Pese a los múltiples emplazamientos desde organizaciones ambientales, científicas y de la sociedad civil, el Gobierno parece no querer entrometerse en la ratificación del del TPP11. Lo anterior, pese a que según el artículo 132 del reglamento del Senado, el presidente de la República tiene las facultades para retirar un proyecto de acuerdo «aprobatorio de un tratado u otro instrumento internacional».

Por Aniceto Hevia

Días cruciales transcurren respecto a la posible incorporación de Chile al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP11, desde que la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola; la recién nombrada ministra del Interior, Carolina Tohá; y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comenzaran a cabildear para la aprobación de esta decisión en el Senado, recogiendo el apoyo de integrantes de partidos de la Ex Concertación y de derecha.

Por su parte, el presidente Gabriel Boric ha entregado declaraciones sin responder las razones de estas gestiones y los dichos de tales figuras, afirmando: «Es totalmente cierto que el TPP11 no forma parte de nuestro programa, por lo tanto, no es algo que desde el Gobierno estemos impulsando, lo que sí es claro es que el Senado tiene las atribuciones para ponerlo en tabla y tomar una decisión al respecto». Sin embargo, el propio reglamento de esta institución establece que es facultad del presidente de la República «retirar, en cualquier momento, un proyecto de acuerdo aprobatorio de un tratado u otro instrumento internacional».

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En efecto, el artículo 132 del cuerpo normativo señala que el actual mandatario tiene plena facultad para retirar el proyecto de aprobación del TPP11. La decisión que tome el presidente, por acción u omisión, tiene pendientes a importantes sectores de la población en tanto lo que está en juego condiciona el futuro de la nación, pues una de las repercusiones más relevantes de su posible aprobación se relaciona con la obligación que contraería el Estado chileno a someterse a las decisiones de entidades de arbitraje internacional, donde pueden recurrir empresarios (inversores) que consideren a sus inversiones afectadas por una situación dependiente del Estado del territorio donde opera.

En el caso chileno, esto puede ocurrir cuando aumenten los impuestos a una empresa extractora de recursos naturales, se establezca una norma de salario mínimo mayor que el existente, se regulen las operaciones de las AFP o se ponga fin a ellas, se conformen empresas estatales que produzcan bienes y servicios a costos competitivos con las que ya funcionen, se implementen normas eficaces en la protección ambiental y de las comunidades que habitan el territorio nacional, entre otras situaciones en el mismo sentido.

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Este año, la plataforma Chile Mejor sin TLC informó que sólo entre los años 2019 y 2021, en plena pandemia, Chile fue objeto de cuatro demandas de este tipo, basadas en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (dos casos), y en tratados bilaterales de inversión con Francia y Suiza. Entre los demandantes estuvieron Groupe ADP (Aéroports de Paris) y Vinci Airports por pérdidas debido a la baja de tráfico aéreo en Aeropuerto de Pudahuel; Ohio National Insurance y Met Life por el retiro de rentas vitalicias, considerándolas medidas expropiatorias, que deben ser objeto de pago inmediato al valor justo del mercado. Y, por su parte, la empresa Suez de Francia anunció una demanda por finalización de su contrato luego del vertido de petróleo en la planta de agua potable de Caipulli en Osorno.

Ahora, quien tiene el turno de la jugada es el mandatario. En ese sentido, las organizaciones que bregan por la protección de la soberanía nacional y los intereses de la población, demandan que Gabriel Boric sea coherente con sus propias apreciaciones expresadas cuando era diputado y reconocía la pérdida de soberanía implicada en la adhesión a este acuerdo político y comercial.

Cabe recordar que el TPP11 ya pasó por todos los trámites legislativos y solamente necesita la ratificación en el Senado para hacerse efectivo. Originalmente, su votación en la cámara alta estaba programada para la semana del 20 de octubre de 2019, pero con el inicio del Estallido Social ha sido pospuesto hasta la fecha.

El acuerdo es impulsado transversalmente por toda la clase política, desde la ultraderecha de Republicanos hasta el PS. Senadores como Lagos Weber del PPD han recalcado la supuesta necesidad de aprobarlo, asimismo, la ministra Tohá del mismo partido, ha señalado públicamente su acuerdo con la idea, pese a que el presidente Boric prometió durante su campaña que no lo promulgaría.

Por ende, este comunicado devela el quiebre hay dentro del oficialismo y los intentos a toda costa de los partidos de la ex Concertación, ahora llamada «Socialismo Democrático» por imponer su visión de los 30 años.