Fue el 25 de agosto de 2021 que el juez Daniel Urrutia expuso en la subcomisión de DD.HH. de la Convención Constitucional, donde criticó duramente al ministerio Público y a sus colegas, según sus declaraciones, por avalar y justificar la desenfrenada represión desplegada por el gobierno de Sebastián Piñera durante el Estallido Social.

Por Juan Contreras Jara

El Tribunal de Honor de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados determinó sancionar al juez, Daniel Urrutia, quien, durante el desarrollo de la Convención Constitucional, criticó la labor del ministerio Público en cuanto a los delitos contra los Derechos Humanos durante el Estallido, apuntando a que los y las juezas eran cómplices de las mutilaciones y la violencia durante dicho periodo.

En concreto, el hoy sancionado juez Urrutia, expresó que, si los tribunales hubieran ordenado frenar el uso de balines, «no hubiesen existido los cientos de mutilaciones oculares que hemos tenido que sufrir. Gustavo Gatica no hubiera perdido su visión si la Corte hubiera aplicado control de convencionalidad y hubiera protegido a los manifestantes".

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Otra declaración que sacó ronchas dentro del tribunal de magistrados y magistradas dio cuenta de que, «El poder judicial ha servido como parte del dispositivo de represión al avalar y justificar la represión a través de procesos basados en evidencias inventadas o de pésima calidad".

Fueron estas y otras declaraciones vertidas durante su ponencia en la subcomisión de DD.HH. de la Convención Constitucional, las que derivaron en su sanción, la que contemplaría una duración de seis meses, pero que tendrá que enfrentar la apelación de Urrutia.

Según el fallo contra el juez, «los dichos de Urrutia son atentatorios contra los principios de la asociación, pues atribuye a un grupo de nuestros asociados ser una herramienta de represión del Estado, lo que no puede ser leído sino como una afirmación de falta de independencia en sus funciones".

Cabe recordar que el juez Daniel Urrutia presentó en abril de este año, una querella por el delito de prevaricación judicial, contra 19 ministros de la Corte de Apelaciones y uno proveniente de la Suprema. Lo anterior, luego de que los querellados revocaran una resolución del magistrado que habría sacado de prisión preventiva a 13 manifestantes del Estallido Social.

Tras la sanción del Tribunal de Honor de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, será el directorio de dicha asociación el que evaluará la apelación de Urrutia, que por lo pronto mantiene suspendidos todos sus derechos como funcionario del Poder Judicial.