Cinco años de tramitación ambiental lleva el proyecto eólico Vientos del Pacífico, el cual pretende instalar casi una veintena de aerogeneradores en Curanilahue y Arauco y que ha sido objeto de críticas por parte de comunidades que acusan podrían ser afectadas no solo en la etapa de construcción, sino también de operación de la iniciativa privada. Vecinas y vecinos cuestionan el proceso de participación realizado junto con la consulta indígena.

Por J. Arroyo Olea | Con información facilitada por OLCA

Desde el año 2018 un proyecto eólico amenaza a las comunas de Arauco y Curanilahue, impulsado originalmente por el Consorcio Eólico -empresa regional- y Grupo Naturgy. Se trata del proyecto Vientos del Pacífico, el cual se encuentra en tramitación ambiental aún en su etapa de calificación.

Acorde a su Estudio de Impacto Ambiental, el proyecto busca la iniciativa energética pretende instalar un parque eólico junto a una línea de transmisión con una potencia máxima instalada que alcance los 100 MW, constituyéndose inicialmente con 30 aerogeneradores y una subestación elevadora. En tanto, respecto a la línea de transmisión, esta «tendrá una longitud aproximada de 21 km, la cual conectará la subestación elevadora del proyecto con la Subestación eléctrica Curanilahue Norte, actualmente en construcción por el proyecto Fortalecimiento del sistema eléctrico de la provincia de Arauco».

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El atraso en el proyecto es evidente, y es que originalmente esperaba iniciar su ejecución en octubre de 2022. Con una vida útil de hasta 25 años, y con una inversión de US$150 millones, los impulsores del proyecto respaldan la instalación de los aerogeneradores debido a «las buenas condiciones dinámicas de los vientos y el adecuado contexto territorial», señalando sobre esto último el uso de suelo -relacionado esencialmente a la explotación forestal- y la ubicación de la subestación Curanilahue Norte.

Así, con este atraso, los dichos a Diario Concepción de la empresa regional vinculada al proyecto en 2018, respecto a que el proyecto iría «en línea con los grandes objetivos de la Ruta Energética 2018-2022», han quedado desfazados. Asimismo, la iniciativa eólica que pretende intervenir ambas comunas de la provincia de Arauco, ha arrastrado una conflictividad poco visibilizada en la región, recibiendo críticas no solo en referencia a los impactos en el territorio, sino también cuestionamientos al proceso de participación y formas de acercamiento que se ha adoptado para con las comunidades aledañas.

Delimitación área de estudio – EIA proyecto

¿Participación?

En noviembre y diciembre de 2018, un mes de ingresado el proyecto eólico, las empresas vinculadas convocaron a casas abierta tanto en Arauco como en Curanilahue, teniendo por objetivo el dar a conocer las características con las que contaba el proyecto en el marco de la Participación Ciudadana, a lo cual se sumó una nueva instancia en enero de 2019 en el sector de Las Puentes, comuna de Arauco.

Sin embargo, esta forma de participación -al igual que la que se ha sostenido en el proyecto-, ha sido cuestionada por algunas comunidades que se verían afectadas con la instalación del proyecto eólico.

Irene Alarcón, habitante de la comunidad de Tralca, caracteriza como «bastante complicada» la forma de acercamiento que tuvo la empresa encargada al momento de llegar al territorio, apuntando que este proceso habría sido acompañado «con engaños» ante las diversas dudas que han planteado las comunidades referido a afectaciones que traería el proyecto.

En este sentido, Alarcón apuntó a que, tras el término de la consulta indígena, logran visualizar que fue un proceso sumamente rápido y apurado, donde «ellos poniendo las reglas y fechas con la que nosotros debíamos darles respuesta».

En tanto, Mario Monsalves, originario del sector El Lingue y actual vecino de la comuna de Arauco, plantea que en diversos intercambios que se sostuvo con la empresa las y los vecinos se sintieron aminorados «por tener poco conocimiento» respecto a los conceptos utilizados por la propia empresa.

Asimismo, el vecino de Arauco fue enfático en señalar que en las conversaciones se presentaron diversas «mentiras, las cosas se hacen de la manera que ellos dicen y no como lo dicen quienes vivimos en el sector».

En este contexto, Monsalves señaló la percepción que tienen desde la comunidad sobre el proyecto, apuntando a que «llegan y vienen a cosechar su plata a costillas de nosotros», para lo cual han ofrecido -explica- medidas como la entrega de ampolletas o pequeñas porciones de tierra. Sin embargo, para él «es absurdo que nos vengan a decir cómo tenemos que vivir».

Por otro lado, la comunidad de Tralca ha acusado que la información levantada en relación al medio humano es «escasa y con falencias» a partir de una ausencia de participación en el proceso, decantando en lo que han denominado como una errada caracterización del grupo humano y, en consecuencia, de los impactos.

Impactos alertados

Para las y los vecinos de los sectores que se verían afectados por la instalación de los aerogeneradores, se arrastran diversos impactos que no han sido considerados por parte de la empresa.

A modo de ejemplo, Irene Alarcón explica que se vería afectado «el riachuelo que a nosotros nos da cada día, donde se alimentan animales», fuente de agua esencial para la comunidad de Tralca, sumado a impactos en plantas que favorecen la actividad económica y cultural por las familias como lo es la recolección de frutos y yerbas medicinales. En la misma línea, Mario Monsalves plantea que se verían dañadas tanto tierras como aguas en el proceso de construcción y operación de Vientos del Pacífico.

En este sentido, quienes se han opuesto a la instalación de los aerogeneradores señalan que las medidas presentadas por la empresa no son suficientes en relación a la actividad de recolección de las familias, lo cual se suma a impactos visualizados sobre bosque nativo que, a diferencia de lo planteado por el proyecto, arrastraría consecuencias no solo en la etapa de construcción, sino también en la de operación.

Por otro lado, comunidades apuntan a impactos que traería sobre la salud de las personas mediante, a modo de ejemplo, el efecto sombra intermitente. Este corresponde a la interrupción reiterativa de la luz solar por el movimiento de las aspas de los aerogeneradores, fenómeno que afecta a diversos casos que se han documentado en otros lugares de la región del Biobío como el sector rural de Los Ángeles y Negrete.

En el caso del proyecto Vientos del Pacífico, la comunidad de Tralca ha señalado que las medidas presentadas por la empresa para enfrentar este efecto son insuficientes debido a que no subsanarían el problema de fondo al referirse principalmente a medidas compensatorias de carácter económico y que se relacionan solo con el interior de las viviendas.

Los impactos alertados continúan, y se acusa que no necesariamente estos fueron considerados al momento de elaborar el proyecto eólico. Ejemplos de estos son, a criterio de las comunidades, las afectaciones al paisaje, el efecto sinérgico producto de la eventual presencia de un proyecto vecino conocido como Viento Sur propiedad de Forestal Arauco, y los impactos que traería en cuerpos de agua como una serie de esteros identificados por la población.

La conflictividad latente

En marzo de 2022 La Tercera señaló los proyectos de inversión que se encontraban en consulta indígena que heredaría el actual Gobierno encabezado por Gabriel Boric, entre los cuales se encontraba Vientos del Pacífico y sobre el que se debería resolver su tramitación ambiental durante esta administración. Sin embargo, las señales que se han dado han sido tomadas con cautela por la población.

Ejemplo de esto es lo planteado por Irene Alarcón, quien hace referencia a la existencia de una visita y conversación de parte de la delegada presidencial de la región, Daniela Dresdner, quien «dijo que nos iba a apoyar en la lucha, fue a hacernos la visita, pero no sabemos cuál fue su respuesta». En este sentido, alertan que el compromiso de la delegada presidencial -representante del Gobierno en la zona- no ha sido cumplido considerando la falta de comunicación que se ha mantenido durante estos meses.

Así, la conflictividad que arrastra Vientos del Pacífico ha perdurado durante cinco años desde su ingreso a tramitación ambiental. De parte de comunidades que acusan que serían afectadas señalan que «nosotros queremos que nos respeten nuestro entorno y nuestros ecosistemas», por lo que su oposición a la iniciativa eólica es rotunda.

En este contexto, Mario Monsalves es enfático en señalar que, pese a que son poco tomados en cuenta, es fundamental «poder luchar contra estas empresas para que no vengan a hacernos daños, y poder vivir como lo veníamos haciendo».

Y es que la experiencia que se vive en Arauco respecto a este tipo de conflictos ha ido creciendo. Lilian Flores, vecina del sector La Meseta en Arauco, desde donde se han organizado contra la Línea de Alta Tensión Tubul-Lagunillas, la que fue rechazada por la Comisión Evaluadora del Biobío en febrero de 2022 (ver noticia acá), da cuenta de la solidaridad que se debe expresar en este tipo de casos.

De esta forma, Flores alerta que este tipo de proyectos «no traen ningún beneficio para las comunidades, muchas veces las empresas dicen que van a dar medidas de mitigación y ofrecen dinero, pero a cambio de que cambie totalmente su calidad de vida, que se deteriore la naturaleza, cortar los cursos de agua», entre otras afectaciones.

En esta línea, señala que «lo fundamental acá es la unión de los vecinos», lo cual ha sido central en casos de esta índole tanto en la provincia de Arauco como también en otras provincias de la región del Biobío.