Críticas, principalmente, desde el mundo de las comunicaciones, causó el despido de la periodista Paulina de Allende-Salazar por parte de Mega, luego de la salida de carriles del general de Carabineros Alex Chaván, quien se permitió expulsarla de un punto de prensa -su lugar de trabajo- tras errar en un despacho y decirle «paco» al funcionario asesinado, Daniel Palma. La situación fue catalogada como un atentado contra el derecho a la información por parte del Colegio de Periodistas y profesionales como Santiago Pavlovic y Faride Zeran, expresidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), apuntan a una decisión totalmente desmedida y «populista». 

Por Juan Contreras Jara

El despido de la periodista Paulina de Allende-Salazar, con más de 25 años de carrera, no dejó indiferente a profesionales del área e instituciones como el Colegio de Periodistas. La decisión de Mega fue catalogada como una desproporcionalidad y un acto de oportunismo y populismo, toda vez que el canal, mediante el despido de la profesional le dio la razón al general de Carabineros, Álex Chaván, quien suspendió un punto de prensa.

Pasando por encima del derecho a la información que tiene la comunidad y coartando el ejercicio de la labor periodística de una profesional del área, el general de Carabineros, Álex Chavan, echó a Paulina de Allende y Mega repitió al compás. Ante esto, desde el Colegio de Periodistas de Chile expresaron que, «condenamos el veto que sufrió la periodista Paulina De Allende por parte del general de Carabineros Álex Chaván. La colega pidió disculpas y no corresponde ser señalada de esta forma».

Desde el gremio acotaron que, «la suspensión del punto de prensa, por esta razón, refuerza los discursos estigmatizantes contra periodistas, lo que afecta el derecho a la información de la ciudadanía, que está por sobre los errores individuales».

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También criticaron la decisión de Mega el periodista, Santiago Pavlovic y la documentalista, Lara El-Narekh, quienes a través de una carta al director publicada en El Mercurio, aludieron a que , «la intempestiva decisión del canal Mega de desvincular  a una periodista de vasta experiencia como Paulina de Allende-Salazar, por un lapsus que indignó a un general de la institución, tiene un tufillo a oportunista populismo».

Los profesionales agregaron que, «nos parece se suma gravedad que un medio minimice el preocupante hecho, donde un funcionario público impone, como condición, la expulsión de una periodista para acceder a entregar la información que le corresponde comunicar».

Esto, no solo porque el funcionario policial se permitió echar a una periodista de su puesto de trabajo, sino que también, porque privó del acceso a la información a la ciudadanía, al cancelar dicho punto de prensa donde debía informar en su condición de autoridad policial.

Otra que se refirió al tema fue la expresidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Faride Zeran, quien, a través de su cuenta de Twitter, expuso que, «el brutal crimen del cabo Palma no puede ser excusa para la intolerancia . El despido de la periodista Paulina de Allende atenta contra la libertad de expresión y alerta sobre impacto de deriva autoritaria en los medios».

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Hasta el propio Gobierno, que ha bailado la melodía que le ha impuesto la derecha desde el Congreso y los grandes medios de comunicación con respecto a las últimas bajas en Carabineros, se pronunció por el despido de la periodista. En palabras del subsecretario Monsalve, "un principio básico de la democracia es la libertad de prensa y la autoridad no puede condicionar esa libertad de prensa».

La propia periodista desvinculada de Mega reconoció que cometió un error y que fue un lapsus que corrigió enseguida, asegurando que su intención nunca fue, «ofender o dañar a Carabineros». Pese a los pronunciamientos y las disculpas públicas de la profesional, Mega mantuvo el despido, dando muestras de que la pataleta del general Chaván, pesó más que los años de trayectoria de Paulina de Allende, pero más grave aún, primó por sobre el derecho a la información que tiene la comunidad y la libertad del ejercicio de la labor periodística.