Fue el 9 de julio de 2021 que el joven Pablo Marchant Gutierrez, militante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fue abatido por efectivos policiales en el sector de Casa Piedra, en la ruta que une Tranapuente con Carahue, mientras realizaban una acción de sabotaje en contexto de recuperación territorial a Forestal Mininco (Grupo Matte). Hoy, y tras la constante presión de su madre y su red de apoyo, Fiscalía se sumó a la solicitud de exhumación de su cuerpo, peritajes que darían luces sobre su ejecución a manos de Carabineros.

Fue durante la primera semana de marzo que el Ministerio Público autorizó la exhumación del cuerpo de Pablo Marchant Gutiérrez, pero la audiencia en la que el tribunal determinará la fecha de inicio de las pericias aún no es definida. Su madre, Miriam Gutiérrez, comentó a RESUMEN que, «en el correo nos decían que iba a haber una respuesta en los próximos días, pero aún no responden y la idea es que esto se haga luego, porque mientras más pasa el tiempo, más se borra evidencia importante». De eso, van más de 20 días. 

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A mediados del año pasado la familia de Pablo Marchant solicitó la exhumación de su cuerpo, petición que fue denegada por el Ministerio Público en primera instancia.

Fue luego de conformar un equipo antropológico que diera cuenta del valor cultural-espiritual que tiene, como cementerio mapuche (eltun), el lugar donde está enterrado Marchant, que se reiteró la solicitud a Fiscalía. Esta vez, el 18 de febrero. 

Sobre la decisión de Fiscalía de solicitar los peritajes de exhumación, la madre de Pablo Marchant comentó que «es super importante, porque se llevan tres años y no hay claridad en el caso, no hay formalización del carabinero que le disparó». Sobre la misma diligencia, advierte Gutiérrez, «esperamos que las negligencias que ocurrieron en el Servicio Médico Legal no ocurran nuevamente». Agregó que «tiene que hacerse sin hostigamiento hacia las comunidades«.

El caso de Pablo Marchant sigue rondando en el espectro de la impunidad a tres años de su asesinato y suma dos querellas contra quienes resulten responsables, una de parte de la familia y otra por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En la acción judicial se detalla que «ambos impactos balísticos resultan necesariamente diferentes y separados temporalmente. En un análisis funcional de las lesiones provocadas por el impacto balístico en la extremidad superior derecha, incluidos hombro y brazo, ésta debió limitar severamente la capacidad de movimiento, sujeción de un arma de fuego y capacidad de disparo del occiso».

Cabe recordar que en noviembre de 2021 pericias tanatológicas dieron cuenta de que el joven comunero fue ejecutado por personal policial. Se trata de los carabineros Eduardo Mora y Hugo Huenchuvil Antil, quien es sindicado como el autor material del asesinato de Pablo Marchant.  

De esta manera, solo quedaría la determinación del juez de garantía para dar paso a los peritajes antes señalados, los que pretenden esclarecer lo sucedido el 9 de julio de 2021.