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El informe agrega que "El retorno de la democracia en Chile no ha remediado los daños causados por la dictadura. No se han restaurado los bosques naturales, ni se han devuelto las tierras robadas a sus propietarios originales. Por el contrario, las plantaciones a gran escala han seguido expandiéndose y presionando a los hábitats circundantes. El consumo intensivo de agua ha agotado la capa freática y esto, junto con el cambio climático, está provocando una oleada de sequías e incendios forestales que amenazan directamente los bosques naturales restantes, así como al clima global. A su vez, cuando las
comunidades indígenas trataron de reclamar sus tierras tradicionales, se encontraron con una violencia y una criminalización que derivaron en protestas y represión".
Ante la solicitud de EPN de comentar las conclusiones de este informe, Arauco respondió con una carta en la que la empresa afirma que estas descripciones de conflictos territoriales "carecen de fundamento y no involucran a empleados de ARAUCO".
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En la citada misiva la empresa indica que "transfirió 4.645 hectáreas a las comunidades a través de los mecanismos del Estado, y existe un acuerdo formal para transferir otras 8.287 hectáreas a las comunidades por medio de la CONADI".
Esto representa menos de 1% del total de 1.117.788 de hectáreas de tierra que posee Forestal Arauco.
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