El pasado jueves, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el oficio presentado por la parte querellante del juicio tras detectarse contradicciones en la argumentación del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco por la sentencia absolutoria presentada durante agosto en favor de Juan Felipe González Ganga, suboficial de Carabineros, acusado de disparar perdigones en contra de un manifestante, causándole un trauma ocular que comprometió la visión de su ojo izquierdo.

Por Michelle Martínez

La investigación del caso, que duró más de tres años, contempla las indagaciones realizadas en virtud de los hechos ocurridos en la Plaza Dagoberto Godoy de Temuco el 22 de octubre de 2019. En dicha instancia, un manifestante fue víctima de un trauma ocular que fue causado por el impacto de perdigones disparados a 15 metros de la ubicación de la víctima según lo establecido por las peritos del caso. Quien resultó imputado por las agresiones realizadas en perjuicio de la víctima fue el suboficial Juan Felipe González Ganga, quien había sido acusado por el cargo de apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas.

Tras el término de las jornadas de investigación, el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco absolvió el lunes 2 de agosto a González, después que los peritajes realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) «no permitirían ser suficientes para acreditar que fue el carabinero, precisamente acusado, el que ejecutó la conducta» de acuerdo a lo explicado por Sebastián Saavedra, abogado de la víctima.

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Durante el juicio celebrado en agosto, la defensa del manifestante presentó «pruebas contundentes, incluyendo grabaciones de la cámara de televigilancia de la Municipalidad de Temuco» según lo declarado en las jornadas por Saavedra. «Dentro de las imágenes mostradas como evidencia en esa ocasión, se señala la presencia del carro de Carabineros, la figura de la víctima y el impacto que recibe posteriormente», agregó.

La defensa de la víctima explica que hubo una contradicción en la argumentación del Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco al momento de realizar la sentencia, lo que permitió que la Corte de Apelaciones de la comuna pudiera indicar que existió un fallo en el razonamiento jurídico: «Al momento de fundamentar su sentencia, el TOP contradijo su principio lógico. Si se afirma que la declaración de la víctima es fiable, después no se puede señalar que no hay antecedentes para realizar una condena. Al haber realizado esa contradicción en su argumentación, la sentencia se anula». A esto, agrega que, «En favor de estos nuevos antecedentes, se tendrá que anular el juicio oral dictaminado en agosto y deberá dictarse una nueva sentencia».

En vista del escenario actual, la defensa de la víctima planteará en el nuevo juicio solicitar una pena de 15 años de presidio efectivo, mientras que El Ministerio Público (el cual, también se encuentra en calidad de querellante) solicitará una pena de 12 años para el suboficial.

Según Saavedra, el acusado «utilizó armamento menos letal, como es la escopeta antidisturbios, sin respetar los principios de la propia institución. Por lo tanto, al ser una actuación antirreglamentaria, constituye un delito gravísimo, considerando que (al hacerlo) se busca castigar con armamento a las personas por participar en protestas sociales. Es una situación muy similar a la que ocurrió con la actual senadora Fabiola Campillai, donde se utilizó este tipo de armamento, en ese caso, una bomba lacrimógena, en contra del rostro de una persona».

A fecha actual, no se tienen plazos establecidos respecto al inicio del nuevo juicio, ya que la causa debe ser derivada al Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco. «En las próximas jornadas, se deberán presentar las mismas pruebas del primer juicio oral, además de establecer a los nuevos jueces de este juicio, considerando que los anteriores fallaron en la correcta anulación del caso» concluyó la defensa.