[resumen.cl] En un nuevo gesto de deliberación e incumbencia, seis generales del alto mando de Carabineros, y uno en retiro, inculpados por Contraloría por graves faltas administrativas en el control del orden público durante las manifestaciones del Estallido Social, presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, aludiendo a que sólo Mario Rozas podría destituirlos.

Una investigación de la Fiscalía Institucional de la Contraloría que se inició luego de denuncias anónimas y de organizaciones internacionales de Derechos Humanos, tiene por las cuerdas a siete generales de Carabineros por su presunta responsabilidad administrativa en los procedimientos realizados por sus subalternos durante el Estallido Social.

Los generales Jorge Valenzuela, director Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Santiago Este; Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno, jefe de Zona de Valparaíso; Jean Camus, director de Logística; y Jorge Ávila, exjefe de Fuerzas Especiales de Carabineros, enfrentan un proceso por faltas administrativas en los protocolos utilizados para reprimir a la población en las manifestaciones del Estallido Social, hasta las el uso de gases lacrimógenos, por ejemplo, en recintos hospitalarios.

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La investigación se encuentra en la fase de formulación de cargos contra el Alto Mando y podría terminar con una amonestación a la hoja de vida o incluso la baja de la institución. Ello sumado a que los antecedentes podrían ayudar al Ministerio Público a esclarecer los hechos que revisten delitos y que podrían involucrar condenas contra carabineros.

Los siete oficiales pidieron suspender el proceso por el estado de excepción por la pandemia. Sin embargo, la semana pasada, presentaron en la Corte de Apelaciones de Santiago recursos de protección contra del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, la fiscal del ente, Doris Roa, y el fiscal instructor del sumario, Carlos Soto.

Bassaletti también pide una orden de no innovar para que se suspenda la tramitación del sumario, sus antecedentes se mantengan bajo reserva y que no se entreguen a nadie. Al igual que otros generales, dice que si ya fueron entregados a la fiscalía, debe ordenarse la "inmediata devolución". A su vez, pide que se condene en costas a la Contraloría, aludiendo una eventual falta de atribuciones del organismo.