Este 18 de octubre se cumple el primer aniversario del Estallido Social que se convirtió en la más multitudinaria demostración de descontento y de rebeldía protagonizada por el pueblo chileno en los últimos 30 años. La revuelta puso sobre la mesa las inequidades y flagelos del modelo de dominación heredado de la dictadura y perfeccionado por los gobiernos posteriores. Pero también dejó de manifiesto la determinación de la ciudadanía de no seguir soportando tanto abuso, tanto atropello, tanta desigualdad, tanta injusticia; decisión que se expresó en las calles bajo el clamor de "Chile Despertó", poniendo en crisis la estabilidad del Gobierno y la continuidad del sistema imperante.

Sin embargo, el Estallido y las masivas manifestaciones populares pusieron al descubierto, sacaron de las sombras, otra vergonzosa verdad de esta malavenida democracia. Esto es, la violencia del Estado y la violación sistemática de los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y policiales en contra de la población civil. Este flagelo, instigado y promovido desde La Moneda, no sólo se ha traducido en una deplorable política institucionalizada por los gobernantes y naturalizada por los cuerpos represivos sino que ha dejado a su paso una estela de desgracia y sufrimiento para el pueblo.

La única respuesta que ha tenido el Gobierno y el poder ante las exigencias sociales planteadas por el Estallido, ha sido una brutal y criminal represión, seguida del encubrimiento falaz por parte de las autoridades y de una indignante impunidad para los agresores y agentes criminales del Estado. La vocación opresora y dictatorial de los gobernantes se grafica en estas despreciables maneras de actuar frente a la población; actitud que se ha mantenido en el tiempo y ha sido incrementada por el desenfrenado reforzamiento y modernización del arsenal represor emprendido por el presidente Piñera.

Todos estos afanes han estado y están orientados a aplacar y aplastar a una ciudadanía sublevada, y a saciar la necesidad de opresión de la derecha delirante y la despótica casta empresarial. El costo humano de esta guerra contra la población civil desatada por los gobernantes y sus cuerpos uniformados ha significado un daño permanente a las personas violentadas y sus familias. Muertes, mutilaciones, ceguera, daños físicos irreparables, lesiones oculares, detenciones arbitrarias, torturas, encarcelamientos injustos, condenas aberrantes, violencia desatada, uso indiscriminado de elementos químicos y tóxicos, uso discrecional de armas de fuego. En suma, hemos sido testigos del actuar de un gobierno opresor, represor y criminal como no se había visto desde la misma dictadura, la tutora material y moral de esta administración.

La masividad y radicalidad de las movilizaciones sociales a partir de aquel 18 de octubre se han caracterizado por la congruencia y fundamentos con que se realiza cada manifestación, dejando en claro un cúmulo de necesidades no resueltas, desoídas durante décadas, provocando el hartazgo y rebeldía ante el poder despótico. La ciudadanía entera asumió que las demandas que se estuvieron reclamando en diversas formas y momentos anteriores de luchas sociales parciales debían ser resueltas de una buena vez; en el marco del Estallido, comprendió que la condición matriz para cualquier solución real exige terminar con este sistema que se sostiene en la constitución dictatorial del 80. De modo que, junto al clamor "Renuncia Piñera", las demandas se unieron en la gran exigencia de una Nueva Constitución, dar paso a una asamblea constituyente democrática, representativa y soberana para que defina y elabore un nuevo marco regulatorio de la vida nacional, y así poner término a este modelo económico abusivo y excluyente.

Lo cierto es que hace un año Chile despertó, y aunque la pandemia haya retardado o alterado las formas visibles de las manifestaciones populares, éstas no han sido acalladas ni se han dejado amedrentar por la "guerra" de Piñera y el accionar represivo de las fuerzas uniformadas. La pandemia -y con ella la crisis sanitaria y humanitaria que se generó en el país- no hizo más que aumentar el descontento pues dejó al desnudo las aberraciones estructurales de nuestra sociedad, agravando las condiciones críticas y amplificando los efectos desastrosos para la población. La rebeldía popular ha seguido latente debido a la indolencia e indiferencia de los estamentos de poder frente a la situación social y humana que ha padecido la ciudadanía, en especial aquella de las comunas y barrios y pueblos más carenciados.

En abril la población anunció con masivas protestas callejeras que la causa seguía activa; durante julio la población dejó en claro que el pueblo es soberano y los poderosos debían entregar el 10% de los fondos previsionales que reclamaba la masa trabajadora; en septiembre y octubre las manifestaciones populares han comenzado a realizarse en diversas localidades y distintos momentos, convirtiendo la Plaza Dignidad en Santiago en un punto simbólico de expresión de la voluntad de no dejarse aplastar.

Los contenidos y objetivos por los que el pueblo se ha movilizado por más de un año siguen vigentes y latentes, por más que la ceguera del poder parece no querer ver el proceso que se avecina y no han cejado en sus intentos por sabotear, escamotear y condicionar la demanda central que cuajó en el Estallido. El pueblo continúa exigiendo que la forma para elaborar una nueva Constitución Política sea mediante una Asamblea Constituyente real, sin ataduras de continuidad ni la odiosa letra chica con que la clase política intenta adueñarse de un proceso que fue impuesto por la movilización social.

No es sólo una Asamblea Constituyente y nueva Carta Fundamental que permita establecer un nuevo marco para el desarrollo del país lo que demanda la ciudadanía. Es también la necesidad de respuesta a las demandas específicas que durante más de 30 años han sido ignoradas por gobiernos, empresarios y Congreso, con el beneplácito de los grandes medios de comunicación. El pueblo empoderado en las calles también se pronunció por la necesidad de contar con un Estado solidario que se haga cargo de los problemas y necesidades de la ciudadanía, cuya carencia ha sido dramáticamente evidenciada por la pandemia del coronavirus actualmente en curso.

De mismo modo, la población se pronunció en las calles exigiendo el término del Estado subsidiario, la nacionalización y estatización de los recursos hídricos, del cobre y las riquezas mineras, de las empresas de servicios básicos, así como por la necesidad de contar con una educación, una salud y una previsión de carácter público, digna y de calidad.

Hace falta recordarles a los detentores del poder que la ciudadanía movilizada ha formulado requerimientos específicos sobre necesidades concretas; entre las más enunciadas por el pueblo movilizado es dable señalar, entre otras, la condonación de las deudas del CAE, que incluya compensación para aquellos que han hecho esfuerzos financieros pagando los endeudamientos forzados; el pasaje escolar gratuito para alumnos de básica, y rebajado todo el año para alumnos de media y superior; locomoción gratuita para adultos mayores sujetos a pensión básica solidaria y rebajado para otros adultos mayores; el aumento del presupuesto destinado a la salud pública y a la provisión de insumos; el alza de las pensiones básicas solidarias por lo menos al monto del salario mínimo; el alza éste por lo menos al monto considerado por estudios de la Universidad de Chile y Fundación Sol; el término inmediato de cobros excesivos en los servicios básicos (eliminación o revisión de los "límites de invierno" y "límites de verano", ajustándolos de acuerdo a tasas de ingreso y de consumo, o dejándolo sólo para los sectores de más altos ingresos y mayor consumo; cobros por "aguas servidas"; arriendos inexistentes; etc); el término del impuesto específico a los combustibles; el término al cobro de peajes y TAG o fijación de tarifas acordes con el ingreso masivo; el término de la asignación a las fuerzas armadas del 10% de las utilidades de Codelco para destinar esos recursos a la seguridad social; el término del actual código de aguas y revisión de los derechos de uso y reasignación de los mismos; el fin de las «zonas de sacrificio» afectadas por la contaminación; protección ambiental efectiva ante la sobreexplotación de recursos naturales, la reforma de democratización a las Fuerzas Armadas y la disolución de Carabineros, junto a otra serie de reivindicaciones sectoriales que el pueblo mantiene latentes.

Si bien la mayor parte de estas demandas sólo pueden ser resueltas a partir de desprendernos como país del engendro constitucional actual, otras pueden y debieran ser abordadas en lo inmediato, antes, durante y después del proceso constitucional. Requieren ser asumidas con urgencia pues la población las exigió en las calles desde hace un año y sigue esperando soluciones y movilizándose por lograrlas. El Gobierno y el Congreso han demostrado agilidad para brindarse salvavidas propios y salvatajes para el empresariado, pero siguen haciéndose los sordos y los ciegos respecto de las necesidades y urgencias de la población.

Hace un año Chile no sólo despertó sino que cambió. Aunque ha pagado graves y dolorosos costos, el pueblo no parece estar dispuesto a renunciar a la lucha por un futuro mejor, más digno, más justo, más solidario.

Resumen