Desde el Gobierno se apunta a que el combate contra el crimen organizado y la delincuencia común van acompañados de una fuerte inversión social y un trabajo articulado con los municipios, pues ellos poseen un conocimiento descentralizado de los problemas que aquejan a cada territorio. En esta línea cabe preguntarse, si los esfuerzos están abocados a llegar de manera reactiva o preventiva, a través de una intervención social de carácter integral.

Por Antonella Becerra 

Daniela Dresdner, delegada presidencial de la región del Bío Bío, apunta a que el problema de la delincuencia no es un fenómeno que apareció el 11 de marzo con la llegada del Gobierno, de hecho, desde que asumieron el mando, se han propuesto la tarea de recuperar la presencia del Estado en diversos lugares. Comenta que "los problemas de desigualdad, de salarios bajos, de informalidad laboral, no empezaron el 11 de marzo, pero el 11 de marzo sí decidimos enfrentarlos con medidas concretas".

La delegada es enfática en mencionar que "nos estamos haciendo cargo de un problema que lleva décadas".

Sin embargo, no se estaría haciendo la necesaria crítica al momento de reconocer que la delincuencia es un problema de índole socio estructural. En este sentido, es preciso avanzar en la comprensión de la realidad de aquellos y aquellas que la cometen y sus motivaciones, además de la necesidad de salvaguardar la infancia de niños en situaciones de riesgo, quienes son los más propensos a caer en una red de criminalidad futura, debido a la falta de oportunidades para las capas más empobrecidas de Chile.

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Ante las alzas en las cifras de delincuencia, urge no solo preocuparse de su respuesta desde la seguridad, sino que también abarcar la raíz del problema. Frente a disyuntiva, las medidas expuestas por la delegada no fueron concluyentes, puesto que solo se apunta a presentar medidas represivas de contención inmediata y directa provenientes de las fuerzas de orden. Más allá de estas medidas de control, no se presentó ninguna especificación con respecto a la manera concreta de solucionar esta problemática desde su raíz socio estructural.

Actualmente, Chile presenta altos índices de pobreza, que se han incrementado con la presión inflacionaria, lo que genera incertidumbre acerca de cuál será la manera de sobrellevar las adversidades o de llegar a fin de mes. Lo anterior, en ocasiones genera la necesidad de recurrir a trabajos informales, totalmente precarizados e incluso caer en hechos delictivos como una opción viable de sustento.

Según el informe del Valor de la Canasta Básica de alimentos y Líneas de Pobreza de septiembre 2022, el valor de la canasta básica de alimentos (CBA) alcanzó los $60.393, una cifra que representa una variación mensual de 2,3% con respecto al mes anterior. Mientras, en los últimos doce meses, la variación acumulada es de 23,1 %. 

En ocasiones, mujeres jefas de hogar se ven en la obligación de recurrir al microtráfico de drogas para lograr solventar sus vacíos económicos y el sustento de sus familias.

De acuerdo a un informe final de Evaluación Programa Microtráfico Cero, del total de personas detenidas por crímenes ligados a las drogas, las mujeres relacionadas al microtráfico corresponden a una cantidad significativa, mostrando que el 52,4% de las mujeres detenidas son por delitos ligados al tráfico, caracterizándose en su gran mayoría como jefas de hogar en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Dejando en evidencia el vacío existente con respecto a la manera en cómo el Estado se hace cargo de esta problemática de forma estructural, se puede mencionar la falta de redes de apoyo, contención y oportunidades para las jefas del hogar, quienes están recurriendo muchas veces a la criminalidad para sacar sus hogares adelante.

En consecuencia, la tarea con respecto al tema de la delincuencia y la seguridad es un conflicto latente, con muchos desafíos por superar, los que, si no son abordados de manera socio estructural, planteando mecanismos para la superación de la línea de la pobreza, para mejorar la calidad en la educación pública, presentando mayores y mejores oportunidades laborales e incrementando el sueldo mínimo, entre otros, se quedará solo en soluciones parche.

De tal modo que la estrategia del Estado basada netamente en medidas represivas que dotan a las fuerzas policiales con un mayor poder logístico y armamentístico, sólo perpetúan el problema de la desigualdad y la pobreza, y no ayudan a enfrentar la delincuencia de una manera preventiva.

Si bien, es importante controlar de manera inmediata el aumento de la criminalidad, acrecentada en los últimos años, no obstante, en ausencia de medidas a largo plazo, estas propuestas de acción terminan siendo sólo represivas y están lejos de entregar una solución real a un problema de raíz social y no sólo delictivo.