El 23 de diciembre del 2020 el Presidente Sebastián Piñera anunció el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que pone fin al Servicio Nacional de Menores (Sename), institución creada bajo la dictadura militar en 1978, cuyos principios se sostienen en la implementación del Estado Subsidiario y, con ello, en la privatización de la protección de la infancia. ¿Es factible reformar una institución sin modificar estos principios fundacionales? ¿Qué rol cumplen las instituciones colaboradoras del SENAME y cómo es su sistema de financiamiento? ¿Quiénes acompañan cotidianamente y otorgan los cuidados de niñxs que viven en las residencias? ¿Qué condiciones laborales y formación entregan las instituciones a las educadoras y educadores de trato directo?

Por Karen Alfaro Monsalve / Académica UACh-Valdivia

La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz,indicó el pasado mes de marzo que "sin cambio estructural" no va a parar la violencia ejercida al interior de las residencias del SENAME. Lo anterior, a partir del desgarrador registro en un video que denunció violencia contra niñxs al interior de una residencia ubicada en Carlos Antúnez en la comuna de Providencia, hecho que actualmente se encuentra en investigación por el uso de fuerza por parte de carabineros contra un niño en esa institución.

Hoy nuevamente nos estremecemos al saber que un número de niñas y niños huyeron de la residencia Catalina Kentenich de la comuna de Rancagua, institución administrada por la Fundación María Ayuda, colaboradora del SENAME. En el techo de dicho recinto se inició una manifestación de niñxs, quienes denunciaban el mal trato al interior de la institución.

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La violencia contra la niñez institucionalizada tiene su raíz en las condiciones estructurales que sostienen un modelo nacido en dictadura para demostrar que las fundaciones -como cuerpos intermedios entre la sociedad civil y el Estado-, pueden administrar de mejor manera los recursos públicos, transfiriendo la gran responsabilidad de la protección de la niñez al conjunto de fundaciones que emergen, principalmente, en la década de los ochenta. La presencia de estas instituciones se despliega también en la postdictadura en el amplio sistema de subvención hacia la infancia y la adolescencia, administrando colegios, jardines infantiles, residencias, entre otras actividades. Podemos señalar que, además, de una continuidad administrativa en torno al SENAME, persiste, a pesar de importantes esfuerzos, una cultura institucional basada en la doctrina de la irregularidad de la infancia y no en un enfoque de derechos; prueba de lo señalado es la reiterada patologización de la niñez en esta institución y la regulación ejercida a través de la medicalización.

En la actualidad el sistema de residencias se sostiene en las instituciones colaboradoras que arriendan propiedades para su funcionamiento, la mayoría de estos recintos no cuentan con los requerimientos fundamentales para la vida digna de lxs niñxs. Hoy en día existen solamente 18 propiedades destinadas al SENAME a lo largo del país, lo que contrasta con las diversas solicitudes de destinación de propiedades fiscales solicitadas por las autoridades de la dictadura para ser destinadas a la protección de la infancia, según consta en los registros del Ministerio de Justicia. ¿Qué pasó con este patrimonio fiscal que sería destinado a la infancia? Sólo por nombrar una trayectoria del destino de estos recursos, podemos consultar el Decreto 922, publicado el 03 de mayo del 2006, en el que se aprueba el cambio de estatutos, disolución y cancelación de la personalidad jurídica de CORDAM (Corporación de Ayuda al Menor (1976), institución liderada por Alicia Godoy, esposa del integrante de la Junta Militar César Mendoza). En dicho documento se indica; "Destínanse los bienes y el patrimonio de la entidad disuelta a la «Corporación de Protección y Ayuda a la Familia de Carabineros de Chile» (creada el año 2002). En el ejemplo señalado, se funda una de las principales causas del pacto que sostiene el entramado de poder tras el SENAME.

Para transformar este sistema no basta sólo con cambiar sus siglas, es necesario desmontar esta trama política que sostiene la violencia contra la niñez. Por una Infancia Libre y con Derechos, a desmontar todo el legado de Pinochet.