamente se han burlado los derechos civiles y políticos que en la dictadura violó de manera sistemática, sino que es una sociedad que ha construido un modelo que es vulnerador en sí mismo de los derechos humanos, y eso es lo que tenemos que cambiar de manera rápida, construyendo colectivamente un modelo de sociedad que sea más bien un garantizador y no un vulnerador de los derechos humanos.

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Fotografía principal: ATON | Cooperativa