La Universidad Central sancionó con la suspensión de un semestre a cinco estudiantes de Psicología por participar en una movilización para exigir mejoras en las condiciones de estudio. Desde el estudiantado denuncian irregularidades en el debido proceso de investigación.

Por J. Arroyo Olea

A fines de junio de 2024, un grupo de estudiantes de la Universidad Central (UCEN) convocó a una movilización ante lo que denominaron la «necesidad urgente de mejorar las condiciones de estudio» al interior de la institución. Sin embargo, el proceso -que conllevó la ocupación del Edificio Gonzalo Hernández Uribe por dos horas- decantó en la suspensión de un semestre contra cinco estudiantes.

La toma del edificio se realizó en el mes de junio, situación que significó que el día 14 del mismo mes la Secretaría General de la UCEN recibiera una denuncia de parte de la directora de la Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil (DAVE), Carolina Ruiz, contra ocho estudiantes de Psicología y una estudiante de Trabajo Social.

Te puede interesar| Estudiantes del Liceo de Niñas de Concepción enfrentan sanciones y matrículas condicionadas tras protestas por deterioro del colegio

Tras la tramitación del caso al interior de la universidad, en agosto de 2024 se resolvió sancionar a cinco estudiantes de Psicología por «provocar o participar en hechos que impidan el normal funcionamiento total o parcial de la Universidad o que dañen su imagen, como asimismo la participación en otras medidas de fuerza que impidan, perturben o limiten la realización de sus actividades». Esta situación habría significado, señala la resolución de la UCEN, la expulsión de la casa de estudios. Sin embargo, por irreprochable conducta anterior, las y los estudiantes fueron sancionados con la suspensión por un semestre siendo marginados «de toda actividad académica de la carrera a la que pertenecen».

 Dardos a la Universidad Central

En contacto con RESUMEN, Florencia Miranda, una de las estudiantes sancionadas, explicó que la movilización nació como una  «medida desesperada y última para poder llamar la atención de la universidad para que pueda tomar acciones para abordar nuestras necesidades educativas».

En esta línea, Miranda señala que estas necesidades se han ido acrecentando con el paso del tiempo, razón por la cual en 2019 también se realizaron movilizaciones y la Universidad Central desarrolló sumarios. En relación a las exigencias, la estudiante de Psicología explica que estas se vinculan a las áreas de infraestructura y el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Lienzo en apoyo a estudiantes movilizados

Desde el estudiantado indican que la sede en la cual estudian «es muy pequeña, existe hacinamiento», además de existir problemas de goteras, techos endebles y exposición al frío. Miranda es enfática en señalar que «la universidad no tiene las condiciones para poder recibir a sus estudiantes y poder educarse«, encontrándose con casinos, aulas y baños superados en capacidad.

Esta situación reflejaría, señala, «una desproporcionalidad entre la cantidad de alumnos que somos y los recursos» que se utilizan de parte de la Universidad Central, lo cual también se refleja en la cantidad y la calidad de docentes.

Dudas sobre el debido proceso

Desde el estudiantado sancionado señalan que existen irregularidades de parte de la Universidad Central. La estudiante indica que, tras dos horas del inicio de la movilización, se dio término a la ocupación del lugar. Sin embargo, desde la UCEN apuntan al impedimento de actividades como justificación de la sanción.

En esta línea, respecto al proceso, Florencia señala que «no existe una diferencia entre el juez y la parte denunciando, demostrando que es la universidad en su conjunto la que está actuando con el único fin de sancionarnos». Problemas de notificación y la no realización de una audiencia comprometida son parte de los elementos cuestionados por el estudiantado, quienes explican que se infringió el debido proceso de investigación donde «ni los informes, ni registros de cámaras, ni información solicitada fueron mostradas, no nos dieron acceso y nunca se acreditó si, finalmente, interrumpimos el desarrollo regular de actividades».

Las y los estudiantes han planteado que cuentan con incertidumbre respecto a las medidas, como también han posicionado cuestionamientos al proceso sancionatorio tras ser rechazada su apelación, razón por la cual han levantado un recurso de protección hoy en trámite. En esta línea, Florencia señala que «no se puede corroborar lo que se nos culpa, se nos agregan más faltas, pareciera ser, con la intención de querer deshacerse de nosotros, incumplen con los plazos, se rechaza la apelación sin fundamentación. Lo que se interpreta es que la universidad desde el minuto uno quiso suspendernos».

RESUMEN contactó a la Universidad Central para conocer su postura frente a esta situación. Sin embargo, declinaron en referirse acerca del tema.