El anunciado cambio de gabinete que se esperaba desde que el viernes pasado el presidente Piñera pidió la renuncia a todos sus ministros trajo consigo lo que presumíamos: nada

El gobierno y la derecha gobernante siguen dando muestras de una absoluta indolencia con el sentir de la población y demuestran gobernar a una distancia enorme de la sociedad chilena. Si bien removió a un tercio de sus ministros, los cambios que se produjeron en el gabinete fueron solo cambios cosméticos que no alcanza para considerarlos gatopardismo, pues ni siquiera manifiestan una intención de cambiar algo en la agenda gubernamental ni en el fondo del asunto. Menos importancia adquieren estos acomodos ministeriales cuando constatamos que fueron ratificados en sus cargos ministros que son responsables políticos de los hechos represivos recientes y de las medidas económicas e institucionales causantes de ahondar la crisis, como el ministro de defensa, de justicia, de transporte, de salud, de educación.

Tan cosméticos son estos nombramientos que el principal énfasis que Piñera puso al sellar las designaciones de su nuevo gabinete fue en la edad y virtudes profesionales o técnicas de los designados. Tan cosméticos son estos anuncios que a última hora, en instantes previos de la ceremonia propiamente tal, el presidente decidió cambiar una máscara UDI que había escogido para el ministerio del Interior, por una máscara Evópoli.

No hubo ningún anuncio o referencia a una eventual intencionalidad política de avenirse a estudiar los reclamos de la población. Ni siquiera recurrió al tradicional método concertacionista de anunciar o crear "mesas de trabajo", "comisiones de expertos", o alguna triquiñuela parecida (efectivamente gatoparda).

Pero lo cierto es que esta actitud gobernante no es para nada sorpresiva sino más bien previsible. La respuesta y solución gubernamental a las demandas y luchas ciudadanas se reducen a las inocuas medidas ya anunciadas el pasado martes 22 y, por supuesto, a la represión desenfrenada sobre la población movilizada. La actitud gobernante es propia de un régimen dictatorial, oídos sordos y opresión que ya ha causado más de 20 víctimas fatales, centenares de personas heridas, sobre 2000 detenidos y un manto de incertidumbre.

Los millones de personas que durante estos diez días de movilizaciones han estado exigiendo respuestas concretas no se conforman ni con los ofertones del martes ni con la cosmética de este lunes. Pero los gobernantes se niegan obcecadamente a salir de su burbuja; el gran empresariado parece no estar dispuesto a ceder ni un centavo de sus groseras tasas de ganancia y avenirse a introducir a su modelo los cambios necesarios para reducir las aberrantes desigualdades y los intolerables abusos en que se basa su riqueza y poder.

La respuesta de la población movilizada a la nula respuesta del gobierno no se hizo esperar y de inmediato, al conocer las noticias procedentes de La Moneda, continuó manifestándose; pareciera que la ciudadanía no cederá en sus manifestaciones en la calle hasta no obtener soluciones reales a sus exigencias. La exigencia de terminar con la actual constitución y con el actual modelo económico se concentran en la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente para dar cabida a la participación real de la ciudadanía en la definición de las cuestiones esenciales que se requieren para realizar los cambios y transformaciones de fondo; pero no se vislumbra en la postura del gobierno nada de esas soluciones de fondo y ninguna actitud de querer abrir espacios hacia esas soluciones de largo plazo.

Pero tampoco el gobierno de Piñera se abre a generar soluciones a los reclamos inmediatos y de corto plazo que, entretanto, la población exige solucionar. Todo se reduce a las ridículas medidas del martes 22. Sin embargo, la anulación del alza de los pasajes del metro, la rápida aprobación de la rebaja de sueldos de parlamentarios y la pronta aprobación en primer trámite de la ley de 40 horas, son una clara demostración de que todo el asunto se reduce a la voluntad política de querer o no querer hacer las cosas.

Obviamente, tanto el gran empresariado, como el gobierno y la mayor parte de la clase política no quieren cambiar nada de nada. Los avances legislativos que mencionamos se produjeron a consecuencia de la movilización social en curso, producto de la presión política que representa la población en lucha. Pero para un gobierno de piedra, heredero de las políticas y de las formas de la dictadura, la opinión de la ciudadanía no es razón ni motivo suficiente. La ciudadanía es solo un objeto de mercado o un sujeto de sospecha, en el mejor de los casos un votante al que hay captar y someter, pero no lo consideran una parte de la sociedad.

Para los poderosos gobernantes y empresarios, Chile se reduce a la burbuja del 1% que concentra la mayor parte de la riqueza del país; el 99% restante, trabaja para los primeros que aumentan su riqueza constantemente y aumentan la desigualdad de modo irrefrenable. Cambiar esa injusta relación es lo que el poder no quiere ceder. La concentración de la riqueza a toda costa es la opción en la que insiste el gobierno, disfrazándola de crecimiento, de normalidad, de estabilidad, de modelo de desarrollo, y los gobernantes intentan proteger ese status-quo aunque eso signifique reprimir, disparar, detener, torturar, a la población movilizada.

Las posibilidades de que esta obtusa actitud del gobierno conduzca a masacres es cada día más grande. ¿Qué esperan para entender que deben avenirse a soluciones? Si no son capaces o aptos, pues renuncien pero no provoquen tragedias. La clase política, más allá de la derecha gobernante, tiene la obligación de imponer soluciones políticas inmediatas y hacerse cargo del reclamo popular de una buena vez ¿A qué esperan para tomar decisiones pensando en la sociedad chilena y no en sus mezquinos intereses? Si no son capaces o aptos, pues renuncien y dejen el espacio libre para realizar una constituyente. Ya festinaron por 30 años pero, aunque se resistan a aceptarlo, se les acabó la fiesta, Chile ya no es el mismo.

Ante un gobierno de piedra, para la población y sociedad chilena la calle parece ser el único camino.

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