Deportistas de alto rendimiento en México, la chilena Valentina Cuevas Aguilera y la brasileña Janaina Gazzatte Chendi, denuncian al encargado de deportes municipal de San Luis de Potosí de abuso y hostigamiento laboral. Tras incidentes reiterados y ataques xenofóbicos, acusan paralelamente revictimización e impunidad desde los agentes municipales y estatales tras las denuncias.

Por Valentina Luza Carrión

Las deportistas quienes llegaron a trabajar en 2019 al departamento de deportes, tras contagiarse de Covid-19 en octubre del año pasado, comenzaron a recibir comentarios racistas, xenofóbicos y mensajes inapropiados de parte de su jefe quien les insinuaba que su contagio había sido en un contexto sexual, cayendo en un hostigamiento reiterado.

La situación que se reveló durante los últimos meses, ha causado controversias dentro de México, considerando que el Gobierno Municipal de San Luis de Potosí encabezado por Xavier Nava - el cual cuenta con una duración de tres años más posibilidad de reelección- ha negado las denuncias dentro del departamento.

Posteriormente, en abril de 2021, durante una jornada donde los trabajadores debían ir a apoyar una jornada de vacunación, que ellas llegan a su casa y se dan cuenta que su cerradura está rota. Iris Hernández Sánchez, abogada de las deportistas declara que, "habían sacado sus cosas personales. Les robaron mochilas, teléfonos, lentes, a Jana le robaron sus calzones y a Valentina se los rasgaron. Fue un ataque premeditado y que tiene un contexto sexual".

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Ellas huyen de su departamento y se resguardan una semana. Después se presenta la denuncia formalmente por el delito del robo, paralela a la anteriormente presentada por delitos de hostigamiento por el encargado Ricardo N.

Actualmente el delito de robo se encuentra en Fiscalía General y el delito hostigamiento se encuentra en una Fiscalía especializada en delitos contra la mujer, llamada Puerta Violeta. Este es un módulo que se encuentra abierto para recibir a mujeres que han sido víctimas de violencia, brindándoles acompañamiento legal y psicológicos, buscando sacar a las mujeres de un posible riesgo que pueda afectar su vida.

"En puerta Violeta primero no querían recibirlas porque eran trabajadoras del Gobierno Municipal. Finalmente las reciben para que se de inicio a la denuncia administrativa. El expediente se lo dan al Instituto Nacional de las Mujeres. A partir de aquí  no sabemos que pasó, la titular de este Instituto Municipal jamás le hizo reconocimiento a las víctimas, ni como lo iban a integrar, ni como le iban a solicitar pruebas, o si estaban de acuerdo con que se hiciera la indagación", comenta Iris Hernández.

Aquí el expediente fue enviado a una tercera institución llamada Coordinación Municipal de Derechos Humanos. "Entonces, ahí también le dan vista o le pasan el expediente a Contraloría Municipal. La contraloría fotocopia el expediente sin ningún cuidado y se lo pasa al agresor (a través de un oficio) y le dicen 'mira esta esta acusación en tu contra' pasando por alto todos los protocolos", agrega la abogada.

Aquí, el agresor se hace de las copias de todo el expediente y envía una constatación donde niega todo lo sucedido: "La coordinación jamás mando a llamar a las víctimas. Ni les toma ninguna declaración ni les pide pruebas, nada. Sencillamente, nunca le ocultaron nada, así como estaba se lo pasaron al ámbito Estatal. Se lo pasaron a la Comisión de DDHH de Juan Luis Potosí. Un organismo totalmente externo" fustiga Iris.

Contra la re victimización y por la justicia

En México, las cifras de femicidio son alarmantes. Durante el presente año, estos han aumentado casi un 7,1% según cifras del Gobierno de México, siendo asesinadas cerca de 10 mujeres en un día.

Al igual que en Chile, los agentes Estatales buscan estrategias gubernamentales que logren prevenir y frenar las cifras. Sin embargo, aquello se ve empañado por los intereses cruzados y el encubrimiento que se da entre poderes.

Las deportistas y trabajadoras municipales del Gobierno de SLP llevaban cerca de dos años prestando servicios dentro del establecimiento, y casi 10 años dentro del país en proyectos vinculados al deporte, hoy se encuentran cesantes. Actualmente, Jana y Valentina tienen el apoyo de diferentes organizaciones feministas y a la espera de una resolución que les otorgue justicia a sus denuncias.

En tanto, el acusado que aún se encuentra trabajando en el departamento, tras ser consultado sobre las denuncias por el medio OctopusMx Periodismo Comunitario, declaró que se encuentra a la espera de la investigación y las resoluciones.