Sin obtener aún ninguna respuesta concreta por parte del gobierno de Sebastián Piñera, los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol cumplieron hoy 70 días en huelga de hambre. Exigen a Gendarmeria que adapte sus protocolos con lo mandatado en el Convenio 169 de la OIT, específicamente en sus artículos 7, 8, 9 y 10, relacionados con la necesidad de un adecuamiento de las instituciones de los Estados suscriptores, con la realidad cultural, social y económica de los pueblos indígenas que conviven al interior del mismo país.

Juan Carlos Contreras / resumen.cl

Las ocho personas las que se encuentran llevando adelante la extrema medida de presión, han presentado distintas afecciones ligadas a la desnutrición, afectaciones en el sistema inmunológico, desmayos, dolor muscular generalizado y vómitos con coágulos de sangre. Tras la visita del pasado miércoles a la cárcel de Angol, el médico Luis Umaña enfatizó en que la situación de los comuneros es "extremadamente critica" y afirmó que cada día que pasa se corre el riesgo de un desenlace fatal.

Hay que destacar que durante estos dos meses de huelga de hambre, los comuneros presos han sufrido distintas descompensaciones, por lo que han tenido que recibir atención médica de urgencia. Por ejemplo, el 6 de junio el comunero Sinecio Huenchullán debió ser trasladado hasta el hospital de Angol debido a que presento vómitos con sangrado, arritmias y desmayos. La misma situación vivió unos días más tarde Juan Calbucoy, quien tuvo que ser llevado hasta el mismo recinto médico por alteraciones cardíacas.

Luis Umaña, médico parte de la red de apoyo de los comuneros detalló que "sus síntomas se han agudizado. Están con un cuadro de insomnio importante, ya perdieron la temporalidad del sueño y vigilia». Aparte comentó que las ocho personas en huelga, "han perdido un promedio de 22 kg". De manera individual, se refirió a la situación de Sergio Levinao, quien estaría presentando ictericia (enfermedad ligada a trastornos hepáticos), «además de problemas cardíacos, relacionado con la falta de potasio" señaló el médico.

Desde la vocería de los presos políticos mapuche de Angol, enfatizaron que en que "lo que se está pidiendo es la aplicación del Convenio 169, cuestión que está totalmente están dentro del marco de lo legal, no estamos pidiendo nada fuera del marco legal. Hasta el momento el gobierno no ha abierto ninguna puerta respecto a la posibilidad de entender y resolver la situación de los huelguistas. Esta situación es contradictoria, porque es el gobierno es el que tiene la facultad, desde el punto de vista político y administrativo, para destrabar la huelga".

Rodrigo Kuripán, werkén o vocero de los comuneros en huelga agregó que "considerando el delicado estado de salud de los presos, el gobierno ha sido inoperante en cómo resolver las demandas políticas mapuche. Muchas veces se preocupa más del aspecto represivo en lugar de buscar una solución política" señaló.

Muestra de aquello es la creciente militarización de la región de la Araucanía, la que se concretó nuevamente a fines de junio pasado, cuando el gobierno de Sebastián Piñera envió a personal de las FF.AA. a reforzar la "seguridad" en las regiones del Biobío y la Araucanía. A través de un trabajo coordinado entre los ministerios del Interior (Gonzalo Blumel) y Defensa (Alberto Espina), se envió a 80 efectivos de la Unidad Fundamental de Orden Público del Ejército.

Hay que considerar que los ocho huelguistas presos en la cárcel de Angol, algunos condenados y otros bajo extensas prisiones preventivas, han participado activamente en distintos procesos ligados a la recuperación y control territorial Mapuche. Es bajo esta condicional, que desde la vocería de los comuneros han denunciado persecución política, tanto por el actuar de Fiscalía en las investigaciones como de los Tribunales en sus excesivas condenas.

Por ejemplo, en diciembre del año pasado, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, condenó a 20 años de cárcel a Víctor Llanquileo por su supuesta participación en un robo a la caja de compensación Los Andes, en Galvarino. Su defensor en ese momento, Juan Pablo Alday, acusó infracción de garantías fundamentales, sustitución de peritos por parte del Ministerio Público, afectación al derecho de la defensa y excesiva condena. Hay que mencionar que por el delito de robo calificado, la pena contra Llanquileo fue de 15 años de prisión efectiva y por porte de municiones, 5 años más.

Hay que destacar que no solo las comunidades mapuche en resistencia de Malleco han emplazado al gobierno a establecer una mesa concreta de dialogo y destrabar así la huelga, así lo expresó el Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, en su visita a la cárcel de Angol, el pasado jueves 25 de junio.

Durante la última reunión de la comisión de Derechos Humanos del Senado, Micco, se refirió a los fallidos intentos de pactos que ha establecido el Estado chileno en relación a los pueblos indígenas. Detalló: "El pacto de Nueva Imperial de 1989, La Comisión Histórica y Nuevo Trato de 2003, el Pacto Social Reconocer por la Multiculturalidad del 2008, la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía del 2016, el acuerdo por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía del 2018; han generado al incumplirse en aspectos fundamentales, falsas expectativas y esperanzas frustradas, que sin duda se expresan en el brote y rebrote de la violencia".

Durante la comisión, el director del INDH enfatizó en la necesidad de generar dialogo entre el gobierno y los comuneros hoy en huelga, argumentando que una de las formas hacerlo viable, "retomando la discusión sobre reglamento penitenciario y la implementación del Convenio 169 en materia de justicia y ejecución penal. Así también es necesario en el Congreso Nacional, incluyendo un eventual proceso constituyente, proyectos de ley de ministerios y consejos de los pueblos y otras propuestas legislativas que consagren e incorporen los derechos que están consagrados en los tratados internacionales ratificados por Chile".

La vocería de los presos políticos mapuche de Angol explicó que "en consecuencia de que el gobierno no ha tenido la voluntad de establecer una mesa de conversación, no ha dado una señal política al respecto, es que los peñis van a arriesgar hasta las últimas consecuencias de su vida para poder conseguir lo que se está pidiendo, que está dentro del marco del derecho, de lo legal. Todos los oficios que hemos realizado con la intención de que se resuelva la huelga de hambre, no ha sido respondido de ninguna manera por el gobierno"