[resumen.cl] Osvaldo Torres fue víctima de un despido sustentado en discriminación por opinión. Así lo corroboró el Primer Juzgado de Letras del Trabajo tras una denuncia interpuesta por el trabajador contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos, órgano que dentro de la reparación deberá pedir disculpas públicas.

La tarde del pasado miércoles el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la denuncia interpuesta por el trabajador Osvaldo Torres Gutierrez contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos, luego de haber sido despedido por lo que el Tribunal logró acreditar como «no compartir posición de Sergio Micco respecto a violaciones a los DD.HH. durante el Estallido, a su juicio sistemáticas» según informó NYC.

En el escrito el Tribunal no solo apunta al pago de poco más de 28 millones de pesos por concepto de indemnización al funcionario, sino que también establecer como medida reparatoria el realizar «disculpas públicas al señor Torres, a más tardar, dentro de quinto día desde que esta sentencia definitiva se encuentre firme y ejecutoriada», debiendo ser publicadas en la portada o página web del INDH.

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Por su parte, Luis Guerrero, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarixs Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), indicó que el fallo «reivindicó la postura que esta Asociación ha tenido respecto a la dirección de Sergio Micco, que es la de una dirección que ha hecho todo lo necesario para cuidar al gobierno de Sebastián Piñera».

Guerrero fue enfático en señalar que la existencia de una constante de despidos por razones políticas al interior de la institución, por lo que se ha cuestionado nuevamente la gestión del actuar director en el marco de una serie de críticas que se han profundizado tras el inicio del Estallido Social.

Por su parte, Osvaldo Torres, el funcionario despedido, señaló esta mañana a Interferencia que «mi situación es un capítulo gravísimo dentro un conjunto de decisiones arbitrarias que siguió tomando este director en contra de la función del INDH de proteger a la población ante las violaciones a sus derechos y posteriormente ocupar el papel de ser la primera contención a la potencial acusación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el gobierno de Piñera».