La Fiscalía sorprendió durante la jornada de ayer con una serie de allanamientos en domicilios y oficinas, entre las que destacan la Municipalidad de Coronel, la casa del Alcalde Boris Chamorro (PS), la casa del concejal Eduardo Araya (PS) y la empresa y la casa del hermano del diputado Leonidas Romero, DELSAVA, por eventuales delitos de corrupción.

Los hechos que se le imputan a los investigados apuntan a presuntos pagos irregulares realizados por la Compañía Puerto de Coronel que habrían terminado en manos de figuras políticas y dirigentes sindicales, las que se habrían realizado a través de la empresa DELSAVA, de propiedad de Hernán Romero, hermano del actual diputado por el distrito 20, Leonidas Romero y también a través del empresario Víctor Olivares. Estas dos empresas trabajan hace años en el puerto.

La indagatoria se originó tras la interposición de una denuncia por parte del actual gerente general del Puerto de Coronel, Patricio Román Lois, quien asumió la conducción de la compañía en noviembre de 2023 y tras indagatorias internas, se habrían descubierto facuras ideológicamente falsas por lo que se decidió a denunciarlo al Ministerio Público.

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El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, señaló a través de un video que "vamos a entregar todos los antecedentes. Es de público conocimiento mi nula vinculación con Puerto de Coronel, con la empresa DELSAVA y la familia del diputado Leonidas Romero. Por lo tanto, entregaremos todos los antecedentes que estipula tanto el Ministerio Público, como la Policía de Investigaciones".

Pese a estas declaraciones del edil coronelino, la fiscal anticorrupción, María José Aguayo, aclaró que Chamorro figura como imputado en esta causa, es decir, se considera que está eventualmente involucrado. Asimismo ocurriría con el concejal Eduardo Araya.

El diputado por el distrito 20, Leonidas Romero -exRN, ex Partido Republicano y también exalcalde de Coronel- señaló a través de un comunicado "Como hermano del dueño de la empresa DELSAVA, que ha brindado servicios al puerto Coronel durante casi cuatro décadas, me preocupa profundamente la situación. Aunque confío en la integridad de mi hermano, estoy comprometido en apoyar cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre la situación."

Por su parte, el Puerto de Coronel señaló a través de un comunicado que "El gerente general, en cuanto tomó conocimiento de estos hechos, los informó inmediatamente al directorio, instancia que dispuso el inicio de una investigación interna para determinar irregularidades y eventuales perjuicios a la compañía, como también la inmediata interposición de una denuncia ante el Ministerio Público."

Por otra parte, indica que "se reserva el derecho de ejercer acciones contra todas las personas que le hayan causado perjuicios o que se hayan comportado de manera desleal contra la empresa, y confirma su firme compromiso con el cumplimiento de la ley y las buenas prácticas de administración" apuntando, aparentemente, al exgerente general Javier Anwandter, al expresidente de la compañía Eduardo Hartwig y Michelle Prater, también exgerente de la empresa.