Tres funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) fueron recientemente condenados por agredir a cinco víctimas de comunidades mapuche durante 2021, en un masivo operativo en Temucuicui, en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía. De estas víctimas, tres son menores de edad, las que se vienen a sumar a los sistemáticos hechos de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes mapuche.

Por Michelle Martínez

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Angol condenó a tres de los cuatro funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) imputados por los hechos ocurridos en enero de 2021, tras decretarse su autoría en las agresiones realizadas en perjuicio de tres menores de edad y dos mujeres adultas mapuche en Temucuicui.

Los agentes del Estado condenados son Luis Cros Zúñiga, Sebastián Ferrada Sepúlveda y Carlos Navarro Varas. Cros fue condenado por apremios ilegítimos agravados, Navarro por vejaciones injustas simples, mientras que Ferrada se encuentra formalizado por abuso contra particulares agravado. Son dos los hechos ocurridos el 7 de enero de 2021 los que el TOP de Angol, cuyas lecturas de sentencia se realizarán en los próximos días.

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En relación a la reciente condena de los efectivos policiales, en el caso de las tres menores de edad y las dos mujeres mapuche violentadas, Pamela Nahuelcheo, abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de La Araucanía, relató a Resumen lo vivido por las víctimas.

«El primer hecho afectó a dos niñas mapuche de 12 y 14 años, las que fueron violentadas por Luis Cros. En las audiencias, se comprobó que el agente imputado habría agredido a las menores, deteniéndolas por la fuerza y amenazando de muerte a una. El delito cometido se realizaría mientras el uniformado se encontraba ad portas de participar un masivo operativo en la comuna de Ercilla, el que contemplaba la participación de más de 850 efectivos policiales» indica la abogada.

Por otra parte, la abogada agrega que «el segundo hecho involucra las agresiones que recibieron dos mujeres mayores de edad y una niña de 7 años. La víctima menor de edad es la hija de Camilo Catrillanca, mientras que una de las víctimas mayores de edad es la madre. Durante el operativo realizado, el cual ocurrió minutos después del primer hecho investigado, la menor de edad, junto a las dos mujeres, serían sacadas a la fuerza de un vehículo particular y posteriormente, agredidas y detenidas. La hija de Catrillanca se encontró sola por más de una hora bajo custodia policial debido a que su madre había sido llevada a otra comisaría» explica Nahuelcheo.

Camilo Catrillanca fue un comunero mapuche asesinado por funcionarios del GOPE de Carabineros en noviembre de 2018. Tres años después, el 7 de enero de 2021, se dictó el veredicto condenatorio contra ocho ex uniformados por su homicidio. La situación en la que se involucra la niña (hija de Camilo Catrillanca) y su madre fue documentada y difundida durante ese periodo, debido a que Camilo Tapia, un fotógrafo independiente, registró la detención de la menor de 7 años junto a la de las mujeres.

Violencia estatal contra niños, niñas y adolescentes mapuche

Los hechos anteriores dan cuenta de la brutalidad de la violencia policial en desmedro de la infancia y adolescencia mapuche. Los casos recientemente condenados se encuentran en sintonía con el panorama descrito por la Defensoría de la Niñez en el informe "Caracterización de la situación de los Niños, Niñas y Adolescentes Mapuche ante la presencia y violencia policial en La Araucanía", emitido en noviembre de 2021, el cual desglosa una serie de casos de vulneración de derechos de infancias y adolescencias mapuche entre los periodos de 2015 a 2020.

Dentro del informe elaborado por Defensoría de la Niñez, se detallan un total de 65 acciones judiciales interpuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en todo el país sobre delitos cometidos en desmedro de niños, niñas y adolescentes mapuche. Respecto a las cifras que involucran a acciones judiciales interpuestas por el INDH, se mencionan que 39 se se efectuaron en La Araucanía y 15 en el Biobío. En el caso de La Araucanía, se detalla que, «de estas 39 acciones judiciales, 19 corresponden a querellas y 18 amparos constitucionales. En el caso de las querellas, los delitos por los cuales éstas se han realizado corresponden a apremios ilegítimos y tortura y, en menor medida, a homicidios y lesiones graves gravísimas».

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Respecto de lo anterior, se menciona que existe una sistemática vulneración en la realización de operativos policiales en la zona sur que afecta el bienestar de infantes y adolescentes. «Los niños, niñas y adolescentes mapuche, principalmente, de la zona de Malleco son afectados de manera general, en la sensación de inseguridad y persecución constante. Prácticas policiales como el allanamiento, la vigilancia a través de drones y helicópteros, violencia física dentro y fuera de las comunidades, y retenciones ilegales dentro de las escuelas rurales son algunas de las principales causantes de esta sensación de inseguridad y persecución en niños».

El informe, en sus conclusiones, menciona que, «es preocupante constatar que de las querellas y amparos constitucionales interpuestos por el INDH que tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes indígenas, más del 80% son de regiones (La Araucanía y el Biobío) en las que habita una alta población mapuche. En el caso de las cifras entregadas por el Ministerio Público se confirma que la región de La Araucanía presenta la mayor cantidad de víctimas niños, niñas y adolescentes mapuche, de delitos cometidos por funcionarios públicos como apremios ilegítimos, torturas, homicidio y lesiones graves gravísimas, superando ampliamente otras regiones del país»

«Los casos revisados informan con mayor detalle sobre la práctica de uso desproporcionado de la fuerza sobre niños, niñas y adolescentes mapuche por parte de las fuerzas policiales. Como se mencionó, la recopilación de jurisprudencia sobre casos que involucran vulneraciones de derecho a niños, niñas y adolescentes mapuche producto del actuar desproporcionado de las policías, demuestra que existe una falta de atención institucional y estatal sobre cómo modificar sus actuaciones y protocolos de manera de evitar a futuro las graves vulneraciones de derechos» agrega el documento.

Las repercusiones en las victimas 

En relación a los casos, la abogada detalla la manera en que las niñas violentadas por agentes de la PDI se han visto afectadas producto de las vulneraciones. «Estos procedimientos mal desarrollados generaron una afectación en el bienestar de las víctimas. A partir de la experiencia que tuvo el INDH con este caso, se pudo evidenciar que existió violencia en contra de las menores de edad, y la forma en que ésta afectó en la construcción de su personalidad, en la percepción sobre las autoridades, además de generar situaciones de alto estrés».

Sobre lo realizado a lo largo de las investigaciones, la abogada menciona que, «por una parte, puedo destacar que la labor realizada por el Ministerio Público fue bastante eficiente y no se presenciaron situaciones de revictimización, considerando que el proceso judicial duró cerca de dos años para determinar condenas a los funcionarios involucrados. A las menores de edad tampoco se les expuso durante los procesos, se les hizo un acompañamiento respetuoso y participaron principalmente en pericias psicológicas. Lo que pudo ayudar en el proceso fue el hecho de que existían pruebas contundentes sobre las agresiones, a partir del análisis de los registros fotográficos y audiovisuales sobre el caso».

«Por otro lado, la defensa de los imputados se remitió a mencionar, durante las audiencias, que el estado de alerta en el que se encontraban los agentes durante los operativos pudo influir en su actuar. Desde el INDH, consideramos que no son razones suficientes para justificar el nivel de las agresiones que sufrieron las menores de edad» concluye Nahuelcheo.

La lectura de la sentencia del juicio se realizará el próximo 9 de diciembre a las 11.30 horas en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Angol. La abogada del INDH señala que los funcionarios de la PDI condenados arriesgan entre 2 a 5 años de cárcel.

Foto principal: Camilo Tapia