[resumen.cl] Amnistía Internacional presentó hoy el informe "Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social", en que se apunta directamente al general director de Carabineros, Mario Rozas así como el subdirector, Diego Olate, y el director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez como los responsables de los casos de violación a los derechos fundamentales durante las manifestaciones en el Estallido Social, los que deben ser investigados por la justicia chilena, y cuestiona las acciones del gobierno de Piñera en la materia.

El informe de la ONG internacional sostiene que que "la cadena de omisiones de los mandos estratégicos, como el general director, el subdirector o el director de DIOSCAR, lejos de ser fortuita, fue deliberada o como mínimo culposa por negligencia reiterada", lo que debería ser "dilucidado por la justicia chilena". El nuevo informe denuncia además que la ausencia de sanciones disciplinarias y el apoyo a la institución por parte del Gobierno de Sebastián Piñera permitió que agentes involucrados en violaciones de derechos humanos «permanecieran en sus puestos» y «alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante».

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En declaraciones a la agencia de prensa española EFE, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, afirmó que "tenemos elementos de convicción de que dichos mandos (de Carabineros), a pesar de tener conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo sus subalternos, habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance para prevenirlas" para luego agregar que «lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social".

En este sentido, el informe es enfático en puntalizar que "si bien es cierto que se reportaron cuantiosos daños a la propiedad, así como lesiones a personal de Carabineros, la desproporción de lesionados, así como la evidencia casuística y de imágenes con respecto al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza de forma reiterada, sugieren que se pudo haber tratado de una política de Carabineros, y no de la responsabilidad de oficiales que actuaron aisladamente quebrantando las órdenes de sus superiores. Esta política, que habría venido desde los mandos superiores, habría supuesto asumir el daño a la integridad de las personas como un mal necesario para el restablecimiento del "orden público", castigar a quienes protestaban y cesar las protestas a como diera lugar".

Además, señalar la desproporcionalidad en la forma de actuar, el informe cuestiona los protocolos internos de la policía militarizada chilena. En este sentido, el afirma que "Amnistía Internacional considera que casos como el de Gustavo Gatica o Fabiola Campillai se habrían evitado, si los mandos estratégicos y operativos analizados, hubieran actuado con la debida diligencia en el marco de sus responsabilidades, tomando todas las medidas necesarias para prevenir violaciones del derecho a la integridad personal, entre otras", para luego concluir en un llamado "al Poder Judicial para procesar a todas las personas que pudieran ser responsables y en su caso juzgarlas con el fin de garantizar el acceso a la justicias de las víctimas y sus familias".

Si bien la investigación estuvo centrada en los casos reportados desde el Estallido Social, el informe señala que estás conductas no están circunscritas solamente este periodo, sino que forman parte de «un patrón constante e histórico que pone en evidencia la necesidad de realizar una reforma estructural y profunda de la fuerza policial».

El trabajo de AI incluye algunas recomendaciones, como la prohibición del uso de los balines TEC Harseim y de cualquier otra munición de efecto múltiple; prohibir los proyectiles de impacto que son inexactos o que impactan con una energía excesiva (como las balas de metal recubiertas de caucho), entre otras.

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Por otra parte, denuncia la ausencia de sanciones y el apoyo constante que ha recibido la institución uniformada por parte del Gobierno, señalando que este respaldo se refleja en que funcionarios involucrados en violaciones a los derechos humanos «permanecieran en sus puestos» y «alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante«.

«La actuación de Carabineros no habría sido posible si el Ejecutivo hubiese ejercido un adecuado control sobre la institución y, por ende, también se tienen que lindar todas las responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales hasta el más alto nivel del Poder Ejecutivo», aseguró la directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Revisa el informe completo a continuación: