Los despidos al interior de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) Biobío -que agrupa a las instituciones de 'uble a Aysén- continúan y la paralización de las y los trabajadores podría endurecerse comentaron desde la Asociación de Funcionarios/as de la CAJ, debido al golpe que está significando para cientos de familias vulnerables no poder acceder asesoramiento jurídico.

Por Juan Contreras Jara

Este lunes, a través de una reunión, el director de la CAJ Biobío, Gonzalo Contreras, comunicó que no reintegraría a las y los trabajadores desvinculados y que llenaría esos cupos a través de un concurso público que informó, se realizará en menos de 90 días.

Actualmente se mantienen paralizadas las seis regiones que están bajo la administración de la CAJ Biobío y pese a que están funcionando a través de turnos éticos con quienes requieran de la asistencia, adelantaron que los suspenderán en su totalidad debido a la tozudez de la dirección general del organismo estatal.

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Según comentó Marcelo Inostroza, presidente de la Federación de Trabajadores/as de los siete gremios que componen las cuatro corporaciones de Asistencia Judicial en Chile, serían catorce mil las personas afectadas con los despidos y el paro de funcionarios y funcionarias que busca revertir la situación.

Actualmente, la organización de trabajadores de la CAJ Biobío esta visibilizando su problemática en distintos sectores como la CUT y personeros del próximo Gobierno, con el afán de revertir los despidos y reanudar así el servicio de asistencia. 

Otro de los puntos destacados por Inostroza dice relación con lo que podría costarle en términos monetarios a la CAJ Biobío la intransigencia de Contreras, debido a que acusan despidos injustificados y que de no solucionarse a través de conversaciones, serán judicializados. 

En este sentido el dirigente comentó los problemas que se viven al interior del organismo con el presupuesto anual que alcanzaría los $12.000 millones y que podría verse afectado en casi un 5%, es decir, al rededor de 500 millones de pesos solo en el pago de indemnizaciones por posibles despidos injustificados.

Según Inostroza, en 2021 la Corporación de Asistencia Judicial Biobío ya tuvo que desembolsar alrededor de 200 millones de pesos en indemnizaciones debido a despidos que al ser judicializados, resultaron como irregulares.

«Pese a que estamos trabajando con turnos, no podemos abrir porque no hay servicios de aseo porque no hay plata para contratarlos. Esos 400 o 500 millones perfectamente se podrían haber empleado en ese tipo de situaciones, pero se dejan de hacer».