La cuenta pública dejó más en evidencia la redirección del Gobierno en materia política, el cual parece enfocarse en la continuidad de la represión del mandato anterior. En esta línea, en 33 ocasiones Boric mencionó la palabra «seguridad», materia en la que su mandato ha protagonizado el impulso de una agenda criminalizadora y represiva.

Por Diego Chacano

A poco más de dos años de haber asumido la presidencia del país, Gabriel Boric y su equipo de Gobierno se han mostrado incapaces de llevar a cabo el programa con el que, en primer lugar, llegaron al poder, donde pasa a ser clave la parálisis legislativa fruto de un Congreso sin mayoría.

Las promesas de una campaña que apostaba por la reestructuración de varias de las instituciones viciadas del país -tales como Carabineros de Chile- y de "realizar las grandes transformaciones que Chile necesita" poco a poco ha ido mostrando un brutal continuismo con la persecución y represión, en parte para mantener estables los lazos con las fuerzas que representan el 43% de la cámara de diputados (68 de 155 honorables son de derecha o ultraderecha).

Mientras que el mandato de Boric se ha enfocado en financiar la militarización en la mal llamada "Macrozona Sur", aplicar la Ley de Seguridad del Estado de manera selectiva (como ocurrió con Héctor Llaitul) o convocar al Consejo de Seguridad Nacional para "abordar la amenaza a la seguridad nacional", la agenda del Gobierno parecen haberse estancado totalmente.

La cuenta pública realizada este sábado, si bien contó con anuncios de proyectos de ley como la del aborto legal a toda causal, comenzó con un bloque de seguridad en que se pronunciaron las siguientes palabras de parte del mandatario: "Gracias a la colaboración de este Congreso, hemos aprobado 55 leyes en la materia. Desde el retorno a la democracia, ningún otro gobierno había publicado tantas leyes sobre seguridad como el actual".

El Ejecutivo progresista aseguró: «Elevaremos estructuralmente las dotaciones policiales. Hoy se forman 2.700 funcionarios en las escuelas matrices de Carabineros. Subiremos la cifra en cerca de un 30%, sumando 800 nuevas plazas«. Junto a esto se anunció el aumento en el monto de la gratificación de riesgo para Carabineros, COP, GOPE, operaciones especiales y pilotos, además de aumentar en un promedio del 50% las asignaciones de riesgo de los efectivos.

Fabiola Campillai fue una de las figuras que prefirieron ausentarse de este acto, señalando: "Tengo memoria que siendo candidato el Presidente se comprometió con los derechos humanos, tengo memoria que siendo candidato él dijo que nos iba a apoyar en verdad, justicia, reparación, y garantías de no repetición. Tengo memoria que en conjunto creamos la mesa de reparación y hoy la sepultó en el olvido".

Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, conversó con RESUMEN respecto a los temas de reparación que se encuentran en el tintero: "A cuatro años del estallido social, y a dos años del inicio del Gobierno del presidente Boric, el Estado de Chile sigue estando muy al debe en materia de justicia por ejemplo, donde la regla general ha sido la impunidad, solamente con un 0,4% de condena con respecto del total de denuncias".

La transformación del sistema educativo, la reestructuración de las instituciones que fueron tan cuestionadas durante 2019-2020, la reformulación del sistema imperante de pensiones y la importante reforma tributaria son, a día de hoy, algunos de los proyectos que parecieran haberse dejado de lado en pos de dar rienda a políticas de derecha.

Te puede interesar | Estado chileno profundiza vía represiva contra el pueblo mapuche durante gobierno de Boric

Gatillo Fácil: Ley Nain-Retamal

Una de las leyes represivas más controversiales y comentadas de este Gobierno ha sido la ley 21.560, cuya premisa fue la de "fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial". Si antes un carabinero debía cumplir ciertos protocolos para poder actuar en legítima defensa, hoy se privilegia al policía y se le facilita el uso a voluntad de su arma de servicio.

El "Gatillo fácil" ya ha cobrado víctimas en el país, como fue el caso de Emilio Latorre (18) quién recibió un disparo por la espalda luego de evitar un control policial. Cabe destacar que en ningún momento portó un arma en sus manos, por lo que ningún agente policial corrió riesgo de daño y menos de muerte.

Desde Amnistía Internacional, Bustos explica que esta ley "puede significar impunidad eventualmente para violaciones a los derechos humanos debido a la norma sobre legítima defensa privilegiada, y a los cambios que se hicieron a los apremios ilegítimos regulados en el Código Penal Chileno".

Represión al pueblo mapuche

Uno de los temas en que no solo se ha mostrado un continuismo en relación a los anteriores mandatarios, si no que incluso se ha agudizado el nivel de represión y asedio es en el conflicto con el pueblo mapuche en Wallmapu.

Antes y al comienzo de su investidura, Boric se había mostrado reacio a renovar el estado de excepción que había vencido el día 26 de marzo de 2022. Sin embargo, 51 días después, comenzó lo que sería una seguidilla de 45 solicitudes de prórroga al Congreso para mantener el estado de excepción. Actualmente, el mandatario es el presidente de la República que más veces ha usado esta herramienta constitucional.

Desde Amnistía Internacional, consideran que estas extensiones son un problema, pues son medidas transitorias, "y se han adoptado (…) de manera permanente. El Estado de Chile tiene que tener claro que no se puede restringir y suspender derechos fundamentales de manera tan extensa como se ha venido haciendo en los últimos años".

Ley Antitomas

Otra medida paliativa que no responde a los problemas estructurales de la falta de acceso a vivienda en Chile, pero en la que concordaron Gobierno y oposición, fue la de aprobar la Ley Antitomas.

Buscando endurecer las penas y castigos contra las ocupaciones ilegales de inmuebles, la ley n°21633 establece penas privativas de libertad para quienes resulten condenados, además de facilitar el desalojo, detención y periodos de flagrancia.

Solo el mes pasado se registró un violento desalojo de más de 180 familias en la toma 17 de mayo en Cerro Navia, donde se usaron carros lanza agua y gases indiscriminadamente sobre niños y ancianos para sacarlos de sus hogares provisorios. Esto sin dar ningún tipo de solución mediatoria para las familias desahuciadas en medio de un otoño marcado por las bajas temperaturas y ad portas de un cruento invierno.